Justicia-DESC Agosto 2017

En 2010, cuatro distritos escolares de Kansas, 31 alumnos y sus tutores demandaron al Estado de Kansas aduciendo que los recortes al presupuesto escolar iniciados en 2009 había dejado a las escuelas sin una financiación adecuada y partes de los fondos estaban siendo distribuidos de manera no equitativa, en violación del artículo 6 de la Constitución de Kansas (que regula la prestación de educación), leyes estatales y disposiciones del proceso debido y la igualdad de protección de la Constitución de Kansas y de los Estados Unidos. En 2013, un panel sostuvo que el Estado había violado el artículo 6 al no proporcionar suficiente financiación para la educación pública primaria y secundaria (K-12) entre 2009 y 2012, y que la legislatura no había considerado los costos reales de proporcionar la educación requerida constitucionalmente antes de tomar decisiones referidas a los fondos.

En 2014, la Corte Suprema del Estado de Kansas sostuvo que , respecto de la adecuación, el examen correcto era: si “el sistema de financiación de la educación pública proporcionado por la legislatura […] –por medio de la estructura y la implementación– está razonablemente calculado para que todos los alumnos de la educación pública de Kansas cumplan o superen” los estándares de Kentucky Rose c. Council for Better Education, Inc,. los cuales se centraban en los resultados de los alumnos y estaban codificados en la legislación de Kansas. El cumplimiento con el requerimiento de equidad significaba que “los distritos escolares deben tener razonablemente el mismo acceso a oportunidades educacionales sustancialmente similares a través de una carga impositiva similar”.

En febrero de 2016, la Corte concluyó el Estado no había demostrado que sus cambios en el sistema de financiación escolar hubieran subsanado desigualdades. Sin embargo, tras una suspensión de las actuaciones hasta fines de junio de 2016, la legislatura eventualmente se ocupó de las desigualdades.

Tras un período de medidas estatales que intentaron corregir las violaciones, en marzo de 2017, la Corte Suprema de Kansas dictó sentencia sobre la adecuación de la financiación escolar. La Corte sostuvo que el sistema estatal de financiación de la educación pública, por medio de su estructura e implementación, no había sido calculado razonablemente para que todos los alumnos del sistema de educación pública de Kansas (primaria y secundaria) cumplieran o superaran los estándares Rose. Respecto de la estructura, la Corte señaló que el sistema financiero meramente creaba un fondo congelando la financiación de los distritos escolares durante dos años escolares al nivel del año anterior, lo que permitiría responder mínimamente a cambios en las condiciones que tuvieran consecuencias financieras, como la cantidad de inscriptos. Respecto de la implementación, se la consideró inadecuada dada la omisión del Estado de impartir habilidades básicas de lectura y matemáticas a aproximadamente un cuarto de los alumnos desde jardín de infantes al duodécimo año, y el hecho de que había dejado relegados a grandes grupos de alumnos más difíciles de educar. La Corte ordenó, como ya lo había hecho en casos anteriores, darle a la legislatura la oportunidad de hacer que el sistema educativo estatal pasara a cumplir con las normas.

Esta sentencia fue particularmente importante, porque significó que si la legislatura no era capaz de promulgar una fórmula de financiación equitativa para fines de junio de 2016, las escuelas públicas de Kansas no hubieran podido abrir en agosto para el ciclo lectivo 2016/2017. Asimismo, este caso confirma que los tribunales pueden revisar decisiones estatales referidas a la financiación escolar y dictaminar sobre la legalidad de medidas estatales para corregir desigualdades e insuficiencias en la financiación.