Opinión: Un Preludio a la Cumbre de Finanzas en Común 2020:

Fecha de Publicación: 
Lunes, 9 Noviembre 2020
Representantes de la sociedad civil del Sur Global piden una mayor independencia a través de iniciativas de desarrollo sostenibles, en lugar de una mayor dependencia.

Por: Melania Chiponda, Debbie Stothard, Wesam Ahmad 

La pandemia de COVID-19 representa uno de los mayores desafíos que enfrenta nuestra generación. Además de poner en evidencia el sinfín de problemas estructurales y fallas sistémicas provocadas por la globalización, también ha revelado la naturaleza más interconectada de la humanidad en su conjunto.

Mientras nos preparamos para los impactos continuos y combinados de la pandemia, el cambio climático, los conflictos y las crisis económicas, confiamos en el potencial de la humanidad para superar estos desafíos y crear un mundo más equitativo y sostenible. Eso implica una estrategia de recuperación integral, multilateral y justa para el día de mañana.

El sector de las finanzas tiene un papel importante que desempeñar en este proceso. La pregunta que planteamos a los participantes de la Cumbre de Finanzas en Común 2020 es: “¿Cómo será ese papel?” ¿Formarán ustedes parte de la transformación global que es vital para la supervivencia de comunidades y ecosistemas diversos, o la bloquearán? ¿Estarán dispuesto a trabajar por la equidad intergeneracional o desperdiciarán recursos para restaurar el disfuncional orden establecido previo a la pandemia? ¿Cómo planificamos una recuperación justa, equitativa y robusta? ¿Deberían alinearse las inversiones de los bancos de desarrollo con el Acuerdo Climático de París?

Esta primera Cumbre de Finanzas en Común ofrece una oportunidad para cuestionar y reimaginar la financiación del desarrollo de una manera que debería desarrollar la arquitectura global para hacer frente a las potenciales vulnerabilidades. La Cumbre reúne todos los componentes del sistema de financiación del desarrollo, lo que permite la creación de un sistema que permite políticas coordinadas y la inclusión de todos los agentes financieros.

John Maynard Keynes dijo en 1936: “Los principales inconvenientes de la sociedad económica en que vivimos son su incapacidad para procurar la ocupación plena y su arbitraria y desigual distribución de la riqueza y los ingresos”. Más de 80 años después, estas graves fallas persisten; con las empresas transnacionales y las instituciones financieras jugando un papel central en su perpetuación y exacerbación. De este modo, las empresas y las instituciones financieras cancelan el bien que hacen, con los daños que provocan a las personas pobres y marginadas.

La acelerada acumulación de riqueza y su distribución extremadamente desigual en todo el mundo se ha agudizado aún más durante el curso de la pandemia de COVID-19. Estas alarmantes brechas de riqueza, tanto dentro de las sociedades como más allá de sus fronteras, socavan gravemente la estabilidad de la humanidad dentro del sistema internacional y la capacidad del planeta para sostenerla. Sobre el terreno, esto ha llevado a las comunidades –las personas más desfavorecidas de las zonas urbanas y rurales, la clase trabajadora, los pueblos indígenas, las mujeres, los migrantes y los apátridas— al borde del abismo de la supervivencia.

En todo el mundo, los gobiernos están adoptando paquetes de recuperación post- pandemia centrados en proyectos de desarrollo masivos destinados a estimular el crecimiento económico. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, han desembolsado US$21.000 millones y US$100.000 millones, respectivamente, a 81 países en respuesta a la crisis de COVID-19, frente a los US$2.500 millones que necesitan los países en desarrollo. Incluso en ese contexto, desde África hasta América Latina, desde Oriente Medio hasta Asia Oriental, las comunidades están horrorizadas. Previamente impactados por la avalancha de proyectos de “desarrollo” que habitualmente incluían desalojos forzosos y violaciones brutales de los derechos humanos, los pueblos indígenas y otras comunidades sobre el terreno todavía tratan de recuperarse de los efectos desproporcionados del COVID-19. Ahora enfrentan la amenaza de una nueva ola de proyectos de “desarrollo” que atacarán su derecho fundamental a la supervivencia, un tsunami de abusos posiblemente respaldado por los bancos públicos de desarrollo reunidos en la Cumbre de Finanzas en Común. Las comunidades del Norte Global también enfrentan desafíos similares y, aunque puedan adoptar diferentes formas, los impactos son muy similares.

Por esta razón hacemos este escrito en vísperas de la Cumbre de Finanzas en Común 2020 para desafiar a las instituciones financieras a aplicar sus innovaciones, poder e influencia hacia el desarrollo de una sociedad global más equitativa basada en los derechos humanos, la igualdad y la justicia social.

Reconocemos que esta transición requerirá que todos trabajemos juntos, superando barreras tanto tangibles como intangibles. Debemos avanzar juntos con el entendimiento de que la humanidad no puede existir independientemente de las leyes de la naturaleza en su conjunto, donde todos los sistemas buscan inevitablemente el equilibrio. Si bien conceptos como el poder, la ganancia y la resistencia son relativos, las matemáticas detrás del equilibrio óptimo son absolutas. Una economía regenerativa que esté influida por el bienestar ecológico y social es a lo que deberíamos aspirar y apuntar.

Así como el COVID-19 nos ha obligado a cambiar nuestro comportamiento diario para mantener a nuestras familias seguras, necesitamos cambiar también el enfoque de nuestras actividades económicas. Nunca antes en la historia habíamos tenido los medios y la urgencia para hacerlo, como ahora.

Se trata de una cuestión de voluntad política, por parte de los gobiernos y los bancos públicos de desarrollo que ya tienen la responsabilidad de erradicar la pobreza, no de intensificarla. La cuestión no es si nuestras economías pueden permitirse el cambio, sino si la Tierra y la humanidad pueden permitirse la situación vigente.


Biografías del autor 

Melania Chiponda (Zimbabwe-África): es una defensora de los derechos humanos y aboga por la justicia económica, social y ambiental de las comunidades marginadas. También es miembro individual activo del Grupo de Trabajo de Política Económica (EPWG) de la Red DESC y del Grupo Asesor de Proyectos (PAG) del Proyecto de Crítica Sistémica.

Debbie Stothard (Tailandia-Asia): es una defensora de los derechos humanos y fundadora de ALTSEAN-Burma, una iniciativa para desarrollar programas y formación innovadores en derechos humanos. También es miembro del Comité Directivo del Grupo de Trabajo de Responsabilidad Corporativa de la Red-DESC.

Wesam Ahmad (Palestina-MENA): es un defensor de los derechos humanos de Palestina que trabaja en Al Haq, una organización de derechos humanos en Ramallah. También es miembro activo del Grupo de Trabajo de Política Económica de la Red DESC.