Comunicado prensa: Personas defensoras de los derechos humanos amenazan con demandar a gobiernos de Canadá, Alemania, Noruega y RU por la desigualdad en la vacunación contra la COVID-19

Fecha de Publicación: 
Jueves, 25 Noviembre 2021
Coordinated legal efforts call on “recalcitrant” governments to support proposed waiver of COVID-related intellectual property monopolies at the WTO

Abogados de derechos humanos amenazaron con iniciar acciones legales contra los gobiernos de Alemania, Noruega y Canadá por obstruir los esfuerzos mundiales para incrementar el acceso a vacunas contra la COVID-19 y otras tecnologías sanitarias.

El anuncio llega cuando delegados estatales de todo el mundo se preparan para negociar las reglas futuras aplicables al suministro de vacunas contra la COVID-19 y otras tecnologías sanitarias en la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que se llevará a cabo la semana próxima.

Un grupo de personas de defensoras de los derechos humanos (el European Centre for Constitutional and Human Rights (enlace externo) (Alemania), el profesor Mads Andenæs QC de la Universidad de Oslo (Noruega) y una coalición de organizaciones de Canadá) anunciaron hoy que están elaborando posibles demandas nacionales para cada país en caso de que sus gobiernos no apoyen la exención de la propiedad intelectual sobre tecnologías sanitarias relacionadas con la COVID-19 propuesta por Sudáfrica e India en la OMC el año pasado en respuesta a la pandemia. Mientras tanto, Global Justice Now (enlace externo) y Just Fair (enlace externo) enviaron una carta expresando su preocupación al gobierno del Reino Unido (RU) y explicando por qué la omisión de apoyar la exención viola el derecho internacional de los derechos humanos.

En cartas y escritos legales publicados hoy, las organizaciones denuncian las enormes disparidades globales que existen en términos del acceso a vacunas y tratamientos contra la COVID-19 y afirman las obligaciones de sus gobiernos bajo el derecho internacional de los derechos humanos de adoptar todas las medidas dentro de sus posibilidades para asegurar los derechos humanos a la vida, la salud, la igualdad y a beneficiarse con el avance científico.

En el aviso afirman que tales obligaciones legales imponen a los gobiernos el deber de apoyar la exención propuesta a las reglas de propiedad intelectual respecto de vacunas, diagnóstico y tratamientos contra la COVID-19, citando obligaciones legales relacionadas con la cooperación internacional, la aplicación de buena fe de las obligaciones de los tratados y  el acceso a la justicia. En la conferencia de la OMC de la semana próxima, los delegados discutirán una exención temporaria del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) respecto de productos sanitarios para la COVID-19.

Una carta urgente dirigida al Ministro de Comercio Internacional (enlace externo) de Canadá firmada por múltiples organizaciones y expertos de derechos humanos, que se dio a conocer hoy, advirtió que si Canadá no apoya la exención al ADPIC la decisión será cuestionada en los tribunales nacionales como una omisión de aplicar de buena fe las obligaciones de Canadá relacionadas con los derechos humanos por medio de la cooperación internacional. Según se afirma en la carta, tal decisión podría ser cuestionada también como una violación de los derechos a la vida, la seguridad y la igualdad bajo la Carta de Derechos y Libertades de Canadá, debido a su efecto sobre la vida y la salud de los grupos vulnerables de ese país, como mujeres, personas ancianas, personas con discapacidades, pueblos indígenas, personas de origen africano y otras personas racializadas, así como personas que viven en la pobreza.

La carta señala que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el responsable de Salud Pública de su gobierno han afirmado en varias oportunidades que es necesaria una estrategia global efectiva para limitar la propagación de la COVID-19 y para prevenir el surgimiento de variantes más contagiosas o letales, así como para proteger la vida y la salud en todos los países.

En la carta de queja presentada hoy en Alemania en nombre de ciudadanos de Uganda, Miriam Saage-Maaß, del European Centre for Constitutional and Human Rights, afirmó:

“Es importante que el gobierno alemán cumpla con sus obligaciones extraterritoriales de derechos humanos y haga todo lo que esté en su poder para permitir el acceso equitativo a las vacunas más efectivas contra la COVID-19. Alemania no puede seguir defendiendo una posición que impone un apartheid de vacunas y que prolonga innecesariamente la pandemia en todo el mundo”.

Alemania ha defendido con firmeza los monopolios de propiedad intelectual que actualmente gobiernan el suministro de tecnología sanitaria relacionada con la COVID-19, a pesar de que actualmente atraviesa una suba de los casos en el ámbito nacional y mientras surgen variantes del virus en todo el mundo.

El profesor Mads Andenæs QC de la Universidad de Oslo declaró: “se deberán iniciar acciones legales contra el gobierno de Noruega para cuestionar las respuestas inadecuadas que ha dado respecto de sus obligaciones bajo el derecho internacional y europeo de los derechos humanos y la Constitución de Noruega”. Hasta ahora, Noruega no ha apoyado la exención. El embajador del país, Dagfinn Sørli, preside actualmente el Consejo ADPIC de la OMC.

En la carta de hoy del Reino Unido, Nick Dearden, de Global Justice Now, señaló: “durante toda la pandemia, el gobierno del RU ha puesto los intereses de las grandes empresas farmacéuticas por delante de la necesidad de salvar vidas en todo el mundo y de vencer la pandemia. El mejor ejemplo de este enfoque es que efectivamente bloqueó la única medida que ha exigido la gran mayoría del mundo: la exención de las reglas de propiedad intelectual de la OMC. Esperamos que nuestra acción de hoy enviará un mensaje claro: tiene que dejar de bloquear el reclamo ante la OMC”. Hasta ahora, el Reino Unido se ha negado a apoyar la exención del ADPIC.

Estos esfuerzos en el ámbito nacional forman parte de un conjunto más amplio de estrategias legales que se están desplegando ante múltiples mecanismos encargados de hacer cumplir los derechos humanos.

Desde mayo de 2021, un grupo de redes de derechos humanos y sus miembros y organizaciones aliadas se han estado reuniendo para discutir cómo se pueden aprovechar los mecanismos legales de los derechos humanos para lograr el acceso equitativo a tecnologías sanitarias relacionadas con la COVID-19 y para realizar el derecho a la salud y otros derechos humanos de todas las personas. El grupo incluye: Global Network of Movement Lawyers (enlace externo) (de Movement Law Lab), Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales,  International Network of Civil Liberties Organizations (enlace externo), miembros de People's Vaccine Alliance (enlace externo), como  Oxfam International (enlace externo) y Amnesty International (enlace externo), y Médecins Sans Frontières (enlace externo).

Acciones previas incluyen peticiones ante el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (enlace externo), incidencia (enlace externo) que también llevó a 43 cartas de titulares de procedimientos especiales de derechos humanos de Naciones Unidas (enlace externo) dirigidas a Estados miembro, empresas farmacéuticas y la OMC. Docenas de abogados de todo el mundo (enlace externo) también firmaron un informe legal sobre la obligación de derechos humanos de los Estados de no impedir una exención al ADPIC y otras acciones.

Estos grupos de derechos humanos están trabajando en forma colectiva para denunciar los problemas que presenta la decisión de los Estados de privilegiar los monopolios de propiedad intelectual de las empresas por sobre los derechos humanos a la vida, la salud, la igualdad y a beneficiarse con el avance científico de las personas del Sur Global y del Norte Global.