Lanzamiento de la base de datos de las empresas involucradas en asentamientos israelíes

Fecha de Publicación: 
Martes, 19 Marzo 2019

La semana pasada, los miembros de la Red-DESC pidieron a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que divulgara públicamente la base de datos de las empresas de la ONU que participan en actividades con los asentamientos israelíes. Esto se produjo después de que Bachelet anunciara en una carta al presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH), un organismo de 47 Estados miembros, que su oficina (ACNUDH) retrasará la publicación de la base de datos. Todavía no ha fijado ninguna fecha para ello.

En respuesta a la carta de Bachelet, Al-Haq envió sus propias cartas a los Estados miembros de la ONU con representantes diplomáticos en el Territorio Palestino Ocupado (TPO), pidiendo a los Estados a que insten a Bachelet a divulgar rápidamente la base de datos al público. Estas cartas recordaron a los estados miembros de la ONU la ilegalidad de las actividades de asentamiento israelíes y destacaron que la base de datos era una mera herramienta para facilitar la regulación de las actividades de las empresas, advertir a las empresas de los posibles riesgos (legales y de otro tipo) y reducir los impactos negativos de las actividades de las empresas sobre los derechos humanos en el TPO. Un sentimiento ya expresado por los Estados miembros del CDH en una resolución de 2016, que ordenó la creación de esta base de datos.

Al-Haq también lanzó una acción en las redes sociales para instar al ACNUDH, al CDH y a los Estados miembros a cumplir con sus propios compromisos y publicar la base de datos de las empresas involucradas en los asentamientos ilegales en Israel.

Amnistía Internacional también presentó una declaración al CDH en favor de la base de datos. Amnistía hizo hincapié en que la elaboración, la publicación y la actualización periódica de la base de datos ayudarían a los Estados y a las empresas a cumplir con sus obligaciones y responsabilidades, de conformidad con los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para garantizar la protección y el respeto de los derechos humanos en el TPO.

La declaración de Amnistía se refirió a su informe recientemente publicado que revela cómo las empresas de turismo digital contribuyen y se benefician del mantenimiento, desarrollo y expansión de los asentamientos ilegales. Todas estas actividades constituyen crímenes de guerra conforme al derecho penal internacional. Según Amnistía, estas empresas tienen "el efecto de" normalizar "y legitimar ante la opinión pública lo que el derecho internacional reconoce como una situación ilegal".

El Center for Constitutional Rights (CCR) también lanzó una petición firmada por más de 90 organizaciones de todo el mundo, incluidos miembros de la Red-DESC. Las organizaciones firmantes expresaron su profunda preocupación por retrasar aún más la publicación de la base de datos. Según la petición, "el retraso prolongado de la publicación de la base de datos limitaría la capacidad del Consejo [de Derechos Humanos] de proporcionar transparencia", nombrando específicamente las partes afectadas como "el pueblo palestino, todos los Estados miembros, así como inversionistas que requieren fuentes de datos autorizadas para tomar decisiones de inversión acertadas”.

La petición CCR también se refería a los resultados del Consejo de Derechos Humanos obtenidos de su misión de investigación independiente, fundada en el 2012, que investigó las repercusiones de los asentamientos israelíes en los derechos humanos del pueblo palestino. En su informe oficial de 2013, la misión concluyó que "algunas empresas comerciales han permitido, facilitado y aprovechado, directa e indirectamente, la construcción y el crecimiento de los asentamientos".

Hace casi tres años, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU votó a favor de establecer esta base de datos de empresas involucradas en actividades comerciales con asentamientos israelíes en el TPO. La resolución solicitó que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos elabore una base de datos, en estrecha consulta con el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas.

Los retrasos adicionales en la publicación de la base de datos previamente encomendada y la continua falta de transparencia entre el ACNUDH y las comunidades afectadas pueden socavar tanto la oficina como la base de datos que elabora. Además, estos retrasos promueven la idea de que la ONU permite una cultura de impunidad empresarial para que se cometan más abusos a los derechos humanos, no solo en el TPO sino también en el mundo entero.