Ahmad Shah Ayubi vs. Bezirkshauptmannschaft Linz-Land
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea decidió que todos los refugiados, incluyendo los que poseen solo permisos de residencia temporaria, tienen derecho a la «protección del ingreso mínimo basado en las necesidades» que ofrece el gobierno austriaco a sus ciudadanos. Ahmad Shah Ayubi, un ciudadano de un tercer país en condición de refugiado y con residencia temporaria, apeló los beneficios de subsistencia mínima otorgados por el gobierno, argumentando con éxito que el derecho de la Unión Europea (UE) requiere que todos los refugiados, ciudadanos y otras personas que cumplan con los requisitos para recibir asistencia estatal reciban el mismo tratamiento.
La condición de refugiado de Ayubi le daba derecho a un permiso de residencia de tres años y le permitía solicitar asistencia estatal. Bajo el derecho austriaco, la residencia temporaria de Ayubi no le permitía recibir el monto mínimo de beneficios; la Autoridad Administrativa del Distrito de Linz-Land le otorgó el subsidio básico mínimo y un beneficio complementario temporario.
Una reforma de 2015 de la legislación de la asistencia estatal de Austria exigía que los refugiados con residencia temporaria sean tratados de la misma manera que las personas en «situación de protección subsidiaria» (ciudadanos de terceros países que requieren protección contra daños graves pero no cumplen con los requisitos para ser considerados refugiados). Ambos grupos solo tenían derecho a recibir un subsidio básico y un suplemento temporario. Tal nivel de asistencia era menor que la «protección del ingreso mínimo basado en las necesidades» previsto para refugiados con residencia permanente y otros residentes permanentes (como los ciudadanos).
La Corte mencionó el principio de la Convención de Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los refugiados que establece que los refugiados y los ciudadanos deben ser tratados de la misma manera respecto de la asistencia pública. Lo tomó en cuenta al interpretar el artículo 29 de la Directiva UE 2011/95, la cual exige que los estados miembro que otorgan protección a una persona, como la derivada de la situación de refugiado, también deben otorgarle la misma asistencia social que a sus ciudadanos. Dicha ley de la UE solo permite a los estados restringir la asistencia social a «beneficios básicos» para personas con protección subsidiaria (e, incluso en ese caso, solo con los mismos requerimientos de eligibilidad y nivel que se aplican a los nacionales).
La Corte señaló que los refugiados que acaban de llegar pueden encontrarse en situaciones más precarias y que restringir sus beneficios no aliviaría sus dificultades. Asimismo, dudó de que otros beneficios, como una vivienda, realmente compensarían la reducción de la asistencia social, como argumentaba el gobierno.
La Corte declaró que el artículo 29 de la Directiva 2011/95 excluía las leyes nacionales de los estados miembro de la UE que limitan a los refugiados con residencia temporaria a una asistencia menor a la que reciben los nacionales o refugiados con residencia permanente. También determinó que los refugiados podían buscar el cumplimiento correspondiente de esta ley de la UE en los tribunales nacionales.
Esta decisión es contraria a la tendencia general de miembros conservadores y de extrema derecha del gobierno de coalición de Austria a restringir los derechos de los refugiados y los migrantes. El canciller Sebastian Kurz, en el gobierno desde diciembre de 2017, hizo campaña sobre la base de la promesa de restringir los beneficios de la asistencia social a los refugiados y el gobierno promueve políticas para cumplir con ese objetivo. La decisión del caso Ayubi protege los derechos de los refugiados temporarios a recibir la misma asistencia y a utilizar los tribunales nacionales para ejercer dichos derechos. Esto puede proporcionar medios legales para contrarrestar tendencias conservadoras a restringir los derechos de los refugiados en Austria y en toda la Unión Europea.
En un aspecto más general, este caso suma una dimensión a la jurisprudencia que busca frenar la discriminación basada en la situación migratoria. Vale recordar la decisión de 2018 del Comité de Derechos Humanos de la ONU en el caso Nell Toussaint, en la que sostuvo que Canadá violaba los derechos de la actora a la vida y a la no discriminación al negarle acceso a la atención médica esencial debido a su situación migratoria irregular.
Agradecemos especialmente el aporte del miembro de la Red-DESC: Program on Human Rights and the Global Economy (PHRGE) at Northeastern University.
