24 años buscando justicia por las graves violaciones a los afectados por el proyecto Chixoy

Fecha de Publicación: 
Lunes, 30 Abril 2018

El costo humano de la construcción del proyecto hidroeléctrico Chixoy, ubicado en el Departamento de Alta Verapaz y Baja Verapaz, Guatemala, ha sido inmenso,  de acuerdo con la Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia (ADIVIMA). La organización, que celebró 24 años de existencia el 24 de abril de 2018, lleva un largo camino en búsqueda de la justicia para las personas afectadas por cinco masacres realizados en el pueblo de Río Negro entre 1980 y 1982. Todo esto, en nombre de un proyecto energético.

El proyecto Chixoy se inició en el año 1975 con el financiamiento del Banco Mundial y el Banco Interamericanos de Desarrollo, durante el conflicto armado que afectó el país. En este entonces, el gobierno actual declaró zona de emergencia el sector donde fue planeado la construcción la hidroeléctrica. En este tiempo, el gobierno trató de desalojar a los residentes de la comunidad de Río Negro para facilitar la implementación de la obra inminente, pero las familias negaban a dejar a sus tierras. Fueron aquellas familias, en particular, quienes sufrieron ataques – muchos fatales – perpetrados por el ejecito y los grupos de “autodefensa” quienes fueron organizados para confrontar a los combatientes guerrilleros. En octubre del año 1993 se descubrieron 177 osamentas (de estas 107 eran niños y 70 mujeres) en un cementerio clandestino; otros restos semejantes fueron hallados en subsecuentes instancias. En todo, se aproxima que 444 personas fueron masacradas por el régimen militar por negarse a dejar sus tierras para el proyecto entre 1981 y 1983.

La rendición de cuentas referente a estas atrocidades ha sido lento y inadecuado, de acuerdo con ADIVIMA. En septiembre de 2004, un convenio entre el Gobierno y la representación de las 33 comunidades fue firmado, con la intención de buscar solución a las demandas de los afectados. En el año 2010, junto con las comunidades afectadas, el gobierno se comprometió de implementar un plan de reparación por los daños causados, que contiene cinco medidas de reparaciones a favor de las familias. Estos van desde cambio paradigmático, garantía de no repetición, medidas de rehabilitación, de dignificaron, de restitución y la medida e indemnización económica. El plan compromete al equivalente de unos 160 millones de dólares (US). En 2012, Guatemala fue condenado por violaciones de los derechos humanos de los habitantes de Río Negro, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Luego de esto, un Acuerdo Gobernativo adoptado en 2014 dio certeza jurídica y política la implementación del plan de reparaciones.

No obstante, de acuerdo con ADIVIMA, en los últimos años la implementación del plan de reparación ha sido desatendido y paralizado.  Además de ser un abandono de sus obligaciones en materia de justicia, se denuncia el comportamiento de algunos integrantes de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (COPREDEH) hacia los sobrevivientes de las graves violaciones a los derechos humanos, lo cual se ha caracterizado como racista y discriminatoria. Los defensores de los derechos humanos de la zona alegan que las acciones tomadas por estos funcionarios, junto con la falta de medidas proactivas para implementar el plan de reparaciones ha resultado en la revictimización de aquellas personas que siguen buscando justicia frente los hechos de varias décadas atrás.

Ante estos hechos, al presidente y vicepresidente de la Republica de Guatemala, ADIVIMA les insta a que proceden a actuar, de manera urgente, en cumplimiento del plan de reparación. Por mientras, al Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, solicitan una investigación ante los actos supuestamente cometidos por algunos funcionarios del Estado.

ADIVIMA agradece la solidaridad y acompañamiento de las organizaciones y movimientos sociales alrededor del mundo, durante este proceso, y reanuda su compromiso de continuar en la búsqueda de justicia en Alta Verapaz.