Kenya: hay que frenar el hostigamiento judicial de las personas defensoras del derecho a la tierra
ACTUALIZACIÓN: El 9 de marzo de 2021, la Red-DESC envió una carta de seguimiento al Relator Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas y a la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos en relación con la persistente criminalización y el acoso que sufren los defensores de los derechos humanos indígenas en el contexto de la lucha de los Maasai por sus derechos sobre sus tierras ancestrales.
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El 9 de julio la Red-DESC envió una carta colectiva a las autoridades de Kenya expresando su preocupación en relación con el hostigamiento judicial de Nalengoyo Ole Torome, parte de la organización miembro de la Red-DESC Narasha Community Development Group y líder de la comunidad indígena Masai.
El hostigamiento judicial tiene lugar en el contexto de una larga disputa por la tierra y parece un intento de intimidar al señor Torome y a la comunidad indígena Masai y disuadirlos de continuar trabajando en favor de los derechos humanos. La comunidad indígena Masai lleva décadas reivindicando la propiedad de su tierra ancestral, situada en lo que actualmente se conoce como Racho Kedong.
Mientras tanto, ha habido concesiones en el territorio para varios proyectos, entre los que se encuentran un puerto seco y varias plantas geotérmicas. Estos proyectos se han puesto en marcha sin una consulta significativa con las comunidades Masai, incumpliendo su derecho al consentimiento libre, previo e informado (CLPI).
Según International Accountability Project, miembro de la Red-DESC, estos proyectos han suscitado preocupación a causa de graves violaciones de derechos humanos y ambientales, lo que provocó la retirada de la financiación del Banco Europeo de Inversiones a finales de 2019. Los proyectos también han causado en repetidas ocasiones el desplazamiento forzado de las comunidades Masai: se han destruido casas y propiedades y se ha impedido que las comunidades Masai vivan según su modo de vida tradicional.
La carta colectiva insta al gobierno de Kenya a:
- llevar a cabo sin dilación investigaciones efectivas, independientes e imparciales acerca de las circunstancias de la acusación contra Nalengoyo Ole Torome, incluyendo una investigación sobre la posible influencia indebida de empresas que ha llevado a la criminalización de sus actividades legítimas para defender y promover los derechos humanos;
- poner fin a la criminalización y al hostigamiento contra Nalengoyo Ole Torome y cualquier otra persona defensora de derechos humanos en Kenya, así como garantizar un entorno propicio en el que las personas defensoras de derechos humanos puedan trabajar sin sufrir ataques;
- hacer todo lo posible para limitar la captura corporativa del Estado y la influencia indebida de las empresas sobre la policía y otras instituciones gubernamentales y procesos públicos, incluyendo la puesta en marcha de mecanismos legislativos, políticos y judiciales que permitan al Estado salvaguardar los derechos humanos de la población independientemente de los posibles intereses corporativos que puedan estar en juego;
- defender los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental, incluyendo el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado en relación con cualquier posible proyecto de desarrollo que les afecte a ellos o a sus tierras, territorios o recursos naturales ancestrales, y permitir que mantengan su medio de subsistencia y vivan dignamente;
- proporcionar protección contra las violaciones de derechos humanos por parte de actores privados, mediante la adopción de medidas efectivas para garantizar el cumplimiento de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, entre otros. Esto incluye la regularización de la actividad empresarial mediante una legislación nacional que garantice la rendición de cuentas corporativa, así como el apoyo a los procesos multilaterales como el proceso del Grupo de Trabajo Intergubernamental de la ONU en Ginebra para desarrollar un instrumento jurídicamente vinculante que regule la actividad empresarial a nivel internacional.