STC 4360-2018

Sentencia de la Corte Suprema de Colombia protege a generaciones futuras y la selva amazónica en caso sobre cambio climático

La Corte Suprema de Colombia falló a favor de 25 jóvenes y niños de Colombia que demostraron que el gobierno de ese país no había reducido la deforestación del Amazonas a pesar de sus obligaciones nacionales e internacionales y compromisos voluntarios asumidos en cumbres sobre el clima. La Corte Suprema sostuvo que las generaciones futuras pueden presentar demandas para proteger sus derechos a un medio ambiente saludable, la vida, el alimento, el acceso al agua y la salud, y que la Amazonia colombiana es un sujeto titular de derechos con derecho a protección legal.

Fecha de la decisión: 
5 Abr 2018
Foro: 
Corte Suprema de Justicia de Colombia
Tipo de foro: 
Doméstico
Resumen: 

Con el apoyo de Dejusticia, 25 niños y jóvenes demandaron a la presidencia de Colombia, los Ministerios de Medio Ambiente y Agricultura, y las municipalidades de la Amazonia colombiana, sosteniendo que la deforestación de la región amazónica del país y las emisiones de gases de efecto invernadero resultantes amenazan sus derechos a un medio ambiente saludable, la vida, la salud, el alimento y el acceso al agua. Los actores reclamaron que el gobierno de Colombia está obligado a reducir la deforestación por lo menos debido a tres compromisos: 1) en el Acuerdo de París, el gobierno de Colombia se comprometió a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y, dado que la deforestación es la principal fuente de dichas emisiones en el país, reducirla es un factor crucial para mitigar las emisiones; 2) en una Declaración Conjunta de Colombia, Alemania, Noruega y el Reino Unido, el gobierno colombiano se comprometió a alcanzar la deforestación neta cero en la Amazonia para el año 2020; 3) con arreglo a la ley nacional de Colombia 1753 de 2015, el gobierno está obligado a reducir la tasa anual de deforestación del país. Los actores argumentaron que la omisión de Colombia de adoptar medidas eficientes para alcanzar el objetivo de la deforestación neta cero ha afectado y afectará sus derechos individuales y colectivos.

La Corte Suprema sostuvo que “el derecho fundamental a la vida, la salud, las necesidades básicas, la libertad y la dignidad humana está vinculado y determinado significativamente por el ambiente y el ecosistema”. Como tal, el medio ambiente está relacionado intrínsecamente con derechos fundamentales y los niños y las generaciones futuras pueden utilizar una tutela (mecanismo legal colombiano para proteger derechos fundamentales) sin permiso de sus padres o representantes legales para presentar tal demanda de protección de sus derechos. Asimismo, la Corte concluyó que el “Estado constitucional” busca el respeto por el ‘otro’ como límite de los preceptos legales y, en este caso, ese ‘otro’ se extiende a las personas que habitan el planeta, incluyendo futuras generaciones no nacidas y otras especies animales y vegetales.

Luego de determinar que el caso era admisible, la Corte cuestionó si “[existe] una relación legal obligatoria de los derechos ambientales de generaciones futuras... cuyo efecto se pudiera traducir en una limitación de la libertad de acción de las generaciones actuales”. La Corte analizó la Constitución de Colombia de 1991 y concluyó que sus conceptos, junto con la jurisprudencia previa, el derecho internacional y las investigaciones académicas, elevaban al medio ambiente saludable al nivel de un derecho fundamental. Asimismo, la Corte buscó avanzar el nuevo campo de los derechos bioculturales, el cual considera que la naturaleza y el medio ambiente son sujetos titulares de derechos, reconociendo a la Amazonia colombiana como sujeto de derechos.

Respecto de la deforestación de la región amazónica, la Corte determinó que el gobierno no había abordado efectivamente el problema a pesar de sus obligaciones. Por ello, ordenó a las autoridades competentes (con la participación de los actores, las comunidades afectadas y el público general) formular una serie de planes de acción, incluyendo un pacto intergeneracional, para combatir la deforestación, las emisiones de gases de efecto invernadero y el cambio climático respecto de la Amazonia colombiana.

Ejecución de la decisión y los resultados: 

La Corte ordenó al gobierno desarrollar los planes de acción ya mencionados dentro de un plazo de cuatro a cinco meses después de la notificación de la decisión, dependiendo del plan.

Debido a la brevedad de los plazos ordenados por la Corte Suprema, para julio de 2018, el Ministerio de Medio Ambiente había llevado a cabo cinco talleres en cinco municipalidades diferentes de la Amazonia colombiana, donde consultó con los jóvenes demandantes, comunidades, autoridades ambientales y otros actores clave respecto de las políticas destinadas a cumplir con las órdenes judiciales. Las órdenes incluyen el desarrollo de un Pacto Intergeneracional por la Vida del Amazonas Colombiano; la creación de planes de corto, mediano y largo plazo destinados a reducir la deforestación neta a cero; la armonización de planes de gestión de tierras con los objetivos de deforestación dentro de cuatro o cinco meses, dependiendo del plan. Además de los participantes de los talleres, muchos jóvenes y comunidades se unieron a la causa por medio de las redes sociales, y los actores se han convertido en voceros del caso y la causa en sus respectivas ciudades, siendo que son los más interesados en asegurar el pleno cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema: (Correo electrónico de Gabriela Eslava, Dejusticia, 11 de enero de 2019).

Aunque los plazos ya vencieron, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura siguen siendo responsables del pleno cumplimiento de las órdenes de la Corte, coordinándose con otros organismos gubernamentales. Mientras tanto, otros organismos gubernamentales que no fueron llamados a actuar por la Corte, como el Instituto de Bienestar Familiar de Colombia, han demostrado interés por contribuir con la implementación plena de la sentencia por medio de sus propios medios y redes. El 29 de noviembre de 2018, el presidente de Colombia emitió una directiva asignando a organismos gubernamentales específicos diversas tareas para asegurar el cumplimiento de la decisión de la Corte Suprema. Algunos de los desafíos del cumplimiento de este caso son los siguientes: 1) definir el alcance y el poder vinculante del Pacto Intergeneracional por la Vida del Amazonas Colombiano, 2) asegurar una mayor participación de las comunidades que habitan la región amazónica en la ejecución de las órdenes y 3) fortalecer institucionalmente a las autoridades ambientales para permitir el logro de la deforestación cero. (Correo electrónico de Gabriela Eslava, Dejusticia, 11 de enero de 2019).

Grupos relacionados en el caso: 
Significado del caso: 

Se trata de una decisión histórica en América Latina sobre el cambio climático y las generaciones futuras, la primera de su tipo por parte de un tribunal superior de la región. Además de reconocer los derechos de las generaciones futuras a un medio ambiente saludable y declarar a la región amazónica de Colombia como titular de derechos, el caso interpretó los compromisos de Colombia asumidos en el Acuerdo de París como aplicables en el ámbito nacional. La sentencia busca reducir la deforestación neta a cero y, de esa manera, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, respondiendo a las estadísticas que muestran que la deforestación creció un 44% de 2015 a 2016.

El caso es importante por tres razones principales: 1) contribuye al desarrollo de jurisprudencia referida a que el cambio climático y sus impactos amenazan los derechos humanos y, por ello, debe ser mitigado para proteger los derechos humanos; 2) reconoce los derechos de las generaciones futuras, en particular su derecho a ser oídas en la formulación de políticas que las afectan o afectarán en el futuro; 3) avanza el debate sobre los derechos de la naturaleza. (Correo electrónico de Gabriela Eslava, Dejusticia, 11 de enero de 2019).

En primer lugar, el caso contribuye con la nueva tendencia de litigar sobre el clima, en la que los ciudadanos buscan que los gobiernos asuman su responsabilidad por la falta de acción o la acción insuficiente destinada a abordar las causas de raíz del cambio climático en sus jurisdicciones a pesar de sus obligaciones nacionales e internacionales y de los claros compromisos asumidos por esos mismos gobiernos en forma voluntaria en conferencias sobre el clima de la ONU. La creciente ola de demandas sobre el clima contribuye a la formación de claras normas legales internacionales que obligan a los Estados a proteger la estabilidad del sistema climático. El caso se basó en los últimos avances de la ciencia climática, que ahora puede atribuir con mayor precisión algunos eventos extremos al cambio climático. Los actores utilizaron información oficial producida por el mismo demandado, el gobierno, para demostrar claramente que la deforestación es la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero de Colombia. Por ello, poner fin a la deforestación sería crucial para reducir las emisiones y, en consecuencia, los efectos del cambio climático y sus impactos sobre los derechos humanos. (Correo electrónico de Gabriela Eslava, Dejusticia, 11 de enero de 2019).

En segundo lugar, la Corte declaró la importancia de proteger los derechos de las futuras generaciones, es decir, las que sufrirán los peores efectos de la deforestación y el calentamiento global. Este caso les dio una voz a niños y jóvenes que acudieron a los tribunales buscando protección para sus derechos. En su decisión, la Corte Suprema reconoció los derechos y obligaciones de generaciones actuales y futuras de frenar la deforestación y el cambio climático. (Correo electrónico de Gabriela Eslava, Dejusticia, 11 de enero de 2019).

En tercer lugar, la Corte Suprema reconoció a la región amazónica de Colombia como un sujeto titular de derechos que tiene derecho a protección, conservación, mantenimiento y restauración por parte del Estado y los organismos territoriales. Esto significa que cuando esté en peligro la integridad de la región amazónica, los ciudadanos pueden acudir a los tribunales para demandar su protección. De esta manera se avanza el debate sobre los derechos de la naturaleza y su alcance, significado y consecuencias prácticas. (Correo electrónico de Gabriela Eslava, Dejusticia, 11 de enero de 2019).

Agradecemos especialmente el aporte de los miembros de la Red-DESC: Program on Human Rights and the Global Economy (PHRGE) at Northeastern University, and Dejusticia.

Ultima actualización: 11 de enero de 2019