Participe en nuestro debate de diciembre, facilitado por CAinfo, acerca de crear vínculos estratégicos entre los indicadores de derechos humanos y la defensa por el derecho a la información

¡Bienvenidos/Bienvenidas a nuestro debate mensual de diciembre! Soy Alejandra Umpiérrez del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo), una organización de la sociedad civil con sede en Uruguay que aboga por el derecho a la información, la libertad de expresión y la participación ciudadana. Me complace facilitar el debate en línea de este mes, que será nuestra última conversación de este año sobre los indicadores de derechos humanos, teniendo como base los debates de octubre y noviembre relacionados con el posible uso de indicadores en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las revisiones de los países ante los órganos de tratados.

Recientemente, CAinfo junto a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) co-organizó un taller regional en el que participaron varios grupos de la sociedad civil y de derechos humanos de la región Latinoamericana, con el objetivo de construir un análisis colectivo y diseñar estrategias en torno al derecho del acceso a la información pública (AIP) como una herramienta para avanzar en el cumplimiento de los DESC. Durante el desarrollo de una agenda de incidencia AIP-DESC conjunta entre las organizaciones participantes en el taller, se identificaron varios obstáculos que son comunes a todos los países de la región, entre ellas:

• una cultura de secreto prevalente, un espectro de diferentes marcos legales y políticos relacionados con el AIP en los países y la inexistencia o mala calidad de los datos y la información en poder de los Estados (es decir, no desglosados adecuadamente, incompletos, obsoletos o poco fiable en muchos casos);
• bajo nivel de utilización de los mecanismos relacionados con el AIP en general, sobre todo por las organizaciones de derechos humanos que trabajan en el campo de los DESC (dificultad que puede estar asociada con la falta de un sistema interno dentro de los grupos de derechos humanos para incorporar el AIP como parte de sus estrategias de intervención, por ejemplo, mediante la asignación de tiempo, recursos y expertise para el desarrollo y seguimiento de los litigios sobre  AIP y la promoción del derecho humano a la información;
• un vacío de información y la falta de conexiones entre las comunidades de AIP,  desarrollo y las organizaciones de defensa de derechos humanos (dando lugar a fragmentados esfuerzos en relación con los acontecimientos regionales e internacionales recientes en los indicadores de identificación, la promoción de la llamada "revolución de datos ", etc.)

¿Resuenan estos obstáculos con las experiencias de otros miembros del Grupo de Trabajo de Monitoreo de todo el mundo? Si es así, estoy ansiosa por escuchar sus comentarios o cualquier otra estrategia que podemos identificar para implementar a través de nuestro trabajo diario.

Permítanme compartir un poco acerca de una nueva iniciativa que CAinfo ha desarrollado en relación al uso del acceso a la información pública como una herramienta estratégica en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas en materia de DESC. En Uruguay, El derecho a la salud es uno de los grandes temas de la agenda pública en el país a partir de la llamada reforma sanitaria por la cual se creó el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) que procura garantizar el acceso universal a este derecho. La implementación de esta política ha presentado múltiples desafíos para el Estado a efectos de establecer controles sobre las instituciones privadas que pasaron a formar parte del SNIS, así como para garantizar la infraestructura y los recursos humanos necesarios en el sector público. Si bien esta reforma logró avances en cuanto a garantizar la cobertura de salud para la población, persisten vacíos en el acceso pleno a la asistencia de salud para diversos colectivos específicos. Asimismo, en Uruguay, el derecho al acceso a la información pública es reconocido ampliamente desde el punto de vista normativo, siendo establecido como un derecho humano y posee protección convencional, constitucional y legal desde el año 2008 al aprobarse la Ley 18.831 de Acceso a la Información Pública. Asimismo, este derecho también se encuentra protegido en el país mediante los compromisos que Uruguay ha asumido al ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP, art. 19), la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (art. 10) y la Convención Americana de Derechos Humanos (art.13).

En este contexto, CAinfo ha decidido desarrollar un proyecto de incidencia basado en la utilización del AIP con el objetivo de trabajar sobre la identificación de la ausencia de una verdadera política pública en torno a tres temáticas específicas: i) salud mental; ii) acceso a la atención a la salud de las personas con discapacidad y; iii) salud sexual y reproductiva de las mujeres. En setiembre de 2015, lanzamos el sitio web www.salud.org.uy, el cual es una herramienta que sistematiza datos sobre salud en posesión de organismos públicos así como también contiene los informes, recomendaciones y observaciones que los organismos internacionales de derechos humanos han realizado a Uruguay sobre la temática. Además, el sitio funciona como repositorio del marco legal vigente y permite visualizar las solicitudes de información pública realizada por diversas organizaciones de la sociedad civil con las que se está trabajando en el marco de ésta iniciativay las respuestas de los organismos públicos para cada una de las áreas. Esperamos que este sitio web nos permita aumentar y fortalecer nuestras demandas de producción de datos e información de calidad sobre el derecho a la salud en Uruguay.

Hemos identifcado varias oportunidades importantes que han surgido recientemente en relación con el creciente interés en, y los esfuerzos para desarrollar, los indicadores relacionados con los DESC. Además de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aprobada en la ONU, en la región de América Latina se ha desarrollado un conjunto de indicadores de progreso para la medición y seguimiento de la aplicación del Protocolo de San Salvador de 1988 (Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). El grupo de trabajo de la CIDH mandató a examinar los informes periódicos de los Estados Parte que ya presentaron indicadores para el primer grupo de derechos (derecho a la salud, seguridad social y educación) en junio de 2014. El desarrollo de indicadores para el segundo grupo de derechos (derecho a la trabajo, alimentación, medio ambiente y cultura) está en marcha, y se espera que los Estados presenten sus informes que contienen la información sobre tales indicadores en junio de 2019. ¿Existen iniciativas a nivel regional similares en África, Asia-Pacífico o Europa ¿Existen iniciativas a nivel regional similares en África, Asia-Pacífico o Europa sobre la presentación de informes de estado basados en indicadores? ¿Cómo, los miembros del Grupo de Trabajo de Monitoreo, planifican maximizar estas oportunidades regionales e internacionales en su trabajo de monitoreo y defensa de los DESC para el año 2016?