El litigio estratégico con datos sólidos impulsa una mejor implementación de la sentencia sobre el derecho a la educación en Sudáfrica

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El Center for Economic and Social Rights (CESR) y el Legal Resource Centre (LRC) en Sudáfrica fortalecieron de manera efectiva la implementación de un caso estratégico sobre el derecho a la educación en Sudáfrica mediante el uso de una herramienta de marco de monitoreo. 

El acceso a la educación básica para todos está lejos de ser una realidad. En nombre de varias escuelas, el LRC asumió el caso Madzodzo v. Departamento de Educación Básica, para hacer frente al fracaso de Sudáfrica a la hora de garantizar el equipamiento esencial en varias escuelas de la región Cabo Oriental (Eastern Cape).

Previamente, el Tribunal Supremo de Sudáfrica declaró que el hecho de que el gobierno no pudiera hacer frente a los prolongados retrasos en el suministro de escritorios y sillas necesarias en las escuelas era una violación de la Constitución de Sudáfrica, que protege el derecho a la educación básica para todos los sudafricanos. A pesar de esta decisión judicial positiva, la situación sobre el terreno no mejoró.

El caso refleja una tendencia más amplia, de 20 años de litigios sobre derechos socioeconómicos en Sudáfrica, de tribunales que solicitan cada vez más remedios “de diálogo”. A diferencia de los remedios monológicos que detallan órdenes precisas orientadas a resultados, los remedios de diálogo permiten a las agencias gubernamentales retener esa discreción. Efectivamente, las agencias gubernamentales tienen que determinar cómo van a rectificar por sí mismas una violación de los derechos. Desafortunadamente, las agencias gubernamentales con frecuencia no han logrado implementar efectivamente este tipo de mandatos, lo que limita el potencial de transformación de los litigios estratégicos sobre derechos económicos y sociales.

El CESR y el LRC utilizaron el marco de monitoreo de Resultados, Esfuerzos de Políticas, Recursos y Evaluación (OPERA) para llevar a cabo un análisis riguroso de los documentos presentados por el gobierno sudafricano en el caso. A través de OPERA, estas organizaciones identificaron brechas en los planes y la implementación, así como el incumplimiento de los estándares de derechos económicos y sociales. La información recopilada a través del marco de trabajo expuso las causas principales de la falta de implementación, como los pobres sistemas de gestión de la información a nivel escolar, de distrito, provincial y nacional, así como la falta de menciones al mobiliario en los planes de infraestructura para el sistema escolar.

El análisis se utilizó en los procedimientos legales de seguimiento, lo que condujo a una sentencia en febrero de 2016 que estableció obligaciones significativamente más detalladas en términos de acciones correctivas obligatorias. El uso de OPERA finalmente proporcionó una mayor visibilidad y una mayor información accesible sobre violaciones de los DESC. Y lo que es más importante, condujo a la identificación de funcionarios dedicados y con energía, dispuestos a participar en la rectificación de las violaciones de los derechos humanos.

Lea más sobre el Marco OPERA
Lea la nota de prensa de CESR sobre el caso del derecho a la educación en Sudáfrica
Lea el estudio de caso complento sobre el caso del derecho a la educación en Sudáfrica