Conclusiones: La Discusión de Marzo 2015

Fecha de Publicación: 
Miércoles, 1 Abril 2015

 

En nuestro debate de marzo, Edmundo del Pozo de Fundar compartió los retos que enfrentan los Yaqui, un grupo indígena de México que lucha por hacer efectivo su derecho al consentimiento previo, libre e informado sobre el proyecto de “Acueducto Independencia” en el estado de Sonora. El debate destaca la falta de cumplimiento de las decisiones legales que confirman los derechos de los pueblos indígenas al consentimiento previo, libre e informado, y reflexiona sobre algunas limitaciones de las estrategias de monitoreo en ese contexto.

El caso gira alrededor de una sentencia de la Corte Suprema Mexicana que decía que el gobierno mexicano había violado el derecho de los Yaqui al consentimiento previo, libre e informado y el derecho a ser consultados acerca de los impactos ambientales del Acueducto Independencia, un proyecto de infraestructura a gran escala. Esta fue la primera vez que una decisión de este tipo fue formulada por la Corte Suprema en México.

Como resultado de ella, y a pedido de cinco comunidades Yaqui, una Misión Civil para la Observación de la Consulta (MCO), constituida por más de cien organizaciones, fue creada con la intención de ejercer presión sobre el gobierno para que cumpla su obligación de consultar con los Yaqui y monitorear cualquier consulta que tenga lugar. Desde su creación, la MCO ha publicado dos informes desarrollados por su propio equipo que describen la falla del gobierno en respetar los derechos de los Yaqui y la decisión de la Corte Suprema. La coordinación con otras organizaciones como Amnistía Internacional y redes como Red-DESC, así como su involucramiento con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han contribuido a ejercer presión sobre el gobierno mexicano.

A pesar de la presión nacional e internacional desde la sociedad civil y una sustancial atención de los medios, el gobierno mexicano aún tiene pendiente cumplir completamente con el mandato de la Corte Suprema. Además, dos miembros de los Yaqui que participaron en la consulta fueron arrestados en circunstancias confusas. La violación del derecho a la consulta ha puesto en peligro la supervivencia de su cultura.

Este caso pone en cuestión la eficacia de las estrategias de monitoreo en casos donde la voluntad política de cumplir con las sentencias legalmente vinculantes no existe. A pesar de estos inconvenientes, el monitoreo de la sociedad civil tuvo éxito en mantener la atención sobre las demandas de este pueblo cuyos derechos habían sido violados y, a ese respecto, continúa siendo un elemento importante para el avance de la rendición de cuentas.

Facilitador: 
Edmundo Del Pozo (FUNDAR)
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