Empresa hidroeléctrica española se retira de Guatemala gracias a la presión popular

Fecha de Publicación: 
Martes, 3 Enero 2017

El pasado 23 de diciembre de 2016, la empresa española Hidrosantacruz, subsidaria de la también española Hidralia Energía, anunció por medio de un comunicado de prensa su renuncia a la licencia de construcción de la hidroeléctrica Qanbalam, autorizada por el Ministerio de Energía y Minas de Guatemala desde el año 2008.

Concluye así un largo proceso de lucha por parte de varios pueblos y comunidades de Guatemala, especialmente de Barillas, pero también de la solidaridad nacional e internacional. Según informa el Consejo de Pueblos Wuxhtaj, miembro de la Red-DESC, y que ha participado activamente en la lucha contra la construcción del proyecto, "la presencia de la empresa hidroeléctrica en Barillas era insostenible, después de los atentados, la conflictividad provocada para justificar la criminalización, después de la libertad de los presos políticos, al quedar demostrado su responsabilidad en la cooptación del Estado, especialmente de operadores de justicia, funcionarios de gobierno y sus alianzas con la mafia organizada".

En los últimos años, la Red-DESC había realizado diversas acciones colectivas en relación con este asunto, tales como el envío de una carta colectiva al gobierno de Guatemala denunciando la criminalización de defensores de derechos humanos y otra carta colectiva para pedir que garantizaran los derechos de los líderes comunitarios detenidos por su oposición al proyecto así como un juicio justo. Además, bajo el título "No somos criminales, somos defensores de los derechos de los ríos y las montañas", se publicó una petición dirigida al presidente de Guatemala pidiendo la libertad de los presos políticos. 

Como recuerda el Consejo de Pueblos Wuxhtaj, "independientemente, si la empresa se retira de Barillas o no, tendría que responder por las sistemáticas violaciones a derechos humanos cometidas que están debidamente documentadas, deberá responder por el sufrimiento de decenas de familias afectadas, por el tráfico de influencias, las asociaciones ilícitas, entre otras". Además, hacen "un llamado a todos los pueblos y organizaciones a luchar para que la construcción de un modelo energético popular, donde la energía sea para los pueblos y no para las empresas, que garantice que bienes estratégicos deben ser controlados y administrados por los pueblos y no por las corporaciones".