Conclusiones: La Discusión de Noviembre 2014
La entrada de noviembre se enfocó en los obstáculos para la implementación de sentencias judiciales favorables sobre DESC, además de unas estrategias para superar estos obstáculos, examinadas en una nueva guía de implementación de Dejusticia. Estas estrategias fueron discutidas en el contexto de un fallo de la Corte Constitucional de Colombia y las acciones tomadas por la sociedad civil para implementar este fallo sobre violaciones masivas de derechos humanos de las personas internamente desplazados (PID) (T-025/04). Se identificaron tres estrategias: (1) mantener competencia para monitorear el caso, (2) el uso de indicadores para monitorear la implementación de fallos complejos, (3) intercambios sustantivos entre el Estado y los peticionarios, y (4) el uso de comisiones de expertos.
Además de los obstáculos y estrategias propuestos en la entrada original, los participantes en la discusión compartieron los que se habían enfrentado y utilizado en sus propios países. Por ejemplo, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia de Argentina compartió un libro sobre la implementación de decisiones colectivos, y sugirió que imponer multas y sanciones en actores estatales que se niegan a implementar los fallos puede inducir su cumplimiento. Sin embargo, reconoció que las cortes muchas veces son reticentes a imponer este tipo de sanciones (una barrera política). También, una defensora de la organización Hakijamii de Kenia compartió un caso sobre desalojo forzoso, y los obstáculos que se enfrentan para implementar este caso y otros, ya que hay normas que prohíben la ejecución de sentencias en contra del Estado (barreras jurídicas) y los pasos que se están tomado para derogar estas leyes.
La discusión se enfocó en los detalles de estas estrategias, además de ejemplos de obstáculos para la implementación de sentencias DESC y estrategias que han tomado los defensores para superar estos obstáculos. En particular, la conversación se centró en los detalles de (1) el uso de autos la Corte Constitucional de Colombia para monitorear la implementación de sus órdenes, (2) el proceso de adoptar los indicadores de implementación, y (3) el papel de la sociedad civil y las organizaciones de víctimas en el proceso de implementación. Los participantes hablaron del proceso y detalles de cada estrategia, así como las posibilidades y limitaciones de cada una para fomentar la implementación, utilizando el caso colombiano sobre PID como estudio de caso. Hubo mucho interés en el uso de indicadores: cómo se adoptan y implementan, su potencial, y el papel de los peticionarios y sus defensores y aliados en este proceso.
En resumen, la discusión demuestra que mientras en muchos casos es necesario adoptar algún tipo de estrategia para fomentar la implementación de los fallos DESC, ninguna es una varita mágica, y su efectividad depende de muchos factores, y, así, su pertinencia cambiará con cada caso. Lo que sí está claro es que el éxito de todas las estrategias de implementación depende del compromiso y la capacidad de la sociedad civil.