Luke Gannon rep. por sus amigos cercanos y tutores, y otros, c. Estado de Kansas, 298 Kan. 1107, 319 P.3d 1196 (2014) [Gannon I]; 303 Kan. 682, 368 P.3d 1024 (2016) [Gannon II], --- Kan. ---, --- P.3d --- (2016) 2016 Kan. LEXIS 300 [Gannon III]

Corte Suprema de Kansas decide que la financiación de escuelas debe ser equitativa y adecuada

Este caso se centró en la cuestión de si la financiación escolar del Estado de Kansas era equitativa y adecuada como lo requerían las disposiciones pertinentes de la Constitución estatal referidas a la educación. Cuando se determinaron violaciones relacionadas con la distribución equitativa de fondos y la adecuación de tales fondos para asegurar la educación requerida constitucionalmente, se exigió que el Estado de Kansas revisara y ajuste su financiación para la educación. Esto requería acciones de implementación por parte de la legislatura estatal y un papel de supervisión continua por parte de la Corte Suprema estatal.

Fecha de la decisión: 
2 Mar 2017
Foro: 
Corte Suprema del Estado de Kansas
Tipo de foro: 
Doméstico
Resumen: 

En 2010, cuatro distritos escolares de Kansas, 31 alumnos y sus tutores demandaron al Estado de Kansas aduciendo que los recortes al presupuesto escolar iniciados en 2009 había dejado a las escuelas sin una financiación adecuada y partes de los fondos estaban siendo distribuidos de manera no equitativa, en violación del artículo 6 de la Constitución de Kansas (que regula la prestación de educación), leyes estatales y disposiciones del proceso debido y la igualdad de protección de la Constitución de Kansas y de los Estados Unidos. En 2013, un panel especial formado por tres jueces sostuvo que el Estado había violado el artículo 6 al no proporcionar suficiente financiación para la educación pública primaria y secundaria (K-12) entre 2009 y 2012, y que la legislatura no había considerado los costos reales de proporcionar la educación requerida constitucionalmente antes de tomar decisiones referidas a los fondos. También concluyó que otras violaciones constitucionales ocurrían porque la legislatura retenía o reducía ciertos fondos a los que los distritos escolares tenían derecho por ley.

En la instancia de apelación, en marzo de 2014, la Corte Suprema del Estado de Kansas sostuvo que el panel no había aplicado el examen de adecuación correcto respecto del artículo 6, pero había determinado correctamente que el Estado había creado un sistema que no era equitativo. Respecto de la adecuación, el examen correcto era: si “el sistema de financiación de la educación pública proporcionado por la legislatura… –por medio de la estructura y la implementación– está razonablemente calculado para que todos los alumnos de la educación pública de Kansas cumplan o superen” los estándares de Kentucky Rose c. Council for Better Education, Inc,. los cuales se centraban en los resultados de los alumnos y estaban codificados en la legislación de Kansas. El cumplimiento con el requerimiento de equidad significaba que “los distritos escolares deben tener razonablemente el mismo acceso a oportunidades educacionales sustancialmente similares a través de una carga impositiva similar”.

La Corte Suprema de Kansas devolvió el caso para que el panel hiciera una determinación de adecuación y exigiera el cumplimiento de las decisiones respecto de la equidad sobre la base del estándar de equidad definido más claramente. Posteriormente, la legislatura de 2014 aprobó legislación que sumó aproximadamente 130 millones de dólares estadounidenses en fondos para reducir las desigualdades basadas en la riqueza entre los distritos y, de esa manera, subsanar la deficiencia. En junio de 2014, el panel aprobó esta solución considerando que cumplía con el requerimiento de equidad.

En diciembre de 2014, el panel reafirmó que el sistema de financiación escolar era inadecuado y reiteró su decisión respecto de la equidad, concluyendo que la legislatura había cumplido sustancialmente. Sostuvo que, aunque los niveles de fondos eran adecuados en julio de 2008, desde entonces los fondos generales se habían reducido en un 9,1 por ciento teniendo en cuenta la inflación, lo cual volvía los fondos “inadecuados desde cualquier perspectiva racional sobre la prueba presentada u ofrecida”.

En marzo de 2015, el gobernador firmó la ley SB 7, la cual introdujo un sistema de bloqueo de subsidios que congeló la financiación escolar en los niveles del ejercicio económico 2015 por dos años más. Como respuesta, los distritos escolares presentaron una moción de sentencia declaratoria y solicitaron medidas cautelares. En consecuencia, el panel declaró la SB7 inconstitucional tanto en términos de adecuación como de equidad, y emitió una orden de restricción temporal. En julio de 2015, la Corte Suprema Corte Kansas dividió el caso en dos partes, decidiendo examinar por separado los temas de equidad y adecuación. En febrero de 2016, la Corte concluyó el Estado no había demostrado que sus cambios en el sistema de financiación escolar hubieran subsanado desigualdades. Sin embargo, tras una suspensión de las actuaciones hasta fines de junio de 2016, la legislatura eventualmente se ocupó de las desigualdades.

En marzo de 2017, la Corte Suprema de Kansas dictó sentencia sobre la adecuación de la financiación escolar. La Corte sostuvo que el sistema estatal de financiación de la educación pública, por medio de su estructura e implementación, no había sido calculado razonablemente para que todos los alumnos del sistema de educación pública de Kansas (primaria y secundaria) cumplieran o superaran los estándares Rose. Respecto de la estructura, la Corte señaló que el sistema financiero meramente creaba un fondo congelando la financiación de los distritos escolares durante dos años escolares al nivel del año anterior, lo que permitiría responder mínimamente a cambios en las condiciones que tuvieran consecuencias financieras, como la cantidad de inscriptos. Respecto de la implementación, se la consideró inadecuada dada la omisión del Estado de impartir habilidades básicas de lectura y matemáticas a aproximadamente un cuarto de los alumnos desde jardín de infantes al duodécimo año, y el hecho de que había dejado relegados a grandes grupos de alumnos más difíciles de educar. La Corte sostuvo que la prueba demostraba que existía una relación entre los resultados insuficientes de las pruebas y los niveles de financiación.

Al concluir que la financiación escolar no era adecuada, la Corte ordenó, como ya lo había hecho en casos anteriores, darle a la legislatura la oportunidad de hacer que el sistema educativo estatal pasara a cumplir con las normas. Una vez que se haya promulgado un nuevo sistema financiero, el Estado deberá demostrar satisfactoriamente que tal sistema ha sido calculado razonablemente para resolver las violaciones constitucionales identificadas para fines de junio de 2017.

Ejecución de la decisión y los resultados: 

El cumplimiento de las diversas decisiones llevó varios años. Por ejemplo, respecto del componente del caso referido a la equidad, en abril de 2016, el gobernador firmó la ley “Senate Substitute for HB 2655” y notificó la subsanación legislativa. Entre otras cosas, HB 2655 modificó las fórmulas de ciertos tipos de asistencia financiera, proporcionó asistencia con fines de igualdad y permitió que SB 7 y otras leyes previas de financiación escolar quedaran limitadas. Tras un nuevo examen por parte de la Corte, las medidas fueron declaradas inconstitucionales nuevamente en mayo de 2016 y se confirmó el plazo que finalizaba el 30 de junio de 2016. La legislatura, en una sesión especial de junio de 2016, abordó el tema de la equidad, retornando la fórmula de equidad al cálculo de subsidios previo al bloqueo y proporcionando financiación completa; así se cumplió con el requerimiento de equidad. Esto fue aprobado por la Corte Suprema el 28 de junio de 2016. Respecto del componente de adecuación, se agregarán novedades a este resumen cuando corresponda.

El 5 de junio de 2007, la legislatura respondió a Gannon IV con SB 19. Readoptó la mayor parte de la vieja fórmula pero entonces procedió a "financiarlo por lo bajo" de manera substantiva. SB 19 ofreció un incremento de 293 millones dólares durante dos años. El Consejo Estatal de Educación recomendó 893 millones de dólares, y el tribunal encontró que se necesitaban 819 millones de dólares. Volver al "úlltimo estado constitucional" costaría 449 millones en dólares de 2006. El estudio de Augenblick & Myers Cost comisionado por el estado, con actualización de la inflación, dictaría 1,6 billones de dólares adicionales y el Kansas Legislative Post Audit Cost Study, con actualización de la inflación, dictaría 1,76 billones adicionales. En cualquier medición, SB19 parece estár trístemente por debajo.

El estado tenía la carga de probar que SB 19 arregló el problema. La cuestión fue informada a la Corte Suprema de Kansas y se argumentó el 18 de julio de 2017. Las preguntas de los jueces en la discusión indicaron que parecían dispuestos a rechazar SB 19 como la solución.

Mientras se espera la decisión en Gannon V, falta por ver si el tribunal requerirá a la legislatura volver a una sesión especial para encontrar más dinero. .

Grupos relacionados en el caso: 

Schools for Fair Funding

Significado del caso: 

Este caso es uno de varios en los que la Corte Suprema de Kansas revisó la fórmula de financiación escolar de la legislatura, la declaró inconstitucional y ordenó que la legislatura subsanara las deficiencias. Esta sentencia fue particularmente importante, porque significó que si la legislatura no era capaz de promulgar una fórmula de financiación equitativa para fines de junio de 2016, las escuelas públicas de Kansas no hubieran podido abrir en agosto para el ciclo lectivo 2016/2017. Asimismo, aunque se plantearon problemas de separación de poderes (con el argumento de que le corresponde a la legislatura y no al poder judicial decidir sobre estos temas, incluyendo una amenaza del gobernador de reducir el presupuesto judicial y efectuar otros cambios que afectarían negativamente a los jueces), este caso confirma que los tribunales pueden revisar decisiones estatales referidas a la financiación escolar y dictaminar sobre la legalidad de medidas estatales para corregir desigualdades e insuficiencias en la financiación. Como en cualquier caso referido a la educación, resulta importante considerar el impacto sobre los niños y jóvenes afectados, dado que no pueden interrumpir su educación durante un litigio de largo plazo.