Carta colectiva al presidente de Colombia – Debe acabar con la violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos

Fecha de Publicación: 
Miércoles, 11 Agosto 2021

En poco más de un año, la Red-DESC ha enviado una segunda carta colectiva al presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, en relación con nuevas amenazas supuestamente del grupo paramilitar Águilas Negras contra el Comité Ambiental en Defensa de la Vida y otras personas defensoras de los derechos humanos y líderes políticos en Tolima (Colombia). 

El 20 de julio de 2021, diferentes líderes sociales y políticos recibieron un mensaje de WhatsApp amenazante supuestamente del grupo paramilitar Águilas Negras. El mensaje declaraba objetivo militar a varias y varios líderes políticos, sociales, ambientales, indígenas y defensores de derechos humanos, calificándolos de “escoria” que busca “desestabilizar” el país.

En la primera carta enviada en mayo de 2019, la Red ya denunció al grupo paramilitar por el presunto envío de un correo electrónico amenazante a varios miembros y miembras de organizaciones ecologistas de Cajamarca, acusándoles de lucrarse con su labor en materia de derechos humanos y de estar vinculados a la guerrilla. La amenaza parecía estar relacionada con la resistencia de las organizaciones a los proyectos mineros en la región. En marzo de 2017, las organizaciones apoyaron las consultas públicas, en las que las comunidades de Cajamarca rechazaron las actividades mineras en su territorio.

La Red-DESC reitera su preocupación y alerta que Águilas Negras fue incluida en la lista de “nuevos grupos paramilitares” en un informe de 2010 del Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre ejecuciones extrajudiciales.

La Red sitúa las repetidas amenazas en el contexto histórico y actual de violaciones violentas por parte de los grupos paramilitares en Colombia, agravadas tras el Paro Nacional del 28 de abril, cuando diversos sectores de la sociedad colombiana ejercieron su derecho a la manifestación como consecuencia de las propuestas de aumento de impuestos sobre productos de primera necesidad, combustibles y servicios públicos. Después de la protesta se convocaron manifestaciones generalizadas que fueron severamente reprimidas por el gobierno de Iván Duque. En línea con las declaraciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), la Red-DESC condenó la represión en una declaración colectiva.

La Red-DESC señala la responsabilidad del gobierno colombiano en la escalada de violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos: “La falta de respeto del Estado por los derechos humanos de los/las manifestantes ha dado confianza a grupos de extrema derecha en Colombia, como las Águilas Negras”, señala la carta.

Según un reciente informe de la OACDH, entre marzo y junio de 2021 recibió información sobre los asesinatos de 49 activistas de los derechos humanos en Colombia (5 documentados y 44 en proceso de verificación). En 2021 se ha informado de un total de 71 asesinatos (7 documentados y 64 en proceso de verificación). 

La Red señala la importancia de vincular las amenazas a “un esfuerzo ilegal por silenciar e impedir la legítima defensa de los derechos humanos por parte de las personas defensoras de los derechos humanos”.

En una carta abierta dirigida a la comunidad nacional e internacional y firmada por el Comité Ambiental en Defensa de la Vida, entre otras organizaciones, se califica la escalada de inseguridad en el Tolima como una “afrenta contra la participación política, el derecho a la oposición, la libertad de expresión, la protesta social y la reunión pacífica, así como los mecanismos de participación que han logrado alzar la voz del pueblo como las consultas populares, que han logrado enfrentar y cuestionar el modelo extractivista que representa el desarrollo para las élites”.

Entre otras acciones urgentes, la carta pide a las autoridades colombianas que investiguen las amenazas para encontrar y sancionar a los responsables, así como que garanticen la seguridad de los miembros y miembras del Comité Ambiental en Defensa de la Vida y de las demás organizaciones y personas defensoras de los derechos humanos y líderes políticos; que tomen las medidas necesarias y adecuadas para desmantelar los grupos paramilitares en el Tolima y en el país; y que ratifiquen el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).