La alianza entre élites corporativas y políticas socavan los derechos humanos en EE.UU.
El miembro de la Red-DESC Center for Constitutional Rights publicó recientemente un nuevo informe (disponible solo en inglés) sobre la captura corporativa en Estados Unidos en colaboración con Dream Defenders, Palestine Legal, The Red Nation y la US Campaign for Palestinian Rights.
La captura corporativa tal como la entienden los miembros de la Red-DESC se refiere a los medios por los cuales una élite económica socava la realización de los derechos humanos y perjudica el medio ambiente al ejercer una influencia indebida sobre las instituciones públicas y los responsables de tomar decisiones en el ámbito nacional e internacional.
El informe revela la influencia ejercida por el American Legislative Exchange Council (ALEC) en la política de EE.UU. y sus impactos negativos en los derechos humanos de las comunidades marginadas. ALEC es una alianza de empresas, fundamentalistas religiosos y élites políticas conservadoras en EE.UU. que surgió en respuesta al éxito relativo de los movimientos progresistas en el país.
Desde su fundación, ALEC ha promovido una legislación modelo controvertida para impulsar intereses corporativos y conservadores principalmente en detrimento de los grupos minoritarios en EE.UU. La legislación modelo consiste esencialmente en un proyecto preempaquetado que los representantes electos pueden presentar en sus jurisdicciones para que se vote como ley. Entre las leyes controvertidas promovidas por ALEC se encuentra la llamada ley de “defienda su territorio”, que permite a una persona usar la fuerza letal si siente que su seguridad está amenazada. La ley del “derecho al trabajo”, también respaldada por ALEC, a pesar de su nombre positivo socava los derechos de los trabajadores y restringe el poder de los sindicatos. Del mismo modo, ALEC ha emprendido esfuerzos para limitar los derechos de aborto y ha presionado contra las regulaciones ambientales.
En 2016, surgió un movimiento de resistencia liderada por los indígenas contra la construcción del oleoducto Dakota Access (DAPL) debido a las preocupaciones de los impactos ambientales que podrían resultar de una ruptura del oleoducto. Esto se encontró con la reacción violenta por parte de los políticos que buscaban criminalizar la protesta. Citando las protestas en torno a DAPL, el estado de Oklahoma introdujo una ley para “proteger infraestructura crítica”, que impone sanciones severas por traspasar o causar daños a “cualquier instalación de infraestructura crítica”, que se refiere en gran medida a las instalaciones industriales de fabricación relacionadas con la energía. Partiendo de la legislación de Oklahoma, ALEC redactó una legislación modelo para criminalizar la resistencia a la “infraestructura crítica”, que desde entonces ha sido adoptada en varios estados del país.
Estos esfuerzos no solo se están viendo en EE.UU. Son parte de una tendencia global que quiere cerrar el espacio cívico en el que los gobiernos, a menudo en connivencia con los actores corporativos, buscan limitar cada vez más la participación pública en los procesos de toma de decisiones y castigar a aquellos que oponen resistencia a la agenda política y económica promovida por estos actores.
El informe concluye con sugerencias sobre cómo luchar contra la captura corporativa mediante la incidencia política, medidas legislativas y mediante la participación en el proceso para desarrollar el Tratado de las Naciones Unidas sobre Empresas Transnacionales y Otras Empresas Comerciales, así como recomendaciones concretas sobre ALEC.