Un informe del juicio por el asesinato de Berta Cáceres subraya que no se ha hecho justicia
El informe publicado por la Misión de Observación Calificada en la Causa Berta Cáceres revela varias debilidades y fallas en el proceso relacionado con el juicio por el asesinato de la líder indígena hondureña y defensora de los derechos humanos Berta Cáceres en 2016. La Misión de Observación Calificada incluye a los siguientes miembros de la Red-DESC: Comisión Internacional de Juristas (CIJ), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y Fundación para el Debido Proceso (DPLF).
Berta Cáceres fue una distinguida activista y fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Fue reconocida internacionalmente por su trabajo para garantizar la supervivencia de su comunidad indígena lenca, en Honduras, frente a un proyecto hidroeléctrico en sus tierras financiado por capital nacional e internacional. El proyecto hidroeléctrico se puso en marcha sin el consentimiento libre, previo e informado de la comunidad indígena y Berta Cáceres desempeñó un papel clave en la resistencia al proyecto de construcción.
El 2 de marzo de 2016, Berta Cáceres fue asesinada en su casa por hombres armados. Gustavo Castro, de la organización Otros Mundos AC Chiapas, que es miembro de la Red-DESC, estaba con ella durante el ataque y resultó herido.
La Misión de Observación Calificada se estableció en julio de 2018 para observar el juicio contra 8 hombres acusados de perpetrar el asesinato de Berta Cáceres. Los acusados (algunos ex miembros del ejército hondureño y varios empleados de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), la empresa detrás de la construcción del proyecto hidroeléctrico) fueron condenados a entre 30 y 50 años de prisión.
Esta es la primera vez que se dicta una sentencia penal en relación con el asesinato de una persona defensora de los derechos humanos en Honduras. Desde el asesinato de Berta, numerosos/as activistas por los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes han sido asesinados/as en el país, prácticamente con total impunidad. Entre las víctimas cabe destacar a miembros del movimiento afrodescendiente garífuna, Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH). Según el Análisis Global 2019 de Front Line Defenders, Honduras todavía es uno de los tres países más peligrosos para las personas defensoras de los derechos humanos.
El informe publicado el 11 de febrero de 2020 por la Misión de Observación Calificada destaca varias debilidades en el proceso relacionado con el proceso judicial, incluida la ausencia de una investigación sobre los autores intelectuales del asesinato y la obstrucción de dicha investigación por parte de las autoridades. La falta de acceso a la información y un proceso arbitrario se destacan entre otros hallazgos preocupantes.
Asimismo, el informe pone en evidencia inquietantes patrones estructurales relacionados con el caso. Antes de su asesinato, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había otorgado medidas de protección a Berta Cáceres. Hasta ahora, nadie ha rendido cuentas por su fracaso a la hora de proteger a Berta Cáceres. El informe también encuentra fallas en el examen de presunto fraude en el proceso de otorgar la concesión a DESA; la ausencia de una consulta de consentimiento libre, previo e informado, así como por manipulación de pruebas.
El informe presenta varias recomendaciones, incluido el establecimiento inmediato de protocolos para investigar crímenes contra las personas defensoras de derechos humanos de acuerdo con las normas internacionales, así como tomar medidas para garantizar la protección de los derechos de los pueblos indígenas bajo los principios de no discriminación y autodeterminación.
El asesinato de Berta Cáceres es emblemático de los ataques sufridos por las personas defensoras de los derechos humanos de los pueblos indígenas. A menudo, están a la vanguardia de la promoción de un modelo diferente de desarrollo. Esto los enfrenta a poderosos intereses económicos y políticos, que a su vez los convierten en blanco de ataques. Los miembros de la Red-DESC ya han puesto de relieve anteriormente la necesidad de respetar los derechos indígenas a la tierra como una forma de acabar con los asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos de los pueblos indígenas, muchas de las cuales ni siquiera salen del anonimato.
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