La Red-DESC participa en reuniones internacionales sobre derechos humanos al agua, el saneamiento y la vivienda en Detroit

Fecha de Publicación: 
Martes, 16 Junio 2015

La Red-DESC participó en reuniones estratégicas en Detroit, Michigan, sobre la continua negación de derechos humanos al agua potable, el saneamiento y la vivienda a miles de residentes en la antigua capital industrial de Estados Unidos. El encuentro fue coordinado por los líderes de la lucha popular por la justicia –Michigan Welfare Rights Organization (MWRO) y Detroit People’s Water Board Coalition (PWB)— junto con Alice Jennings (abogada principal en el caso que se opone a las interrupciones del suministro de agua potable), UUSC y otras organizaciones de base y sus aliados.

Bret Thiele, co-director ejecutivo de la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (GI-ESCR, por sus siglas en inglés), habló de la presentación conjunta del amicus por parte del Grupo de Trabajo de Litigio Estratégico de la Red-DESC en el caso que cuestiona los cierres del suministro de agua (ver más adelante). En sus comentarios, Bret destacó: “El litigio debe complementar un trabajo de incidencia social más amplio y las estrategias legales deben estar influidas y dirigidas por los movimientos sociales de base”. También señaló: “Independientemente de lo que las autoridades puedan sugerir, tenemos el derecho humano al agua. Los derechos no son concedidos por EE.UU. a través de la ratificación de un tratado, y tampoco los conceden las Naciones Unidas: los derechos humanos son inherentes a todos nosotros como seres humanos. Por lo tanto, la cuestión no es si tenemos o no el derecho al agua, sino por qué se está violando impunemente ese derecho”.

Miembros de la Red-DESC, incluyendo a GI-ESCR y el Programa de Derechos Humanos y la Economía Global (PGHRE, por sus siglas en inglés) de la Facultad de Derecho de la Universidad Northeastern participaron en la Cumbre Jurídica y Legislativa Internacional sobre la Asequibilidad del Agua, el Saneamiento y la Vivienda el 29 de mayo de 2015, mientras casi 200 líderes de organizaciones de base y activistas de derechos humanos, incluyendo el Centro Kairos para las Religiones, los Derechos y la Justicia Social/Iniciativa contra la Pobreza, participaron en la Reunión Internacional de Movimientos Sociales sobre Agua y Vivienda Asequible, que se celebró los días 30 y 31 de mayo. Maureen Taylor, presidenta de MWRO, puso en evidencia la continua lucha por la justicia en vista de las violaciones sistémicas de derechos humanos pero enfatizó la necesidad de unir estratégicamente esta lucha en el país y todo el mundo.

Foto: MWRO

Antecedentes sobre las interrupciones del suministro de agua y ejecuciones tributarias sobre la propiedad en Detroit

El 18 de julio de 2013, la Ciudad de Detroit se acogió a la protección del Capítulo Nueve por bancarrota, la mayor quiebra municipal de la historia de Estados Unidos. En marzo de 2013, Detroit fue entregada a un gestor de emergencia designado por el estado, que disponía de un control casi ilimitado para negociar el futuro de la ciudad. Tal vez lo más preocupante fueron las desconexiones generalizadas y continuas de los servicios de agua potable y alcantarillado, que afectaron a 30.000 hogares en 2014. Estos cierres conmocionaron a la comunidad internacional y provocaron la visita y la declaración de dos relatores especiales de Naciones Unidas centrados en el derecho a la vivienda y el derecho al agua y saneamiento, respectivamente, en octubre de 2014. En respuesta a sus críticas, el gestor de emergencia de Detroit se limitó a insistir en que alguien debía pagar por el bombeo y tratamiento de ese agua. Este “alguien” desafortunadamente se ha traducido en la gente común y corriente, con un impacto especialmente grande en las personas de la tercera edad, con discapacidades o pocos recursos, en lugar de las empresas que siguen recibiendo subsidios fiscales, como Marathon Petroleum, que utiliza millones de litros de agua para refinar arenas betuminosas (aproximadamente unos 30.000 barriles de crudo al día) pero que aun así recibió una deducción fiscal de $175 millones en 2007. Cabe destacar que los residentes de Michigan habían votado en contra de la ley del gestor de emergencias del estado en un referéndum de 2012, sólo para que unas semanas después la legislatura estatal y el gobierno aprobaran una nueva ley de gestión de emergencias más agresiva (Ley Pública 436), que permite al Estado usurpar gobernabilidad democrática, ordenanzas locales y contratos sindicales mientras vende bienes públicos. 

Las interrupciones en el suministro de agua y alcantarillado constituyen un ultraje moral y una violación de derechos humanos en cualquier lugar del mundo, pero son especialmente atroces en medio de la opulencia de Estados Unidos y en ciudad rodeada por el 20 por ciento de las aguas dulces superficiales del mundo. Aproximadamente el 40 por ciento de los residentes de Detroit viven por debajo del umbral oficial de la pobreza y más del 80 por ciento de la población es afroamericana. En 2013, la población total se había reducido a menos de 700.000 personas, menos de la mitad que su tamaño de hace unas décadas, después de que la tecnología y la tercerización del trabajo eliminaran decenas de miles de empleos en la industria automotriz. En los últimos meses, las facturas atrasadas de agua se han sumado a los impuestos sobre la propiedad, por lo que miles de familias afrontan ejecuciones tributarias. Además, los Servicios de Protección de la Infancia están llevándose a niños cuyas familias viven en hogares cuyo suministro de agua ha sido desconectado, en lugar de brindar asistencia financiera para permitir la reinstauración del servicio u opciones alternativas de alojamiento.

Photo: Elaine Cromie / Mlive

Un movimiento de lucha popular se ha enfrentado a las interrupciones, llevando agua en mangueras de casa en casa, creando brigadas del agua y comités de resistencia, protegiendo a los niños de los Servicios de Protección de la Infancia, trabajando con economistas para crear planes alternativos para asegurar la asequibilidad del agua y con abogados para llevar los casos legales, colaborando con las Naciones Unidas y los medios de comunicación internacionales, aumentando la concienciación mediante de la composición de canciones y poemas y consistentemente planteando cuestiones vitales sobre su sociedad, reivindicando los derechos humanos como la esencia de un futuro justo. En julio de 2014, el grupo “Homrich 9”, que incluía a Marian Kramer de MWRO y la Coalición de Derechos Humanos de Highland Park, fue arrestado y afronta cargos por delitos menores por bloquear el paso de camiones que salían de Homrich Corporation. Homrich recibió un contrato de dos años, por $5,5 millones, para ejecutar las desconexiones  de agua en nombre del Departamento de Agua y Alcantarillado de Detroit, que es asesorado por la multinacional francesa Veolia. Marian declaró: “Si lo desconectáis, nosotros lo volveremos a conectar… El agua es un derecho humano. Uno sólo puede sobrevivir tres días sin agua”.

Foto: Katie Bailey / Mlive

La Red-DESC como amicus curiae en el caso Lyda et al v. Ciudad de Detroit

En febrero de 2015, la Red-DESC presentó un informe de amicus curiae apoyando a los demandantes-apelantes. El caso se opone a la decisión de la Ciudad de Detroit de desconectar el suministro municipal de agua y alcantarillado a aproximadamente 30.000 hogares de bajos ingresos, dejándolos sin acceso a agua potable y saneamiento. Estas desconexiones han continuado desde que se presentara la demanda en agosto de 2014. El objetivo del informe era presentarle al tribunal material internacional y comparado con el fin de poner de relieve el hecho de que EE.UU. está vinculado por ciertas obligaciones internacionales de derechos humanos, que esas obligaciones se extienden a todos los niveles del Estado (incluyendo la Ciudad de Detroit) y que la legislación nacional debe ser interpretada de manera consistente con la internacional. Además, a pesar de que EE.UU. no reconoce actualmente un derecho humano al agua (en contraste con la comunidad internacional), el informe confirmó que denegar el acceso agua probablemente constituya la violación de muchos derechos humanos, no sólo el del derecho al agua. Un segundo objetivo del informe de amicus curiae era –mediante la amplia difusión— asistir a otros abogados y activistas que afrontan problemas similares a desarrollar argumentos legales relacionados con las desconexiones de suministro de agua, mediante la referencia a material internacional y comparado relevante, la formulación de argumentos y el intercambio de tácticas legales y de implementación que resultaron exitosas en otras jurisdicciones. El informe es un proyecto conjunto de miembros del Grupo de Trabajo de Litigio Estratégico de la Red-DESC, incluyendo: Center for the Study of Law; Dejusticia, Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights (GI-ESCR); Social Rights Advocacy Centre (SRAC), y Social Rights Institute of South Africa (SERI); con el apoyo de PHRGE. El informe fue aceptado por el presidente del tribunal el 17 de febrero de 2015, pero dos solicitudes por parte de los demandantes-apelantes de audiencias expeditas de momento no han recibido respuesta del juez Hon. Bernard Friedman, de la Corte de Distrito de Estados Unidos, Distrito del Este de Michigan, Distrito del Sur, y parece que el cronograma de la resolución del caso sigue siendo incierta. Sin embargo, este caso legal sigue siendo apenas una táctica en la lucha más amplia por promover los derechos humanos de los residentes de Detroit y, en última instancia, los de todo el mundo.