Miembros ayudan avanzar acuerdo regional sobre justicia ambiental
Fecha de Publicación:
Lunes, 29 Octubre 2018
Los miembros de la Red-DESC Amnistía Internacional (AI), Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Asociados por lo Justo (JASS) (JASS), Association for Women's Rights in Development (AWID), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (CAinfo), Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Conectas Direitos Humanos, Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Front Line Defenders, Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho – FESPAD, FUNDAR Centro de Análisis e Investigación, Observatorio Ciudadano (OC), Project on Organizing, Development, Education, and Research (PODER) and Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) (OMCT) se han unido a la sociedad civil en América Latina y el Caribe para impulsar el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (también conocido como el Acuerdo Escazú).
En toda la región, las industrias extractivas y otros proyectos que causan daños ambientales han ocasionado conflictos entre, por un lado, las empresas y los gobiernos que promueven estos proyectos y, del otro, las comunidades –muchas veces de pueblos indígenas- que son afectadas por los impactos ambientales negativos. En repetidas ocasiones América Latina y el Caribe han sido nombradas las regiones más peligrosas para la defensa del medio ambiente y la oposición a su explotación a gran escala. Un informe reciente de Global Witness estima que el 60% de los asesinatos de defensores de los derechos humanos ambientales ocurridos a nivel mundial durante 2017 tuvieron lugar en América Latina.
Desarrollado dentro del marco de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Acuerdo Escazú es legalmente vinculante y garantizaría una mayor participación de las comunidades y el acceso a la información respecto a proyectos con un impacto ambiental, así como el acceso a la justicia en el caso de violaciones a sus derechos. En concreto, el acuerdo incluye una sección sobre las responsabilidades de los estados en lo que respecta a la protección de los defensores de los derechos humanos en América Latina y el Caribe.
El Acuerdo Escazú fue adoptado en marzo de 2018 y fue presentado para su firma por los 33 estados miembros de América Latina y el Caribe en una ceremonia de suscripción durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2018. La sociedad civil de la región y sus aliados globales han abogado ante sus gobiernos, así como ante terceros países para lograr reunir las 11 firmas y ratificaciones necesarias para que el acuerdo entre en vigencia. Catorce gobiernos firmaron el Acuerdo durante la ceremonia.
La firma y ratificación del Acuerdo Escazú por países de América Latina y el Caribe sería un importante paso para garantizar que las comunidades puedan participar en decisiones que afectan sus vidas, así como para proteger a quienes se manifiestan legítimamente en contra de proyectos que afectarán negativamente el medio ambiente en sus comunidades.
Para más información sobre el Acuerdo Escazú, por favor visite esta página.