Sandesh Bansal v. Union of India y otros (PIL) W.P. No. 9061/2008
Este litigio de interés público (LIP) se presentó en julio de 2008 contra el gobierno de Madhya Pradesh por la falta de aplicación de los planes de salud materna en el estado. El Tribunal Superior de Madhya Pradesh dictó su histórica sentencia en febrero de 2012. El tribunal sostuvo que la incapacidad de una mujer para sobrevivir al embarazo y al parto viola su derecho fundamental a la vida, garantizado en el artículo 21 de la Constitución de la India. El tribunal recomendó que el Gobierno adoptara diversas medidas para mejorar la atención de la salud materna en el estado.
El peticionario, Sandesh Bansal, es un activista de la salud y miembro de Jan Adhikaar Manch, una organización no gubernamental (ONG) que trabaja para sensibilizar sobre la elevada tasa de mortalidad materna en Madhya Pradesh como parte de su campaña "Save our Mothers" (Salvemos a nuestras madres). El caso también formaba parte de la estrategia de litigio nacional de la Human Rights Law Network (HRLN) para hacer frente a las elevadas tasas de mortalidad y morbilidad maternas de la India. El peticionario alegó que el estado no proporcionó una atención sanitaria materna básica y adecuada. El peticionario sostuvo que el estado tiene la tercera tasa de mortalidad materna más alta, con 498 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. El peticionario sostuvo además que las mujeres morían debido al alto costo de la atención médica, el fracaso del sistema de salud pública, la falta de personal médico calificado y de un transporte adecuado en las zonas rurales, y otros factores culturales y sociales que obstaculizan el acceso de las mujeres a una atención médica eficaz y adecuada. El peticionario fundamentó estas afirmaciones basándose, entre otras cosas, en el informe de evaluación de noviembre de 2007 de la Misión de Examen Común (establecida en el marco de la Misión Nacional de Salud Rural, o NHRM). Utilizando este informe, el peticionario alegó que el estado había sido ineficaz en la aplicación del Plan de la NHRM, de acuerdo con el deber de salud pública del Gobierno central de hacer frente a las altas tasas de mortalidad materna e infantil de la India.
El estado demandado de Madhya Pradesh, si bien reconocía que las instalaciones de los hospitales públicos no eran adecuadas y reconocía la aplicabilidad de las directrices de salud en el marco de la NHRM, afirmó que se habían hecho esfuerzos para cumplir los objetivos fijados por la NHRM con los recursos disponibles. El demandado se basó en una declaración jurada presentada por el director de salud pública y bienestar familiar de Madhya Pradesh y en las declaraciones presentadas por el Gobierno central. Para probar la validez de las afirmaciones del demandado sobre la disponibilidad de personal e instalaciones en los centros de salud, el tribunal realizó una inspección al azar en algunos centros. El tribunal llegó a la conclusión de que el informe resultante reflejaba unas condiciones lamentables, contrariamente a lo que había presentado el estado. Se reprodujo el informe completo para permitir al gobierno abordar las deficiencias.
Basándose en el expediente, el tribunal encontró condiciones ruinosas en las instalaciones, una escasez de personal cualificado y de medicamentos esenciales, y una falta de acceso a servicios de salud materna oportunos y constantes en los hospitales que impidieron la aplicación efectiva del Plan de la NHRM. El tribunal señaló el efecto perjudicial en la vida de las madres y que las condiciones violaban su derecho fundamental a la vida, garantizado en el artículo 21 de la Constitución de la India. El tribunal subrayó que "es el deber primordial del gobierno asegurar que toda mujer sobreviva al embarazo y al parto", debido a la obligación del Estado de salvaguardar su vida.
El tribunal rechazó la afirmación del gobierno de que las limitaciones financieras constituían un obstáculo para la aplicación del Plan y señaló que en 2009 no se habían gastado los fondos para ese fin. El tribunal también recomendó que el estado adoptara medidas específicas y oportunas para lograr la aplicación del Plan, incluida la disponibilidad las 24 horas del día de trabajadores de salud comunitarios capacitados y servicios de parto, servicios de saneamiento modernos, agua y servicios públicos para los centros de salud primaria (PHC), más personal de enfermería en los PHC, y vacunaciones y documentación completa de cada paciente. El tribunal concluyó destacando los niveles de pobreza y mortalidad en Madhya Pradesh, exhortando al estado a estar a la altura de las circunstancias y a hacer "esfuerzos drásticos" para aplicar el Plan y alcanzar sus objetivos.
Las órdenes provisionales emitidas por el Tribunal Superior de Madhya Pradesh cuando el caso aún estaba pendiente condujeron a la creación de un banco de sangre y la construcción de un tanque de agua para mejorar las condiciones en los PHC.
En esta decisión histórica, el tribunal reconoció que el derecho a la atención de la salud materna y el derecho a sobrevivir al parto es un aspecto del derecho a la vida consagrado en el artículo 21 de la Constitución de la India. El tribunal determinó que este derecho imponía una carga al estado para proporcionar una atención de salud materna adecuada. La abogada Jayshree Satpute, que argumentó las audiencias finales del caso, señaló que la sentencia es "un enorme paso adelante para la salud de la mujer en la India, ya que un número cada vez mayor de tribunales superiores... han comenzado a reconocer los derechos reproductivos como derechos fundamentales y a ordenar medidas de auxilio para salvar vidas".
Agradecemos especialmente las aportaciones del miembro de la Red-DESC: Program on Human Rights and the Global Economy (PHRGE) at Northeastern University.
