Elaboración de principios sobre datos y los DESC

El Grupo de Trabajo de Monitoreo está elaborando una posición colectiva y un conjunto de principios sobre la recopilación, el análisis y la utilización de datos.

¿Por qué son tan importantes los datos para los derechos humanos?

Los datos desempeñan un papel fundamental para informar las políticas públicas y la toma de decisiones en torno a los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) fundamentales, como los derechos a la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el acceso al agua y el saneamiento y un medio ambiente sano. La gestión de los recursos naturales, la prestación de servicios, el gasto público y la evaluación de los proyectos de desarrollo, etc., son procesos clave de las políticas públicas que se basan en algún tipo de datos. Disponer de datos representativos e inclusivos es particularmente importante porque si las personas y los grupos no están representados en los datos, cualquier política o decisión adoptada sobre la base de dichos datos no podrá abordar las cuestiones específicas a las que se enfrentan y los excluirá del disfrute de los derechos humanos en condiciones de igualdad. Esto es aún más importante en el contexto del COVID-19, en el que la falta de datos sobre grupos específicos, en particular los marginados, ha dado lugar a lagunas en la elaboración y aplicación de medidas que aborden de manera significativa las necesidades de todos.

Además, el acceso a información pertinente y útil es esencial para que las personas y los grupos ejerzan sus derechos, así como un instrumento clave para exponer las pautas de abuso y opresión sistémica a fin de responsabilizar a los Estados y otros agentes poderosos.

¿Qué problemas plantean los datos que se utilizan actualmente para adoptar decisiones sobre los DESC?

Los datos utilizados para la adopción de decisiones por los gobiernos a menudo no reflejan las realidades vividas y las perspectivas de los afectados por las decisiones, en particular las comunidades más marginadas. En cambio, las narrativas públicas y los procesos de adopción de decisiones suelen basarse en "pruebas contundentes" elaboradas por quienes detentan el poder, como los Estados y las empresas, lo que sirve a sus intereses. Las narrativas dominantes sobre lo que se consideran datos "válidos" tienden a considerar que los datos generados por los Estados y los agentes poderosos son objetivos y creíbles, mientras que no tienen en cuenta los datos basados en las experiencias de las comunidades sobre una determinada cuestión, al considerarlos sesgados y no legítimos.[1] Además, la falta de datos -especialmente cuando se trata de comunidades o poblaciones ya subrepresentadas- puede dificultar la revelación y, por lo tanto, el desmantelamiento de políticas y prácticas discriminatorias. La exclusión en los datos significa, por lo tanto, la exclusión en la vida real. En este sentido, 'quién' lleva a cabo la recopilación de datos (y cómo) son tan importantes como 'qué' se está monitoreando, y los grupos y comunidades de base deben ser considerados como la voz legítima y los principales expertos en las cuestiones que les afectan, como la desigualdad, la pobreza y la injusticia.

Lo que estamos haciendo:

En enero de 2019 celebramos una reunión de estrategia en la Ciudad de México para examinar los principales desafíos que plantea la utilización de datos para promover los derechos socioeconómicos y elaborar un análisis compartido sobre la forma en que los datos deben mejorar. La reunión contó con la participación de 20 miembros de la Red-DESC que analizaron las lagunas en la forma en que se recopilan, analizan y utilizan los datos existentes sobre los derechos socioeconómicos (ya sean producidos por los Estados, agentes privados o grupos de la sociedad civil), con el fin de articular una narrativa alternativa basada en los derechos humanos.

Los miembros estuvieron de acuerdo en la urgencia de replantearse qué tipos de datos se necesitan y son pertinentes para la adopción de decisiones, de acuerdo con un enfoque basado en los derechos humanos. De hecho, la ley de derechos humanos obliga a los Estados a recabar y poner a disposición datos sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Por consiguiente, los datos oficiales deberían ayudar a evaluar los progresos realizados en el cumplimiento de esos derechos e informar las políticas públicas en consecuencia. Los miembros también señalaron la necesidad de superar la jerarquía entre los distintos tipos de datos y dar legitimidad y reconocimiento a los datos (a menudo cualitativos), que reflejan las experiencias vividas y los análisis de las personas y las comunidades. 

Sobre esta base hemos comenzado a desarrollar una posición colectiva sobre los datos y los DESC. La posición se basa en la ley de derechos humanos y en el análisis y las experiencias de nuestros miembros, en particular de los movimientos sociales, para identificar los principios sobre la forma en que los datos (en particular los datos oficiales) deben ser recopilados, analizados y utilizados.

La posición proporcionará argumentos jurídicos y recomendaciones prácticas con respecto a la recopilación, el análisis y el uso de los datos oficiales, con miras a:

1) mejorar la representatividad de los datos reunidos, entre otras cosas, garantizando niveles adecuados de desglose, la inclusión de diferentes perspectivas y realidades, y la participación de distintos grupos en el diseño de metodologías y categorías de desglose, permitiendo a las personas escoger la forma de autoidentificarse;

2) facilitar la participación de las comunidades afectadas mediante, entre otras cosas, el reconocimiento de la legitimidad y la validez de los datos comunitarios y la participación de las comunidades en elaborar la agenda sobre qué datos deben recopilarse y cómo deben utilizarse;

3) mejorar la accesibilidad de los datos de modo que las comunidades puedan utilizarlos eficazmente para responsabilizar a las partes poderosas, entre otras cosas estableciendo reglamentos eficaces que garanticen el acceso a la información, promuevan la transparencia y mejoren la capacidad de las personas para comprender los datos;

4) proteger la seguridad y confidencialidad de las personas afectadas por los datos, entendiéndose en sentido amplio que incluye la seguridad física, el bienestar mental y la seguridad digital; y

5) asegurar que los datos sean pertinentes para los DESC y de alta calidad, incluso combinando metodologías cuantitativas y cualitativas y abordando de manera significativa el contenido sustantivo de las normas sobre los DESC.

Esta posición será una herramienta para que los miembros de la Red DESC y la sociedad civil en general incidan por datos que reflejen las experiencias vividas por las personas y que pongan en primer plano los derechos humanos, y al hacerlo, permitan una toma de decisiones más democrática. Esta posición también alienta a la sociedad civil a replantearse sus propias prácticas de recopilación de datos y su utilización para promover los derechos humanos. Por ejemplo, nuestra reciente iniciativa Altavoz ofrece orientación y experiencias prácticas para aplicar un enfoque intersectorial de género y promover la participación de la comunidad en el contexto de la presentación de informes paralelos a los órganos creados en virtud de tratados de las Naciones Unidas. También hemos puesto en marcha un proyecto de investigación dirigido por la comunidad para trabajar con grupos de base en la recopilación de datos que sirvan para informar sobre sus actividades de incidencia y campañas.

Hemos elaborado un proyecto de posición colectiva que está siendo examinado y perfeccionado por nuestros miembros y que pronto estará disponible para su difusión. Mientras tanto, hemos comenzado a aplicar nuestro análisis en todo nuestro trabajo. Véase, por ejemplo:

 

  • Un artículo para el Instituto de Estadística de la UNESCO SDG4: Making human rights count pidiendo un enfoque basado en los derechos para los datos sobre el desarrollo,
  • Un documento informativo sobre los datos y el monitoreo en el contexto del Covid-19
  • Un recurso de amicus curiae ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México en un caso exitoso que buscaba la inclusión de los asentamientos informales en el censo oficial de México: Un Techo para mi País México vs. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), amparo en Revisión 635/2019.

Para más información, contactar con Francesca Feruglio, Coordinadora del Grupo de Trabajo de Monitoreo: fferuglio@escr-net.org


[1] Una razón fundamental para ello es la influencia del sector privado en la financiación de las instituciones de investigación y los medios de comunicación, véase: https://www.escr-net.org/es/derechoshumanosyempresas/capturacorporativa/caracteristicas