Desmantelando mitos en torno a las políticas fiscales regresivas en América Latina

Fecha de Publicación: 
Lunes, 3 Febrero 2020

En diciembre de 2019, Center for Economic and Social Rights (CESR) publicó un informe titulado “Desmontando la austeridad y otros mitos contra la justicia fiscal en América Latina” que analiza 10 ideas erróneas comúnmente aceptadas sobre por qué son necesarias las políticas de austeridad fiscal. El informe argumenta a favor de reformas tributarias estructurales progresistas que serían redistributivas y, a largo plazo, reducirían la desigualdad, garantizarían los derechos humanos y promoverían el desarrollo sostenible.

 

El documento reconoce que es urgentemente necesaria una reforma fiscal en América Latina para resolver problemas complejos, como abordar el cambio climático y mitigar sus consecuencias; erradicar la pobreza e implementar la protección social universal; garantizar los servicios sociales como derechos y cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

 

Desde 2018, América Latina ha sido escenario de una ola de protestas generalizadas contra las medidas de austeridad, las políticas fiscales regresivas y las continuas desigualdades sociales. Por ejemplo, Chile ha sido testigo de violentas protestas a pesar de su crecimiento económico y la disminución de las tasas de pobreza. Sin embargo, la desigualdad en Chile persiste: según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el 1% de la población de Chile posee el 26,5% de su riqueza.

 

El informe reconoce que en los últimos años las instituciones financieras internacionales y regionales han comenzado a coincidir con la sociedad civil en la necesidad de avanzar hacia políticas fiscales progresistas mediante las cuales aquellos con más recursos contribuyan más, aliviando la carga injusta que pesa sobre los sectores de ingresos medios y bajos de la sociedad. Sin embargo, persiste la resistencia a esta proposición, según CESR, arraigada en mitos que responden a los intereses de las empresas y los ricos y que alimenta la asimetría de poder sobre los movimientos sociales y los intereses públicos en general.

 

Los diez mitos que desmonta el informe son:

  1. “La política fiscal es un asunto netamente técnico que poco tiene que ver con los derechos” y cuyas decisiones deberían tomarse exclusivamente en instituciones especializadas o en espacios políticos tradicionales, aunque eso suponga excluir otras voces.

  2. “No hay dinero para tanto derecho”: el informe no niega los desafíos impuestos por los limitados recursos públicos en la asignación de presupuestos para cubrir las necesidades sociales. Sin embargo, subraya el hecho de que dicho argumento se utiliza para mantener el status quo de las restricciones fiscales. Los Estados están obligados a movilizar recursos para cumplir con sus obligaciones de derechos humanos. Estas obligaciones no son abstractas ni inalcanzables. Los Estados tienen el poder de movilizar recursos adicionales y distribuirlos más justamente para cumplir con estas obligaciones.

  3. “El crecimiento económico basta y es lo prioritario”: este mito supone que el crecimiento económico en última instancia provocará la reducción de la pobreza y mejoras en los servicios sociales. Sin embargo, como revela el documento, los economistas y expertos en derechos humanos han afirmado que la reducción de la pobreza no puede ocurrir si no se cuenta con un amplio marco de políticas de redistribución que incluya la gestión fiscal. El informe explica que en los países latinoamericanos, el ingreso per cápita excede la línea de pobreza, lo que sugiere que un paso clave hacia la erradicación de la pobreza son las políticas redistributivas.

  4. “El Estado es excesivamente grande e implica un gasto insostenible”: el informe muestra cómo el gasto público es un componente necesario para garantizar los derechos y reducir las desigualdades.

  5. “El déficit es el gran problema y ​​la sostenibilidad fiscal exige eliminarlo”: según el informe, la fijación de los déficits fiscales podría ser contraproducente para el desarrollo económico y el bienestar colectivo. “Un Estado debe tener la flexibilidad de incurrir en déficits cuando se trata, por ejemplo, de reactiva la economía o de estimularla con inversiones estratégicas si las condiciones de financiamiento se lo permiten”, afirma el informe. “El gasto social o de inversión suele ser el primero en desaparecer, en la medida en que los potenciales afectados carecen del poder y los canales de influencia para que sus intereses sean priorizados por los tomadores de decisiones”.

  6. “En tiempos de dificultad, la austeridad fiscal es el único camino”: el informe afirma que existen alternativas que también pueden tener un impacto menor en los derechos humanos. Los paquetes de austeridad generalmente incluyen severos recortes en el gasto social que pueden conducir a violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales.

  7. “La austeridad es un sacrificio a corto plazo para obtener ganancias a largo plazo”: este argumento, dice el informe, ha demostrado no ser cierto, ya que los beneficios de las medidas de austeridad apenas se han sentido a largo plazo, especialmente porque la carga la deben soportar los menos privilegiados. Además, la baja inversión en derechos sociales perpetúa la pobreza y otras violaciones sociales y económicas. Estas frustraciones a largo plazo están vinculadas a graves conflictos e inestabilidades sociales.

  8. “El sistema tributario debe ser competitivo, y eso se logra bajando impuestos a las corporaciones y a los más ricos”: el informe muestra cómo la reducción de impuestos y la creación de paraísos fiscales en realidad tienen un impacto negativo en los países en desarrollo y reduce drásticamente los recursos estatales y, por lo tanto, su capacidad para cumplir con sus obligaciones de derechos humanos. 

  9. “No es a través del sistema tributario que se puede lograr mayor igualdad”: haciendo referencia al Banco Interamericano de Desarrollo, el informe muestra que los impuestos no son solo una fuente de ingresos para los Estados sino que también son un poderoso instrumento que ayuda a la redistribución de la riqueza y avanza hacia una sociedad más igualitaria en desarrollo.

  10. “Con combatir la corrupción basta y no serían necesarias reformas tributarias estructurales”: el informe subraya que combatir la corrupción, si bien es importante, no hace innecesarias las reformas tributarias. La narrativa que se centra solo en combatir la corrupción ignora la cantidad de recursos perdidos como resultado de los privilegios y paraísos fiscales. Cualquier política fiscal debe ser integral y sostenible con un objetivo claro de reducir las desigualdades.

 

Una política fiscal es un conjunto de instrumentos que rigen las relaciones entre el Estado y sus ciudadanos en asuntos relacionados con los recursos públicos. El informe asegura que la política fiscal es una cuestión de derechos humanos. Sin adoptar un marco de derechos humanos para la política fiscal, estamos negando a diferentes sectores de nuestra sociedad el acceso a los servicios básicos y necesarios.

 

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