Victoria de un movimiento social de agricultores indios sobre multinacional del acero

En todo el mundo, movimientos sociales y defensores de los derechos humanos están celebrando la suspensión definitiva del proyecto POSCO-India. El proyecto, que en su momento representaba la mayor fuente de inversión extranjera directa (IED) en la historia de la India, implicaba un complejo masivo de acero integrado que incluía una mina, una operación de fundición y un puerto cautivo, y requería más de 12,000 acres de tierra y el desplazamiento forzoso de hasta 20.000 personas de sus tierras, hogares y medios de subsistencia.

El miembro de la Red-DESC POSCO Pratirodh Sangram Samiti (Movimiento Popular Anti-Posco, o PPSS por sus siglas en inglés) surgió en 2005 después de enterarse de la firma de un Memorando de Entendimiento entre la corporación POSCO de Corea del Sur y el gobierno del estado indio de Odisha, en el noreste del país. PPSS ha mantenido una lucha de doce años para conservar sus tierras y continuar con sus prácticas sostenibles, centradas en el cultivo de la vid de betel, el anacardo, el mango, los arrozales y la producción de camarón.

Un informe publicado en 2013 por la Red-DESC y la International Human Rights Clinic (IHRC) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York encontró que la adquisición de tierras para el megaproyecto había estado acompañada por un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía local y relacionada con graves violaciones y abusos de los derechos humanos a la alimentación, la salud, la vivienda, la educación y el agua, entre otros impactos. Estas conclusiones, junto con el análisis y el liderazgo de PPSS, inspiraron a unos 20 miembros de la Red DESC en la India, Corea del Sur, la Unión Europea y  EE.UU. a emprender una defensa colectiva basada en las obligaciones de derechos humanos del gobierno indio y de la corporación POSCO, así como las obligaciones extraterritoriales de derechos humanos del gobierno surcoreano. También suscitaron protestas de una amplia gama de defensores de derechos humanos y de la responsabilidad corporativa, incluidos ocho titulares de mandatos de los Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas que, en una medida sin precedentes, enviaron en 2013 comunicaciones separadas a los gobiernos de India y de Corea del Sur, además de a POSCO. Sus cartas llamaron la atención sobre las obligaciones extraterritoriales y las responsabilidades de POSCO como una compañía Fortune 500 y pedían al gobierno de India suspender el proyecto hasta que las preocupaciones de derechos humanos se pudieran abordar adecuadamente.

Con el apoyo de estos y otros aliados, frente a la criminalización y la ocupación literal de sus aldeas y escuelas por parte de las fuerzas policiales, el movimiento social de las personas afectadas por el proyecto celebra ahora una victoria. Mientras que acoge con satisfacción la noticia de que el proyecto POSCO-India definitivamente no avanzará, PPSS continúa pidiendo el retorno de todas las tierras que han sido incautadas para el proyecto y el pleno cumplimiento de las protecciones legales existentes para las comunidades reconocidas con respecto a la propiedad y la gestión de la tierra. PPSS también exige que el gobierno de India retire los cientos de cargos criminales falsos o infundados contra los miembros del movimiento social, que, según sus portavoces, han sido utilizados para criminalizar a los aldeanos por actuar en defensa de los derechos humanos.

La cancelación del proyecto POSCO-India también representa una oportunidad clave para que el gobierno de la India adopte un enfoque proactivo para apoyar a las comunidades afectadas, de acuerdo con las obligaciones de derechos humanos existentes y la Agenda de Desarrollo Sostenible. La realización de los derechos humanos en este contexto incluirá, entre otras medidas, investigaciones y remedios apropiados para las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, medidas para crear un entorno propicio para la regeneración y búsqueda de medios de subsistencia, la adopción de enfoques agrarios participativos y sostenibles, un cambio en las políticas y prácticas para que todas las negociaciones o acuerdos reconozcan la función social y cultural de la tierra y los recursos naturales, así como la primacía de las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos sobre los intereses corporativos.

Leer la nota de prensa de la Red-DESC aquí.