CELS y Movimiento Nacional Campesino Indígena instan a la Corte Suprema Argentina sobre derechos humanos y semillas

Una nueva solicitud de acción amicus curiae insta a la Corte Suprema de Argentina a adoptar un enfoque de derechos humanos en relación con la normativa nacional de semillas. La solicitud, realizada por el Centro de Estudios Legales y Sociales, miembro de la red, y por el Movimiento Nacional Campesino Indígena, supone un desafío para la apuesta de la empresa Monsanto por garantizar la protección mediante patente de las semillas modificadas genéticamente en Argentina.

La protección de las semillas mediante patente podría tener un efecto negativo para los derechos de los pueblos indígenas, de los pequeños agricultores y de la población argentina en general. Aunque la actual legislación permite que los agricultores utilicen semillas de segunda reproducción sin abonar las regalías, la aparición de patentes de semillas podría ocasionar perjuicios como la destrucción de plantaciones, la confiscación de semillas o la imposición de tasas arbitrarias a los pequeños agricultores.

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«Existe un vínculo estrecho entre la regulación de semillas y la satisfacción de derechos humanos de la población», según ha afirmado el CELS. Al imponer patentes a las semillas se crearía un monopolio legal, lo cual vulneraría los derechos individuales y colectivos al trabajo, a una alimentación adecuada, a un entorno saludable y a la biodiversidad, tal y como explicó el CELS.

La cuestión de las patentes de semillas está asimismo relacionada con otros asuntos preocupantes como la posibilidad de que los grandes agricultores provoquen la desaparición paulatina de las variedades vegetales locales. Además, la utilización de semillas modificadas genéticamente está a menudo vinculada con la promoción corporativa de agrotoxinas con las que se pretende garantizar un alto rendimiento y que podrían repercutir en el medio ambiente y en la salud pública.

El debate en Argentina suscita las mismas preocupaciones que ya han expresado a nivel internacional personalidades como el antiguo Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación. Tal y como expresó el antiguo relator Olivier De Schutter en un informe del año 2009 sobre la política de semillas y la propiedad intelectual, «[e]l derecho a la alimentación nos obliga a fijar como objetivo fundamental de nuestros esfuerzos las necesidades de los grupos más marginados, entre ellos y en particular, los pequeños agricultores de los países en desarrollo». La solicitud de intervención de Monsanto Technology LLC c/Instituto Nacional de Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente insta a la Corte Suprema de Argentina precisamente a esto.