Okpabi y otros (recurrentes) vs. Royal Dutch Shell Plc y otra (demandadas)

Fecha de la decisión: 
12 Feb 2021
Foro: 
Corte Suprema
Tipo de foro: 
Doméstico
Resumen: 

Las demandantes en esta causa son las comunidades ogale y bille del Estado de Rivers, Nigeria, quienes representan a aproximadamente 50.000 personas. Denunciaban daño ambiental generalizado, incluyendo contaminación de la napa freática, causado por derrames de petróleo de la Shell Petroleum Development Company of Nigeria (SPDC). Las dos demandadas son Royal Dutch Shell Plc (RDS), la empresa matriz de RU, y SPDC, una subsidiaria de PDS registrada en Nigeria. Las demandas se plantean bajo incumplimiento de obligación legal y negligencia con arreglo al derecho consuetudinario, respecto de RDS por la dirección y el control significativos que ejerce sobre las operaciones de SPDC, y respecto de SPDC por el daño causado por los derrames de petróleo.

A fin de que las demandantes pudieran notificar a SPDC, se les exigió que establecieran si sus denuncias contra RDS, como demandada principal, planteaban un asunto real que debía ser enjuiciado. Tanto el Superior Tribunal como el Tribunal de Apelaciones rechazaron el caso sobre esta pregunta decisiva, concluyendo que no se trataba de una acusación enjuiciable que RDS tuviera el deber de cuidado bajo el derecho consuetudinario frente a las comunidades respecto de daños causados por las operaciones de SPDC.

En abril de 2019, la Corte Suprema de RU falló en Vedanta vs. Lungowe que comunidades de Zambia podían demandar a la empresa matriz con sede en RU de una operadora minera por daños ambientales. Respecto de la responsabilidad empresarial, Vedanta era muy pertinente para el análisis de la Corte de las cuestiones planteadas en este recurso. Basándose en el caso Vedanta, las demandantes estructuraron cuatro vías Vedanta para establecer el deber de cuidado de una empresa matriz: (1) asumir la gestión o la gestión conjunta de la actividad; (2) proporcionar asesoramiento defectuoso y/o promulgar políticas para todo el grupo; (3) tomar medidas para implementar políticas para todo el grupo; (4) declarar que ejerce un determinado grado de supervisión y control de una subsidiaria. En este recurso, la Corte Suprema falló sobre si era defendible la demanda de las demandantes respecto de que RDS tenía frente a ellas un deber de cuidado bajo el derecho consuetudinario.

Sobre la base del caso argumentado y dos marcos de control de RDS, la Corte decidió que existía un asunto real que debía ser enjuiciado bajo las vías Vedanta (1) y (3), sin opinar sobre las vías (2) y (4). A pesar de haber aprobado la categorización de las vías efectuada por las demandantes, la Corte enfatizó que estas cuatro vías no son exclusivas y explicó que el establecimiento de la responsabilidad empresarial no involucra un examen especial del deber de cuidado. Al fortalecer el fallo de Vedanta, la Corte reiteró que dicho deber de cuidado emana de los principios generales del derecho de responsabilidad civil. La Corte rechazó la sentencia del Tribunal de Apelación respecto de que las políticas de todo el grupo nunca podían dar lugar a un deber de cuidado, señalando que este supuesto no era coherente con Vedanta. Asimismo, la Corte aclaró que el ejercicio del control por parte de la empresa matriz no es más que un punto de partida cuando se considera la medida en que la empresa matriz controla o comparte la gestión con la subsidiaria. Citando el caso Vedanta, la Corte explicó que un deber de cuidado puede surgir cuando la empresa matriz declara públicamente que ejerce un control o supervisión, incluso cuando no lo ejerce de hecho.

Al revisar la sentencia del Tribunal de Apelación, la Corte también se centró en el error material del tribunal inferior de llevar a cabo un mini juicio de la prueba y descontar la posibilidad de futuras revelaciones empresariales. Debido a la naturaleza del control operativo, la Corte enfatizó la importancia de los documentos empresariales internos para determinar la responsabilidad empresarial. Señaló que en el juicio sumario la pregunta adecuada es si existen causas razonables para creer que revelaciones futuras de documentos podrían tener un efecto material sobre el éxito de la demanda. El tribunal no debería caer en la tentación de evaluar el peso de la prueba en una fase interlocutoria. Las afirmaciones fácticas realizadas a favor de la demanda se deben aceptar, siempre que no sean, en casos excepcionales, manifiestamente falsas o imposibles de respaldar.  En este caso, las demandantes proporcionaron dos documentos materiales de RDS e hicieron referencia a otros documentos específicos que podrían respaldar sus afirmaciones, pero que no habían sido revelados. Por ello, la Corte sostuvo que las acusaciones y pruebas de las demandantes eran suficientes para demostrar que la demanda era defendible y esta compleja prueba debía ser evaluada durante el juicio, no en el juicio sumario.

Ejecución de la decisión y los resultados: 

El caso será enviado al Tribunal Superior para su juicio, siendo que Shell ha confirmado que renuncia a sus demás cuestionamientos de la jurisdicción.

Grupos relacionados en el caso: 
  • Miembros de International Commission of Jurists y Corporate Responsibility (CORE) Coalition Limited presentaron una intervención escrita en el caso
  • Corner House Research también presentó una intervención escrita
Significado del caso: 

Este caso reafirma que las comunidades afectadas por empresas multinacionales con sede en RU y sus subsidiarias pueden presentar demandas contra esas empresas en tribunales británicos. La Corte Suprema afirmó en forma unánime los marcos legales disponibles para exigir que las empresas multinacionales asuman su responsabilidad por abusos de los derechos humanos en todo el mundo. Al rechazar un examen restrictivo y centrado en el control de la responsabilidad empresarial, la Corte reafirmó su sentencia del caso Vedanta respecto de que la responsabilidad puede emanar, entre otros, de marcos de políticas de grupo, supervisión de actividades de subsidiarias o emprendimientos públicos. En última instancia, esta sentencia da nuevas esperanzas a las demandantes en la lucha contra la impunidad empresarial y amplía los caminos hacia la rendición de cuentas corporativa en los tribunales británicos.