Para Vale y sus socios comerciales: reparaciones y responsabilidad frente a las víctimas ya

Numerosos defensores de los derechos humanos han estado alertando a la opinión pública sobre los peligros que presenta la represa de Vale para el pueblo de Brumadinho, Brasil. El 25 de enero de 2019, la represa explotó y provocó una ola de barro tóxico que mató o hizo desparecer a más de 300 personas, en lo que fue la mayor tragedia minera del mundo de este tipo en medio siglo.

Un desastre prevenible y anunciado, Brumadinho ejemplifica el resultado de la problemática relación estrecha que el gobierno de Brasil mantiene con las empresas mineras dentro de sus fronteras. Las disposiciones de seguridad minera de Brasil son conocidas por ser muy poco estrictas. Aunque informes recientes indican que Brasil podría finalmente escuchar las advertencias de los defensores de los derechos humanos fortaleciendo las protecciones de seguridad de las minas, está muy bien documentada la robusta influencia que posee Vale en la región. Vale y sus socios responsables de la tragedia de la represa Mariana de noviembre de 2015 (que en su momento se consideró la peor catástrofe ambiental de la historia de Brasil) todavía no han debido asumir su responsabilidad más de tres años después: se impusieron multas y se presentaron denuncias penales, pero el caso todavía no ha sido sometido a un juicio completo.

Photo: Rogério Alves/TV Senado, edited with overlay of satirized Vale logo

Esta dinámica de inmunidad estatal y corporativa no es exclusiva de Brasil. El Proyecto de Captura Corporativa de la Red-DESC ha estado llamando la atención sobre gran cantidad de prácticas que se han vuelto normales a escala global. Utilizamos el término “captura corporativa” para ilustrar cómo las relaciones entre empresas y gobiernos debilitan las instituciones y los procesos estatales responsables de asegurar el respeto, la protección y el cumplimiento de nuestros derechos humanos.

Un mes después de que la tragedia de Brumadinho arrasara con cientos de vidas, los inversores del sector minero ya están publicando sus especulaciones sobre cómo, “Vale tal vez presente una oportunidad única de valor” y cómo, bajo el nuevo gobierno del presidente Bolsonaro, “la empresa muy probablemente podrá aprovechar estas nuevas reformas para incrementar sus ganancias”.

Frente a la captura corporativa y la impunidad resultante, la Red-DESC se une a 86 organizaciones de la sociedad civil para exigir a las empresas e inversores directa e indirectamente vinculados a Vale que se aseguren de que Vale proporcione reparaciones a las víctimas y garantice que esta tragedia nunca se repetirá. Todos los socios comerciales y los actores de la cadena de suministros de Vale están afectados al permitir que Vale perpetúe desastres prevenibles que afectan a los derechos humanos.

“Todas las empresas poseen la obligación de la diligencia debida a fin de identificar, prevenir, mitigar y responder a las consecuencias negativas de sus actividades sobre los derechos humanos y el medio ambiente”.

Leer a continuación el resto de las cartas iniciadas por los miembros Justiça Global y FIDH, aliados a Justiça nos Trilhos. El Grupo de Trabajo de Rendición de Cuentas Corporativa de la Red-DESC revisó, apoyó y ayudó a difundir estas cartas, y numerosos miembros las firmaron también en su propio nombre, incluyendo: ALTSEAN-Burma, Center for Constitutional Rights (CCR), Center for International Environmental Law (CIEL), Comité Ambiental en Defensa de la Vida, Conectas, Due Process of Law Foundation (DPLF), Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), Pakistan Fisherfolk Forum, Project on Organizing, Development, Education, and Research (PODER), y The Movement for the Survival of the Ogoni People(MOSOP).