Opinión: Confrontar el racismo sistémico a nivel global

Las injusticias sufridas por las comunidades empobrecidas y las comunidades de color en todo el mundo no se rectificarán mediante meros cambios superficiales en las políticas, sino que requerirán una reestructuración radical de los sistemas que se han construido a lo largo de los siglos.

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La indignación por los recientes asesinatos de George Floyd, Breonna Taylor y Ahmaud Aubrey en Estados Unidos, las protestas masivas a nivel nacional y las acciones de solidaridad que desataron en todo el mundo han forzado un debate global sobre el racismo sistémico y la violencia estatal. 

Estas recientes muertes son parte de un patrón violento y bien documentado de racismo sistémico y menosprecio por la vida de la población negra en EE.UU., donde las comunidades negras han sufrido durante mucho tiempo la violencia a manos del Estado a través de la esclavitud, la segregación legal, la violencia policial y el encarcelamiento en masa. 

Sin embargo, la violencia racista sistémica y la discriminación étnica no son fenómenos exclusivos de EE.UU. En los primeros cuatro meses de 2020, según sus propios registros, la policía brasileña mató, sólo en el estado de Rio de Janeiro, a 606 personas, tres cuartas partes de las cuales eran jóvenes negros de las favelas. En Palestina persiste el uso excesivo de la fuerza y ​​la política de “disparar a matar” por parte de Israel contra los palestinos, prácticas que se han manifestado recientemente en el asesinato del joven Iyad Hallaq y otros. En Sudáfrica, los habitantes negros de los asentamientos informales urbanos se enfrentan a los restos del apartheid, ya que sus líderes son asesinados con frecuencia cuando intentan organizar a sus comunidades. En Guatemala, el sanador ancestral maya Domingo Choc fue acusado de brujería, torturado y quemado por una pandilla. 

El racismo sistémico y la violencia estatal están íntimamente vinculados con el capitalismo y se refuerzan mutuamente. Por tanto, al examinar y criticar la violencia racista sistémica, es fundamental examinar y criticar las causas estructurales de la pobreza y el despojo. Se debe revisar el sistema económico dominante y a qué intereses sirve. 

Históricamente, el racismo ha sido una herramienta de control y tiene profundas raíces en el colonialismo y el imperialismo. Ha jugado un papel esencial para permitir que las pequeñas élites permanezcan en el poder a través de una táctica de “divide y vencerás” destinada a dividir a las comunidades negras, marrones, indígenas y blancas marginadas. Así mismo, apoya una narrativa que describe a las comunidades de color y las comunidades pobres como criminales, vagas, moralmente degeneradas y, en última instancia, responsables de su propia marginación y pobreza.

El racismo sistémico y la violencia estatal están íntimamente vinculados con el capitalismo y se refuerzan mutuamente.

Las campañas de difamación y desprestigio son tácticas bien conocidas que se utilizan contra quienes se atreven a desafiar las estructuras de poder existentes, por ejemplo mediante la criminalización y estigmatización de activistas indígenas como “anti-desarrollo” por oponer resistencia a megaproyectos y muestras agresivas de desarrollo en todo el mundo, o el etiquetado de los activistas como terroristas en Filipinas, o la desacreditación de las defensoras de los derechos humanos en Centroamérica que desafían las estructuras patriarcales. Estas narrativas justifican el uso de la violencia estatal, en última instancia encarnada y llevada a cabo por la policía y los militares. 

El uso de la violencia estatal está íntimamente ligada a patrones más amplios de exclusión y despojo sistémicos. En muchas comunidades empobrecidas y de color de todo el mundo, el Estado solo está presente a través de la violencia. Esto ha sido claramente puesto en evidencia por la pandemia de la covid-19. Las comunidades empobrecidas se ven afectadas de manera desproporcionada por la pandemia debido a las disparidades preexistentes en la riqueza y en el acceso a la atención médica, así como por la ausencia generalizada del Estado en términos de cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales. Estas son las mismas comunidades afectadas por la violencia estatal. 

Al mismo tiempo, la violencia estatal es un vehículo para proteger los intereses de las élites. Los miembros de la Red-DESC han puesto en relieve una tendencia global generalizada de captura corporativa del Estado y sus instituciones por parte de una pequeña élite empresarial que ejerce una influencia indebida sobre nuestras instituciones democráticas y judiciales en detrimento de los derechos humanos y el medio ambiente. Cuando los Estados sirven a este tipo de élites, las capacidades violentas del Estado también están a disposición de esos intereses de élite. 

Esto apunta a la existencia de una economía política de la violencia, donde quienes se benefician del capitalismo y quienes sufren sus consecuencias son las mismas personas que se benefician y sufren las consecuencias del racismo y la violencia estatal. 

La economía política de la violencia se hace evidente cuando comunidades desposeídas y empobrecidas se atreven a protestar por sus condiciones, exigiendo un futuro para sus hijos, sólo para toparse con difamaciones, amenazas y asesinatos. Así mismo, el modelo extractivo actual —con un apetito insaciable por los recursos naturales y la acumulación de riqueza— es un factor clave para el conflicto, el despojo violento y la violencia indirecta del cambio climático que afecta de manera desproporcionada a las personas pobres y marginadas. 

Comprender la economía política de la violencia significa comprender cómo nuestros sistemas económicos y políticos dominantes se originaron en el despojo y el genocidio, se basan en la violencia policial y militar para mantener las profundas desigualdades y el persistente imperialismo y, en última instancia, generan violencia a todos los niveles. 

Las injusticias que sufren las comunidades empobrecidas y las comunidades de color en todo el mundo no se rectificarán mediante meros cambios superficiales en las políticas, sino que requerirán una reestructuración radical de los sistemas que se han construido a lo largo de los siglos. Para abordar verdaderamente la economía política de la violencia y las injusticias estructurales que mantiene, necesitamos profundizar la solidaridad en nuestras luchas y construir demandas inclusivas para un cambio sistémico, uniéndonos a través de las divisiones a menudo intensificadas y manipuladas por una pequeña élite que se beneficia de los sistemas actuales. 

Con este fin, a través de la Carta Común para una Lucha Colectiva, los miembros de la Red-DESC en forma de movimientos afrodescendientes, campesinos, pobres urbanos e indígenas están comenzando a identificar puntos emergentes de unidad al evaluar las condiciones comunes o injusticias sistémicas que enfrentan las comunidades en todas las regiones debido a los legados del colonialismo, el imperialismo y el sistema capitalista dominante. Este proceso vio un nuevo impulso a través de un Llamado a la acción mundial frente a la pandemia, lo que refuerza la necesidad de una “nueva normalidad” de alternativas sistémicas, guiadas por movimientos y comunidades en resistencia, para hacer de los derechos humanos y la justicia social una realidad para todos y todas.

Sobre los autores y la autora:

Cristina “Tinay” Palabay (Filipinas) es la Secretaria General de la Karapatan Alliance for the Advancement of People’s Rights. También es miembro del consejo regional de Asia Pacific Forum on Women, Law and Development. Francisco Mateo Rocael Morales (Guatemala) es el coordinador del Consejo de Pueblos Wuxthaj y del Consejo de Dirección del Consejo del Pueblo Maya (CPO). Ejerció como presidente de la junta directiva internacional de la Red-DESC. Miguel Martín Zumalacárregui es el jefe de la oficina de Bruselas de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y asesor de derechos humanos del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos. Ruben Kondrup es el coordinador del Sistema de Solidaridad y Membresía de la Red-DESC.