Dando forma al Tratado sobre Empresas y Derechos Humanos: opiniones desde Asia y el Pacífico

Fecha de Publicación: 
Lunes, 11 Mayo 2015

En Bouganville, Papúa Nueva Guinea, los catastróficos daños ambientales y la conmoción social causadas por la mina de cobre Paguna encendieron un conflicto social que duró una década y costó miles de vidas, desencadenó oleadas de violencia de género y destrozó el tejido social de la isla. Ahora se llevan a cabo conversaciones para reabrir la mina.

En Bangladesh, dos años después de que 1.100 personas murieran en el derrumbe de Rana Plaza, los trabajadores textiles siguen sufriendo violencia e intimidación por intentar formar sindicatos y reclamar su derecho a un trabajo decente. Los supervivientes y las familias de las víctimas aún esperan las contribuciones económicas de compañías europeas y americanas que producían su ropa en Rana Plaza para cubrir los gastos médicos y mitigar la pérdida de sus medios de vida.

En Filipinas, el gobierno sigue enviando unidades militares y paramilitares por mucho tiempo asociadas con violaciones de los derechos humanos como parte de las Fuerzas de Defensa de la Inversión que brindan ‘seguridad’ a megaproyectos de desarrollo, usualmente encontrando resistencia de los pueblos indígenas cuyos derechos son continuamente ignorados. Y en todo el sudeste asiático, los inversionistas extranjeros tienen la libertad de acogerse a cláusulas de Resolución de Diferencias cuando los gobiernos toman medidas a favor del interés público que son percibidas como causa de las reducciones en sus utilidades.

Considerando la impunidad con la que trabajan las grandes compañías en la zona de Asia y el Pacífico, la adopción de una Resolución del Consejo de Derechos Humanos el año pasado para elaborar un instrumento vinculante que “regule, en al legislación internacional de derechos humanos, las actividades de las corporaciones transnacionales y otras empresas” brinda una oportunidad ideal para impulsar la rendición de cuentas de las empresas.

Entre el 1 y el 3 de mayo, la sociedad civil se reunió en Chiang Mai, Tailandia, con el fin de discutir acerca de cómo asegurarse de que el proceso de desarrollo de un convenio responde a las necesidades de las comunidades que sufren violaciones de derechos humanos causados por las empresas. La Consulta, que fue co-convocada por la Red-DESC, FIDH y el Foro de Asia Pacífico sobre Mujeres, Legislación y Desarrollo (APWLD por sus siglas en inglés), reunió a comunidades afectadas de la región con un grupo de expertos legales que trabajará en conjunto para desarrollar propuestas acerca de cuál es la mejor manera de cubrir las brechas existentes en cuanto al tema de empresas y derechos humanos. Esta es la primera de tres Consultas Regionales con la sociedad civil que serán convocadas durante un año al tiempo que el Grupo de Trabajo Intergubernamental establecido de acuerdo con la Resolución inicia sus labores para definir el contenido y forma del tratado.

Los participantes de la sociedad civil en Chiang Mai discutieron la naturaleza de las violaciones a los derechos humanos que ellos habían experimentado como resultado de la actividad empresarial, los retos que enfrentan en la búsqueda de remediaciones, así como las remediaciones y mecanismos que serían necesarios para proteger y hacer cumplir sus derechos humanos. El grupo legal tomó en cuenta como deberían dar forma a las propuestas de las obligaciones del Estado y las empresas según el convenio, incluyendo diversas teorías sobre las responsabilidades civiles y penales, así como medios efectivos de compensación a niveles local, nacional e internacional. La Consulta también tuvo como resultado estrategias para las redes y movimientos sociales en la región que puedan utilizar el proceso del convenio para fortalecer su propio trabajo respecto a las empresas y los derechos humanos. Los participantes de la sociedad civil están trabajando actualmente en el desarrollo de un pronunciamiento conjunto que establezca sus principales demandas para el convenio.

Debido a que el rol anticipado del sector privado como financiador e implementador de la próxima agenda de desarrollo sigue creciendo, el proceso de elaborar un nuevo marco es una oportunidad para la sociedad civil de confrontar la narrativa que asume que se puede confiar en que los actores empresariales –ante la ausencia de regulaciones vinculantes- actuarán en alineamiento con los objetivos de un desarrollo equitativo y sostenible y con los derechos humanos. El Grupo de Trabajo Intergubernamental establecido según la Resolución se reunirá por primera vez en Ginebra en julio, iniciando la siguiente fase en este nuevo y crucial proceso.

Para mayor información sobre este proceso, diríjase a la web de la iniciativa por el tratado.

Para mayor información sobre el trabajo de APWLD sobre obligaciones extraterritoriales, visite su página web.