Opinión: La necesidad de asegurar la rendición de cuentas corporativa en la pandemia

* Tras las conversaciones entre los y las miembros de la Red-DESC sobre la justicia climática y ambiental y los derechos humanos en relación con la crisis de COVID-19, múltiples miembros han co-redactado una serie de artículos breves en este contexto, incluido el siguiente que salió originalmente publicado en Medium (en inglés).

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Illustration for ESCR-Net's Corporate Capture Project by @rachelgepp

En todo el mundo, las respuestas de los gobiernos a la pandemia del COVID-19 están resaltando desigualdades sistémicas profundas y de larga data de los actuales modelos económicos y de desarrollo predominantes. Mensajes como “quédate en casa, ten cuidado”, el distanciamiento social  y “lávate las manos durante 20 a 40 segundos con agua y jabón” apenas significan algo para quienes luchan para conseguir alimentos, un trabajo decente, agua pública y recursos básicos de higiene. Desde nuestro punto de vista como defensores de los derechos humanos de Colombia y la India, vemos que nuestros gobiernos adoptan medidas que están destruyendo vidas. En la India, la vida de millones de trabajadores migrantes, especialmente los del sector informal, quedó devastada por la pandemia y la respuesta estatal, que también complicó la crisis humanitaria de los refugiados y las personas sin Estado. En muchos países latinoamericanos como Colombia, son los afrodescendientes, las mujeres, los niños, los agricultores y los sectores populares los que no pueden sostener la cuarentena debido a la falta de alimentos y recursos económicos para satisfacer sus necesidades básicas. Son quienes están más en riesgo y más afectados por la crisis del COVID-19.

En lugar de proporcionar asistencia de emergencia para quienes más la necesitan en estos tiempos difíciles, los gobiernos continúan avanzando los intereses de las empresas por sobre los derechos de la gente. Estas prioridades equivocadas se deben en gran medida a la captura corporativa, mediante la cual las élites económicas debilitan la realización de los derechos humanos y el bienestar ambiental al ejercer una influencia indebida sobre quienes toman decisiones y las instituciones públicas nacionales e internacionales para formar un sistema económico dominante que prioriza las ganancias por sobre el bien común.

El Estado colombiano no ha sido capaz de garantizar el acceso universal al agua potable y la electricidad (entre otros), ha entregado el control y la gestión de servicios públicos a sectores privados, y se niega a aprobar el ingreso básico. Debido a estos hechos, el gobierno, particularmente en el marco del COVID-19, continúa promoviendo agresivamente las inversiones directas extranjeras y está imponiendo restricciones legales sobre los derechos de participación de las comunidades y pueblos indígenas. En este país, el agua potable segura no está al alcance de la mayoría de las comunidades indígenas, ya sea porque faltan acueductos o las empresas han influido sobre las políticas para limitar el suministro de agua o ejecutaron proyectos que dejaron el agua en un estado tal que no es apta para beber. Las comunidades indígenas wayúu de Colombia, por ejemplo, se han visto gravemente afectadas por las operaciones de la mina de carbón a cielo abierto Cerrejón, de propiedad de multinacionales, el grupo BHP, Anglo-American y Glencore. En 2016, Corpoguajira (una autoridad ambiental empresarial regional afiliada al gobierno que actúa en La Guajira) le otorgó a la productora de carbón Cerrejón Limited tres licencias para la desviación del único río que le queda a esta comunidad. Si el tributario del arroyo Bruno desaparece, la gente no tendrá más acceso al agua.

Según el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), una organización de derechos humanos colombiana que tiene la misión de defender y promover los derechos humanos desde una perspectiva holística, esa desviación del río ha provocado una disminución considerable de la selva tropical. Para la comunidad wayúu, este territorio es sagrado. El Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) recientemente informó que las comunidades cercanas a Cerrejón continúan sufriendo problemas de acceso al agua debido a la desviación efectuada por la empresa del arroyo Bruno. La situación se ha agravado debido al coronavirus. La co-optación del Estado colombiano por parte del sector privado es justamente la manera en que la captura corporativa amenaza la soberanía y la democracia, los derechos humanos y ambientales.

Además, desde la introducción de las medidas de cuarentena, en Colombia es cada vez más frecuente que los líderes sociales sufran ataques y sean asesinados. Desde el 25 de junio, un grupo de comunidades rurales de la región de Cauca, una de las más afectadas por la violencia, está liderando una campaña bajo el eslogan “#Nos están matando” para exigir que el gobierno adopte medidas urgentes para poner fin al asesinato sistemático de líderes sociales que defienden los derechos humanos, la integridad democrática y nuestros intereses nacionales. De hecho, esta campaña está movilizando a muchos representantes de diferentes sindicatos y sectores por la realización de los derechos humanos y la rendición de cuentas corporativa.

Del otro lado del planeta, en la India, un ejemplo de captura corporativa se relacionó con la industria del alcohol y el tabaco. Cuando se impuso el confinamiento en la India, se prohibió la venta de alcohol y tabaco. Inmediatamente después, el lobby de la industria del alcohol afirmó que “…el alimento y el alcohol son bienes esenciales...”; después de ello, las ventas volvieron a autorizarse en la India a partir de principios de mayo de 2020. El alcohol y el tabaco no solo no son esenciales, sino que son un obstáculo para el esfuerzo por contener el COVID-19. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), tanto el tabaco como el alcohol aumentan el riesgo de que se agraven los efectos del COVID-19, incluyendo la muerte. Lo más preocupante es el hecho de que los esfuerzos por ‘relanzar’ la economía en la India están conduciendo a ‘más de lo mismo’ en términos del modelo económico y de desarrollo que en gran medida le ha fallado a la mayoría de nuestra población respecto del desarrollo sustentable y que contribuyó a la degradación ambiental. En lugar de ajustar el nudo alrededor de las empresas, se suspendieron leyes y derechos laborales por tres años para fomentar el ‘crecimiento económico’ y, en otro ejemplo de lo que es priorizar los intereses de la empresa, el ministerio de medio ambiente de la India está evaluando proyectos de minería, de infraestructura e industriales de gran escala para su habilitación ambiental, respecto de flora y fauna, incluso en áreas protegidas, realizando consultas por vídeo y, en algunos casos, dedicando muy poco tiempo a analizar los proyectos. Por ejemplo, los Comités de Evaluación Técnica, como el que se ocupa de proyectos industriales, le asignaron solo diez minutos a cada proyecto, cubriendo 47 proyectos en tres sesiones".

Millones de personas en todo el mundo están obligadas a vivir en situación de crisis perpetua, incluso antes de que la pandemia del COVID-19 impusiera una crisis sobre ricos y pobres.  Debemos recordar que COVID-19 es el resultado de años de la destrucción irreversible de la biodiversidad y el saqueo implacable de los recursos naturales impulsados por la codicia corporativa, lo que condujo al contacto con la fauna y nuevas enfermedades. Los gobiernos tampoco han cumplido con las promesas de justicia climática, mayormente debido a la captura corporativa del relato sobre el clima. Por ejemplo, se ha comprobado que después del Acuerdo de París las cinco mayores empresas de petróleo y gas invirtieron más mil millones de dólares en el cabildeo engañoso relacionado con el clima. Esto nos está forzando hacia otra calamidad que también podría causar un ‘confinamiento permanente’.

Una oportunidad de cambiar el equilibrio priorizando a la gente por sobre las ganancias es promover el avance del tratado vinculante de la ONU sobre los derechos humanos y las empresas, que actualmente están negociando los Estados en Naciones Unidas en Ginebra. Durante más de una década, miembros de la Red-DESC (la Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales) han estado presentes en Ginebra para promover un tratado robusto que asegure que nuestros gobiernos se guíen por la agenda de la gente para poner fin a todas las formas de captura corporativa y para regular efectivamente a los actores corporativos. Además, el llamado a reglamentar las empresas se incluyó en el Llamado Global a la Acción que lanzó la Red-DESC como respuesta a la pandemia del COVID-19. El llamado, apoyado por 180 organizaciones de más de 60 países, plantea demandas colectivas para una recuperación justa y un cambio de sistema.

About the authors:

Martha Devia Grisales y Bobby Ramakant son defensores de los derechos humanos de la India y Colombia. Martha forma parte de un movimiento social llamado Comité Ambiental en Defensa de la Vida y es docente de la Universidad de Tolima de Colombia. Bobby es el director de políticas y comunicación de Citizen News Service (CNS). Ambos son miembros de la Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red-DESC)