Declaración conjunta de los participantes en la consulta regional Asia-Pacífico

Fecha de Publicación: 
Lunes, 22 Junio 2015

Declaración conjunta de los participantes en la consulta regional Asia-Pacífico sobre un Tratado relativo a empresas trasnacionales y otras empresas y los derechos humanos. Por favor descargue la declaración (en inglés) aquí. 

Declaración conjunta

Peticiones de la sociedad civil de Asia-Pacífico sobre el Tratado legalmente vinculante sobre empresas y derechos humanos

Esta declaración tiene su origen en la consulta regional de Asia-Pacífico sobre el Tratado jurídicamente vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos, entre el 1 y el 3 de mayo de 2015 en Chiang Mai, Tailandia, co-convocado por la Red Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales  (Red-DESC), la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y Asia Pacific Forum on Women, Law & Development (APWLD).

NOSOTROS, los abajo firmantes, miembros de la sociedad civil de Asia-Pacífico, que representan diferentes grupos, movimientos y organizaciones, reconocemos la experiencia y resistimos a las violaciones de derechos humanos cometidas por las empresas transnacionales (ETN) y otras entidades comerciales. Protestamos enérgicamente por el impacto de violaciones directas e indirectas de las empresas transnacionales y otras entidades comerciales, que destruyen vidas, culturas, medios de vida, el medio ambiente y afectan profundamente a las mujeres, niños, campesinos, trabajadores y pueblos indígenas. Damos la bienvenida a la Resolución 26/91 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que obliga a un grupo de trabajo intergubernamental a la elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante para regular, en el derecho internacional de los derechos humanos, las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales.

Nos unimos colectivamente para exigir la rendición de cuentas corporativa para violaciones de los derechos humanos y para corregir el grave desequilibrio entre el poder corporativo y el poder de la gente. Exigimos firmemente que nuestros gobiernos protejan, respeten y cumplan los derechos humanos y se comprometan a promulgar leyes eficaces para la rendición de cuentas de las empresas. Urgimos a todos los gobiernos a participar activamente en el desarrollo de un tratado jurídicamente vinculante sobre las empresas y los derechos humanos en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Como personas y organizaciones de la sociedad civil, exigimos un fin a las violaciones de los derechos humanos perpetradas con impunidad por las empresas transnacionales y otras entidades comerciales, a menudo con la complicidad o la inacción de los Estados. Hacemos las siguientes demandas de un tratado jurídicamente vinculante:

  • La adopción de una definición amplia de las empresas transnacionales, que abarque empresas matrices, subsidiarias y contratistas y asegure la rendición de cuentas completa de la cadena de suministro.
  • Un "no" a la participación de las empresas en el proceso de elaboración y la adopción del tratado. El sector privado se ha resistido activamente a la responsabilidad legal por el impacto de sus acciones y a la Resolución 26/9 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en materia de derechos humanos, A / HRC / 26 / L.22 / Rev.1, 26 de junio 2014. Este tratado debe ser formulado con las prioridades e intereses de las personas afectadas, las comunidades, los pueblos y las mujeres y los hombres en su corazón;
  • La inclusión de una disposición que prohíba explícitamente la captura corporativa de los procesos políticos, incluyendo la connivencia y la complicidad entre los gobiernos y los agentes empresariales. Como mínimo, esto debería tomar la forma de un requisito para que no exista conflicto de interés en la aprobación del gobierno de los proyectos del sector empresarial;
  • La inclusión de una disposición que obligue a la transparencia y la divulgación de información financiera de las empresas transnacionales, que debe ponerse a disposición del público en consonancia con el derecho del público a acceder a la información relativa a las operaciones privadas que tienen impacto público, incluso para los proyectos financiados por instituciones financieras internacionales;
  • El fin de la impunidad de las violaciones de los derechos humanos causadas por las empresas transnacionales, incluyendo pero no limitando a que establezca la responsabilidad penal por las empresas, sus empleados, y los gobiernos y los funcionarios públicos cómplices de la actividad ilícita de las empresas transnacionales;
  • Responsabilidad por los impactos directos, indirectos, a corto y largo plazo de la actividades corporativas, incluyendo impactos remotos, acumulativos o "down-stream";
  • Afirmación de la primacía de las obligaciones de derechos humanos de los gobiernos sobre la Carta de las Naciones Unidas y los tratados internacionales, y leyes aduaneras sobre las obligaciones en los acuerdos de comercio e inversión.
  • Un rechazo de mecanismos coercitivos de aplicación en virtud de acuerdos comerciales y de inversión que son incompatibles con las obligaciones de derechos humanos de los gobiernos, incluyendo la solución de controversias Inversionista-Estado.
  • Las disposiciones deben ser progresivas y asegurar que no haya regresión de las normas internacionales de derechos humanos existentes, incluidos los convenios fundamentales de la OIT y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que reconoce el derecho de las mujeres a la igualdad sustantiva con los hombres;
  • La inclusión de disposiciones que reconozcan el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado (CLPI) como corolario de su derecho internacionalmente reconocido a la libre determinación; para los pueblos no indígenas, el consentimiento debe ser asegurado a través de un proceso directo y participativo de consulta que respete el derecho a la participación.
  • Una prohibición explícita de la venganza corporativa o del gobierno contra defensores de los derechos humanos, incluyendo la represión de las protestas, vigilancia y otras formas de intimidación y daño.
  • Una prohibición explícita del uso de la seguridad nacional, incluyendo fuerzas militares o paramilitares, para asegurar los proyectos corporativos.
  • El establecimiento de un tribunal o un mecanismo para recibir, investigar y resolver las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por las empresas transnacionales internacionales. Las decisiones de este mecanismo deben basarse en las obligaciones de los gobiernos y las empresas en relación con las normas internacionales de derechos humanos y la igualdad de género y deben ser jurídicamente vinculantes.

Acordado por los miembros de la sociedad civil de Asia-Pacífico abajo firmantes.

Apoyado por:

  1. SENTRO ng mga Nagkakaisa at Progresibong Manggagawa, Philippines
  2. Tebtebba – Indigenous Peoples’ International Center for Policy Research and Education, Philippines
  3. International Rivers, International
  4. Center for Trade Union and Human Rights, Philippines
  5. AshaParivar, India
  6. National Alliance of People’s Movements (NAPM), India
  7. Socialist Party of India
  8. National Fisheries Solidarity Movement (NAFSO), Sri Lanka
  9. Citizen News Service (CNS), India
  10. IBON International, International
  11. Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP), Thailand
  12. Pesticide Action Network- Asia and the Pacific (PANAP), Malaysia
  13. Community Resource Centre (CRC), Thailand
  14. The Philippine Alliance of Human Rights Advocates (PAHRA), Philippines
  15. AlyansaTigil Mina (ATM), Philippines
  16. Indonesia for Global Justice, Indonesia
  17. Community Legal Education Centre (CLEC), Cambodia
  18. POSCO Pratirodh Sangram Samiti (PPSS), India
  19. Tavoyan Women’s Union, Cambodia
  20. Solidaritus Perempuan (SP), Indonesia
  21. Tanggol Bayi (Defend Women), Philippines
  22. Tanggol Kalikasan, Philippines
  23. Center for Human Rights and Development, Mongolia
  24. Shwe Gas Movement (SGM), Burma
  25. Asia Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)
  26. Leitana Neihan Women’s Development Agency (LNWDA), Papua New Guinea
  27. Fumi Suzuki, Space Allies/Allies Law Office, Japan
  28. S.K.Priya, M/s Vasudevan & Priya, India
  29. Rolando R. Recto, Tanggol Kalikasan, Inc., Philippines
  30. Dwi Astuti, Bina Desa/InDHRRA, Indonesia
  31. Indonesia for Global Justice, Indonesia
  32. Azra Talat Sayeed, Roots for Equity,  Pakistan
  33. Emelia Yanti Siahaan, Federation of Indonesian Trade Union – GSBI, Indonesia
  34. Francesca Feruglio, Nazdeek, India
  35. Shalini Bhutani, Legal Researcher & Policy Analyst, India
  36. Julia Mehboob, Development Organization for Social Transformation (DOST), Pakistan
  37. Prasant Paikray, PPSS, India
  38. Wanee Bangprapha Thitiprasert, Research and Advocacy for Women Network, Peace and Culture Foundation,Thailand
  39. Ravadee Prasertcharoensuk, Sustainable Development Foundation, Thailand
  40. Duke Ivn Amin, JAGO NARI, Bangladesh
  41. Zanaa Jurmed, Center for Citizen’s Alliance, Mongolia
  42. Atta Ul Haq, Youth Association for Development, Pakistan
  43. Ms. Sor.Rattanamanee Polkla, Community Resource Centre, Thailand
  44. Waliullah Ahmed Laskar, Barak Human Rights Protection Committtee (BHRPC), India
  45. Geetha Lakmini, National Fisheries Solidarity Movement, Sri Lanka
  46. Rina Anastacio, Migrante International, Philippines
  47. Francesca Feruglio, Nazdeek, India
  48. Vanaja Ramprasad, Green Foundation, I
  49. Herman Kumara, National Fisheries Solidarity Movement, Sri Lanka
  50. Kirity Roy, Banglar Manabadhikar Suraksha Mancha (MASUM), India
  51. Strauss Fernandez, Alternate Forum for Research in Mindanao, Philippines
  52. Mala Liyanage, Sri Lanka
  53. R. Nadaraja, Workers’ Solidarity Union (WSU), Sri Lanka
  54. P.Logeswary, Human Development Organization (HDO), Sri Lanka
  55. C. Lalremruata, Zo Indigenous Forum, India
  56. P.P. Sivapragasam, Coalition of Agriculture Workers International (CAWI), Malaysia / Sri Lanka
  57. Jannie Lasimbang, Jaringan Orang Asal SeMalaysia (Indigenous Peoples Network of Malaysia), Malaysia
  58. Maria Aurora T.W. Tabada, Institute for Strategic Research & Development Studies, Philippines
  59. Gyanendra Pun, Youth Federation of Indigenous Nationalities, Nepal
  60. Rosanne Trottier, Sawang Boran, Thailand
  61. KONTRAS (The Commission for The Disappeared and Victims of Violence), Indonesia
  62. Ergilio Ferreeira Vicente, Covalima Youth Centre, Timor Leste
  63. Debjeet Sarangi, Living Farms, India
  64. Meng Chuo Wong, Institute for Development of Alternative Living, Malaysia
  65. Colin Nicholas, Center for Orang Asli Concerns, Malaysia
  66. Ahmad Farouk Musa, Islamic Renaissance Front, Malaysia
  67. Lenin Raghuvanshi, PVCHR, India
  68. Wasim Wagha, DAMAAN Development Organization, Pakistan
  69. Chennaiah, APVVU, India
  70. Sakiul Millat Morshed, SHISUK, Bangladesh
  71. Antonio Tovar, Farmworkers Association of Florida, USA
  72. Anne Lasimbang, PACOS Trust, Malaysia
  73. Kaushalya Munda, Bharat Munda Samaj, India
  74. Agnes Kharshiing, Civil Society Women’s Organization, India
  75. Romeo F. Quijano, Pesticide Action Network Philippines, Philippines
  76. Alfonso van ZIjl, Multi-Sectoral Action Group (MSAG) of Aurora, Philippines
  77. Sipra Devi, Nivedita Foundation, India
  78. Anuj Sitoula, Environment and Development Research Center, Nepal
  79. Thun Saray, Cambodian Human Rights and Development Association ADHOC, Cambodia
  80. Asia Pacific Research Network
  81. Gong, Jeong-hwa, Gwangju Local Council, Consumers Korea, South Korea
  82. Marifel Macalanda, Asia Pacific Indigenous Youth Network, Philippines
  83. Sultana Kamal, Ain o Salish Kendra (ASK), Bangladesh
  84. Henri Tiphagne, People’s Watch, India
  85. All India Network of Individuals and NGOs working with National and State Human Rights Institutions [AiNNI], India
  86. Human Rights Defenders’ Alert -India [ HRDA], India
  87. Working Group on Human Rights India and the UN, India
  88. Sring Imwu, Hong Kong SAR, China
  89. Maruf Barkat, Equity & Justice Working Group, Bangladesh (EQUITYBD), Bangladesh
  90. Sr. Ma. Famita N. Somogod, MSM, Rural Missionaries of the Philippines-Northern Mindanao Sub-Region (RMP-NMR), Inc, Philippines
  91. Bunyuen Sukmai, Thailand Confederation Trade Union, Thailand
  92. Ted Smith, International Campaign for Responsible Technology, USA
  93. Nilufa Akter Eaty, Welfare Association for Development Alternative (WADA), Bangladesh
  94. Valentina Sagala, Institut Perempuan, Indonesia
  95. Strauss Fernandez, AFRIM, Philippines
  96. National Anti-Poverty Commission-Formal Labor and Migrant Workers Sector, Philippines