Canada Without Poverty v. AG Canada, 2018 ONSC 4147

Una organización benéfica registrada en el Canadá que incide por la erradicación de la pobreza impugnó con éxito las restricciones legales a la participación de las organizaciones benéficas en "actividades políticas" no partidistas en apoyo de un propósito benéfico. El tribunal determinó que las restricciones a la capacidad de las organizaciones de beneficencia para abogar por cambios en las leyes o políticas constituían una restricción inconstitucional de la libertad de expresión.

Fecha de la decisión: 
16 Jul 2018
Foro: 
Tribunal Superior de Justicia de Ontario
Tipo de foro: 
Doméstico
Resumen: 

La cuestión objeto de este caso eran las restricciones derivadas del derecho consuetudinario inglés sobre la participación de organizaciones benéficas en actividades políticas no partidistas para lograr cambios en las leyes o políticas dirigidas a promover sus fines benéficos. En el Canadá esas restricciones se habían incorporado a la Ley del impuesto sobre la renta (ITA) del Canadá, en la que se establecía que las organizaciones benéficas registradas sólo podían participar en actividades políticas no partidistas para lograr cambios en las leyes o políticas si esas actividades eran "accesorias e incidentales" a sus actividades benéficas, constituyendo éstas "sustancialmente todos" los recursos de la organización. Sobre la base de la jurisprudencia, la Agencia Tributaria del Canadá (CRA) interpretó que esto significaba que una organización de beneficencia no podía dedicar más de aproximadamente el 10% de sus recursos a ninguna actividad que comunicara explícitamente al público que una ley, política o decisión de cualquier nivel de gobierno del Canadá o de un país extranjero debía mantenerse, oponerse o modificarse. 

En 2012 el gobierno conservador mayoritario del Canadá expresó su preocupación por el hecho de que organizaciones ambientales y de derechos humanos "radicales" registradas como organizaciones benéficas estuvieran utilizando las donaciones caritativas para abogar en contra de las políticas gubernamentales. El Gobierno asignó $5 millones de financiación adicional a la Agencia Tributaria del Canadá (CRA) para auditar las organizaciones de beneficencia sospechadas de exceder el límite de la promoción de políticas públicas. La organización Canada Without Poverty (CWP), cuyo objetivo era erradicar la pobreza mediante la participación civil de personas de bajos ingresos para impulsar el cambio de políticas, figuraba entre las docenas de organizaciones benéficas de derechos humanos, ambientales y de justicia social sometidas a auditoría, y la CRA anunció su intención de revocar la condición de organización benéfica de CWP. Como señaló el Tribunal en su decisión, el propósito caritativo de CWP es aliviar la pobreza, pero a diferencia de las organizaciones de beneficencia tradicionales que podrían proporcionar alimentos a los pobres, CWP tiene por objeto aliviar la pobreza "compartiendo con sus destinatarios ideas en lugar de nutrición".

CWP impugnó las restricciones a su promoción de políticas públicas para la erradicación de la pobreza como una violación de la libertad de expresión en virtud del apartado b) del artículo 2 de la Carta de Derechos y Libertades del Canadá (Carta). CWP sostuvo que su propósito benéfico de aliviar la pobreza en el Canadá requiere cambios en la legislación y las políticas y que fracasaría sin la capacidad de alentar a las personas que viven en la pobreza a participar en la promoción de políticas públicas. El Gobierno replicó que la condición de entidad benéfica actúa efectivamente como un subsidio y que, si bien CWP tiene derecho a la libre expresión, no existe un derecho positivo a la expresión subvencionada.

El Tribunal determinó que la interpretación y aplicación de la ITA por parte de la CRA restringía prácticamente toda la comunicación pública de CWP en relación con la reforma de la legislación y las políticas con su finalidad benéfica de alivio de la pobreza. Señaló que el enfoque de CWP respecto al alivio de la pobreza contaba con el apoyo de autoridades internacionales, como la Declaración de Copenhague, que reconocían que la pobreza "también se caracteriza por la falta de participación en la adopción de decisiones y en la vida civil, social y cultural". El Tribunal también se basó en un informe del panel de consulta del Ministro de Hacienda, en el que se llegaba a la conclusión de que las restricciones políticas impuestas a las organizaciones benéficas eran anticuadas e indebidamente restrictivas y debían ser revocadas.

En última instancia, el Tribunal falló a favor de CWP. Determinó que se había infringido la libertad de expresión de CWP porque la ITA y la interpretación de la misma por parte de la CRA imponía una carga para acceder a una plataforma de expresión proporcionada por el Estado (por ejemplo, la condición de organización benéfica), y que el Gobierno no había establecido un objetivo legítimo y sustancial en el que se basara la restricción. El Tribunal ordenó que se eliminara esa restricción y que la expresión "actividades de beneficencia" en la ITA se interpretara en el sentido de que incluía las actividades políticas no partidistas que promueven el objetivo de beneficencia de una organización.

Ejecución de la decisión y los resultados: 

El gobierno liberal mayoritario que estaba en el poder cuando se dio a conocer la decisión en este caso se había comprometido a revisar las restricciones impuestas a las actividades de beneficencia que habían sido utilizadas para suprimir la libertad de expresión por el gobierno anterior. Sin embargo, el gobierno liberal anunció que tenía la intención de apelar la decisión del Tribunal Superior en este caso. Propuso enmendar la ITA para eliminar las restricciones estatutarias que se han considerado inconstitucionales, pero que permitiría a la CRA seguir aplicando las restricciones del derecho consuetudinario a la promoción de políticas públicas. Sin embargo, tras una importante presión pública, el gobierno retiró su apelación, permitiendo que la decisión del Tribunal Superior se mantuviera. También acordó retirar las enmiendas propuestas anteriormente a la ITA, presentando nuevas enmiendas a la ITA, que ahora establece explícitamente que el término "actividades de beneficencia incluye el diálogo sobre políticas públicas y las actividades de desarrollo llevadas a cabo para promover un fin benéfico".

Grupos relacionados en el caso: 
Significado del caso: 

Esta victoria de una pequeña organización de derechos sociales fue completamente inesperada para los comentaristas jurídicos tradicionales y para el sector de la beneficencia en general. La decisión ha sido ampliamente celebrada por las personas que viven en la pobreza y las organizaciones de beneficencia como un rechazo histórico de las nociones estigmatizantes de la pobreza y la beneficencia, reconociendo el vínculo inextricable entre el derecho a la participación y la expresión democráticas y la realización de los derechos económicos, sociales y culturales. Se prevé también que la decisión tenga un efecto positivo en otros países en que se siguen aplicando restricciones similares del derecho consuetudinario a las organizaciones benéficas. No obstante, CWP ha subrayado que la decisión sólo se aplica a las organizaciones con fines benéficos legítimos, como el alivio de la pobreza. La decisión no se aplica a las organizaciones que tratan de utilizar la condición de entidad benéfica para promover programas políticos que no constituyen fines benéficos legítimos. 

Agradecemos especialmente las aportaciones del miembro de la Red-DESC: Program on Human Rights and the Global Economy (PHRGE) at Northeastern University.