Procurador general y otros c. Tapela y otros, caso del Tribunal de Apelación Civil nro. CACGB-096-14; Procurador general y otros c. Mwale, caso del Tribunal de Apelación Civil nro. CACGB-076-15

Reclusos con VIH positivo de Zimbabwe y la organización Botswana Network on Law and HIV/AIDS (BONELA) cuestionaron la negativa del gobierno de Botswana de cubrir el costo de la medicación antiretroviral de los presos que no eran ciudadanos. El caso se consolidó junto con una apelación de procedimientos de desacato por medio de la cual otro recluso de Zimbabwe VIH positivo buscaba el cumplimiento de una orden de un tribunal inferior que exigía que los extranjeros que cumplían con los requisitos del tratamiento obtengan los medicamentos antiretrovirales.

Fecha de la decisión: 
26 Ago 2015
Foro: 
Tribunal de Apelación
Tipo de foro: 
Doméstico
Resumen: 

En 2004, la Secretaría de Salud de Botswana distribuyó una directiva interna entre instituciones médicas públicas para informarles de un Decreto Presidencial que autorizaba “el suministro de tratamiento gratis a reclusos que no sean ciudadanos que sufran de enfermedades que no sean el SIDA”. Reclusos de Zimbabwe con VIH positivo presentaron demandas para cuestionar ea decreto después de que se les negaran medicamentos de una terapia antiretroviral (TAR). Argumentaron que esta negativa infringía la Política Nacional sobre VIH y SIDA, la obligación del gobierno de proporcionar atención médica básica a personas encarceladas, y violaba los derechos a la vida y la no discriminación, constituyendo un tratamiento inhumano y degradante (bajo los artículos 4, 3, 15 y 7 de la Constitución).

El Tribunal de Apelación descartó el decreto, considerando que discriminaba ilegalmente contra los presos que no eran ciudadanos violando la Ley y Reglamentación de Cárceles, y ordenó al gobierno proporcionar en forma inmediata asesoramiento y tratamiento gratis con TAR a presos que no fueran ciudadanos según fuera necesario. Aunque los argumentos constitucionales de los presos “apuntal[aban]” sus reclamos principales, no era necesarios para determinar que el decreto era ilegal, sino que, la Ley y Reglamentación de Cárceles contiene principios del derecho anglosajón, incluyendo “el derecho a igual tratamiento de todos los presos”. Por ello, la negativa del gobierno de suministrar TAR a extranjeros, aunque sí se la suministra a los ciudadanos, constituía una violación de su obligación de proporcionar servicios de asistencia médica adecuada a todos los presos.

El tribunal rechazó los argumentos del gobierno sobre la discriminación permisible, la violación de los principios de la separación de poderes y las limitaciones de recursos. Primero, concluyó que, debido a que ea decreto no era una ley y porque la Ley y Reglamentación de Cárceles prohibía la discriminación, el decreto no era “justificable razonablemente” por el interés público o para proteger los derechos de otros. Asimismo, el artículo 15(4)(b) de la Constitución no justifica la discriminación en el ejercicio de funciones públicas, siempre que no esté autorizada por ley, lo que no había ocurrido en este caso. Segundo, el tribunal afirmó que el decreto era una decisión administrativa, no ejecutiva, y, como tal, estaba sujeto a revisión. Finalmente, concluyó que el gobierno no había demostrado adecuadamente que no podía enfrentar los costos de la TAR de los reclusos extranjeros. El tribunal destacó que “[e]s responsabilidad del gobierno asignar partidas presupuestarias a fin de cumplir con sus obligaciones legales. Si la ley requiere que se provea un servicio, se deben encontrar los fondos para proveerlo o se debe encargar al parlamento que modifique tal ley. La falta de fondos no justificará la desobediencia de la ley bajo circunstancias normales”.

Respecto de la decisión del tribunal inferior, que se había basado en fundamentos constitucionales, el tribunal advirtió que no se debían interpretar derechos socioeconómicos en la Constitución de Botswana que no estaban garantizados por ella, como el derecho a la salud. Por lo tanto, el tribunal limitó su decisión a presos extranjeros que requirieran tratamiento médico y no halló un derecho a la salud para todos los residentes extranjeros con VIH positivo.

Ejecución de la decisión y los resultados: 

El Ministerio de Salud emitió una directiva interna que ordena el suministro de tratamiento TAR a presos que no sean ciudadanos. BONELA informó que desde que se emitió la sentencia no ha recibido reclamos de presos extranjeros referidos a la negativa de suministrar TAR.

Grupos relacionados en el caso: 

Botswana Network on Law and HIV/AIDS (BONELA) y Southern Africa Litigation Centre (SALC)

Significado del caso: 

Según ONUSIDA (http://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/botswana), Botswana tiene una tasa de prevalencia de VIH y SIDA del 25,2% entre adultos de 15 a 49 años de edad (2014). El Institute for Criminal Policy Research (http://www.prisonstudies.org/country/botswana) estima que los extranjeros representan el 14,1% de la población carcelaria (2013). El reconocimiento de la obligación del gobierno de cuidar de los presos independientemente de su origen nacional tiene importantes consecuencias de salud pública para los presos extranjeros con VIH positivo. Incluso en un sentido más amplio, la decisión establece un precedente importante al reconocer la justiciabilidad de los derechos a la salud de todos los presos bajo la Ley y Reglamentación de Cárceles. Al mismo tiempo, la decisión le impone al gobierno la obligación de obtener recursos financieros para cumplir con sus obligaciones legales. Las limitaciones de recursos no justifican el incumplimiento de tales obligaciones.

(Actualizado en diciembre de 2015)