Durante generaciones, defensores de derechos humanos han luchado para que las cortes nacionales e internacionales reconocieran la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC). Esta lucha ha tenido éxito en varios países, cuyas constituciones consagran los DESC y su justiciabilidad, y, hasta cierto punto, en los sistemas internacionales y regionales de derechos humanos.
Sin embargo, aún no se ha ganado la lucha para realizar los DESC. El desafío que enfrentamos ahora es asegurar que se implementen las decisiones sobre DESC. Lamentablemente, muchas sentencias se quedan en papel, y la falta de implementación implica que las violaciones de DESC siguen. Este problema no solamente restringe el goce efectivo de los derechos humanos, sino que también amenaza la legitimidad del sistema judicial cuyas sentencias se ignoran.
Para contribuir a la discusión sobre la implementación de los casos DESC, Dejusticia ha escrito una guía sobre estrategias para la implementación de este tipo de sentencia, la cual presenta un panorama de los mecanismos de implementación al nivel nacional e internacional, y describe varias estrategias para mejorar la implementación, adoptadas de casos exitosos en países alrededor del mundo. Entre las estrategias que identificamos son (1) retención de la jurisdicción para monitorear cumplimiento, (2) el uso de los indicadores, (3) el uso de expertos y comisiones, (4) intercambios sustantivos, y (5) reformas estructurales.
Un caso que combina aspectos de todas estas estrategias se trata del desplazamiento forzado en Colombia. El desplazamiento interno forzoso representa una violación masiva de los derechos humanos en Colombia. Un conflicto armado interna que se extiende décadas, junto con presiones económicas más recientes, hacen que Colombia tenga la cifra de personas internamente desplazadas (PID) segunda más alta del mundo, casi 5 millones de personas. Lamentablemente, durante años, la respuesta del Estado fue la indiferencia e ineptidud.
En la sentencia T-025 of 2004, la Corte Constitucional de Colombia revise 108 tutelas que alegaron violaciones de los derechos humanos de los PID por el Estado. La Corte declare un estado inconstitucional de las cosas con respecto a las PID, y ordenó al Estado tomar medidas para resolver el problema.
La sentencia de la corte para retener jurisdicción para monitorear la implementación de sus órdenes fue crítica para su éxito, y es la primera estrategia que identificamos para asegurar la implementación de las sentencias judiciales sobre DESC. La Corte utilizó su jurisdicción para verificar el cumplimento del gobierno, emitiendo autos para solicitar información y ordenar el gobierno a tomar medidas específicas.
La Corte monitoreó la implementación de la sentencia a través de dos otros mecanismos. Primero, la Corte solicitó informes de instituciones estatales, organizaciones de PID, ONG, y organizaciones internacionales. Durante este proceso, la Corte ha contado con el apoyo técnico de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, una iniciativa de organizaciones de sociedad civil. La Comisión ha sido fundamental en el proceso de monitoreo, presentando informes sobre la situación de las PID, y evaluando los aspectos técnicos de la política pública. La Comisión cuenta con información y capacidad que la Corte no tiene, lo cual la permite realizar estas labores. Así, la Comisión representa otra estrategia que hemos identificado, el uso de expertos y comisiones para apoyar la Corte con los aspectos técnicos de la implementación, ya que en muchos casos la Corte no tiene los recursos, tiempo, ni capacidad para realizar labores sumamente técnicas.
Además, la Corte emprendió un tipo de “intercambio sustantivo” al iniciar un diálogo entre los peticionarios, el gobierno, y la Comisión con respecto a una implementación inicialmente poco alentadora. El papel de la Corte en guiar este dialogo ayudó contrarrestar el desequilibrio de poder entre los peticionarios y el gobierno. Como fruto de estos diálogos y la experticia del gobierno y la Comisión, la Corte adoptó varios indicadores que permitieron una evaluación objetiva de las políticas públicas para las PID.
Como demuestra esta página, existen muchas más estrategias que pueden aportar a la implementación de sentencias judiciales sobre DESC. Nos interesa escuchar otras estrategias que se han utilizado para asegurar la efectividad de estas sentencias. ¿Cuáles son las factores que determinan el éxito de una sentencia? ¿Qué pueden hacer los litigantes y la sociedad civil para asegurar la futura implementación desde la etapa del litigio, antes de una sentencia? ¿Es el litigio una manera eficaz de realizar los DESC?