Miembros ponen en evidencia el impacto de la minería en el medio ambiente y las personas defensoras en Mongolia

Fecha de Publicación: 
Miércoles, 4 Diciembre 2019

Un reciente informe conjunto de los miembros de la Red-DESC, Centre for Human Rights and Development - Mongolia (CHRD-Mongolia) y Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA) pone de manifiesto el impacto negativo en el medio ambiente y las personas defensoras de los derechos humanos (DDH) causado por las industrias extractivas en Mongolia. El informe está basando en una misión investigadora de mayo de 2019 en las provincias del noreste de Khentii y Dornod y analiza el impacto de varios proyectos extractivos, incluido el de la empresa minera canadiense, Steppe Gold.

Las industrias extractivas han asumido un papel cada vez más prominente en la economía de Mongolia. En un intento por regular las operaciones de extracción en el país, CHRD-Mongolia y otros actores de la sociedad civil llevaron a cabo una exitosa incidencia para que exista una legislación sobre divulgación pública y consultas significativas con las comunidades locales. Sin embargo, gran parte de la legislación relativa a las operaciones extractivas en Mongolia se está aplicando de manera inadecuada y se ha diluido debido a la presión política ejercida por las industrias extractivas. Además, una serie de iniciativas para impulsar la inversión extranjera en Mongolia, la mayor parte en minería, ha creado un entorno que favorece fuertemente a las empresas y los inversionistas. Como resultado, las empresas extractivas han violado repetidamente los derechos de las comunidades locales a vivir en un ambiente seguro y saludable, y el gobierno no ha cumplido su deber a la hora de garantizar la rendición de cuentas de las empresas por las violaciones de las regulaciones ambientales.

Debido a que el gobierno no ha asegurado la rendición de cuentas de las empresas, las comunidades locales han comenzado a organizarse para proteger su medio ambiente. Muchas comunidades afectadas por las operaciones de las industrias extractivas no han sido consultadas de manera significativa y están cada vez más preocupadas ante el riesgo de que se lleve a cabo un proceso extractivo altamente contaminante en las proximidades de las fuentes de agua, algo que violaría la legislación nacional. Esto ha llevado a algunas comunidades a protestar por las operaciones, mientras que otras comunidades parecen tener una opinión más favorable en vista de los beneficios económicos de las operaciones mineras. Esto ha causado tensiones y divisiones entre las comunidades vecinas y el informe expresa preocupaciones concretas de que estalle la violencia entre estas comunidades.

Del mismo modo, las personas defensoras de los derechos humanos (DDH) enfrentan acoso y amenazas debido a su trabajo legítimo para proteger la Tierra y el medio ambiente. El informe especifica que las amenazas mediante llamadas telefónicas son una de las principales estrategias para intimidar a los/las DDH y sus familias. La calumnia también se usa ampliamente para desacreditar a los/las DDH que se oponen a las actividades mineras, acusándoles de tener intereses económicos ocultos. Pruebas  fotográficas también muestran a manifestantes siendo golpeados por el personal de seguridad privada de Steppe Gold, uno de los principales actores en las operaciones mineras del país. Una de las defensoras de derechos humanos permaneció detenida por el personal de seguridad de Steppe Gold durante cinco horas, durante las cuales fue acosada sexualmente. Estos ataques contra las personas defensoras de los derechos humanos se llevaron a cabo con total impunidad: no se investigaron las amenazas denunciadas y el médico local se negó a emitir certificados médicos que mostraran las lesiones sufridas por las palizas.

Estos ataques son parte de una tendencia global más amplia de ataques contra los/las DDH ambientales, particularmente en el contexto de las industrias extractivas. Numerosos informes destacan repetidamente los peligros de proteger el medio ambiente. Según el Análisis Global 2018 realizado por la organización Front Line Defenders (The International Foundation for the Protection of Human Rights Defenders) –miembro de la Red-DESC—, el 77% de los/as DDH asesinados/as en 2018 defendían derechos a la tierra, el medio ambiente o de los pueblos indígenas.

Durante años, miembros y aliados de la Red-DESC han trabajado colectivamente para abogar por un tratado firme en las Naciones Unidas para prevenir y remediar las violaciones de los derechos humanos cometidas por las empresas. Recientemente los miembros se unieron a las negociaciones en Ginebra para un tratado legalmente vinculante. Para acceder al documento de posición colectiva, consulte aquí.

Puede leer el informe completo de CHRD-Mongolia y FORUM-ASIA (en inglés o mongol) aquí.