Declaración: Los Estados deben actuar con urgencia para adoptar un instrumento jurídicamente vinculante que regule el poder empresarial

Fecha de Publicación: 
Jueves, 14 Octubre 2021

Llamamiento urgente para lograr un instrumento jurídicamente vinculante que regule el poder empresarial: ¿cuándo, sino ahora?

Los derechos humanos y el medio ambiente no pueden esperar más

En vísperas de la séptima sesión del Grupo de Trabajo intergubernamental de composición abierta para elaborar un instrumento legalmente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas comerciales con respecto a los derechos humanos (IGWG), las Organizaciones de la Sociedad Civil y los movimientos sociales hacen un llamamiento a los Estados para que actúen urgentemente en favor de los derechos humanos y se dirijan con valentía hacia la adopción rápida de un instrumento jurídicamente vinculante (IJV) que proteja a las personas y a nuestro planeta de la impunidad empresarial. Tras siete años inmersos en este proceso, nos preguntamos: ¿cuándo, sino ahora? Ahora es el momento de actuar. Los derechos humanos y el medio ambiente ya no pueden esperar más y no podemos permitir que la captura corporativa de nuestros procesos de toma de decisiones gubernamentales continúe retrasando la realización de nuestras demandas.

LA CAPTURA CORPORATIVA ES UNA BARRERA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

Según la Organización Mundial de la Salud, más de 4,5 millones de personas han muerto hasta este momento a causa de la COVID-19. La pandemia ha causado una gran pérdida de vidas, sufrimiento generalizado y un empobrecimiento intensificado, perjudicando gravemente los medios de subsistencia de la población. A un lado de esta crisis económica, financiera, asistencial, sanitaria y humanitaria sin precedentes se encuentran las personas que soportan las desigualdades históricas y estructurales resultantes de años de colonización, políticas macroeconómicas discriminatorias, el ascenso de fuerzas conservadoras no democráticas y el avance de la impunidad empresarial. Al otro lado, están las élites corporativas que han aumentado su influencia en el gobierno a través de la "captura corporativa", que han recibido subsidios y beneficios fiscales durante la pandemia, debilitaron la legislación que podría hacerlos responsables, aprobaron leyes que maximizan sus ganancias, obligaron a los empleados a trabajar incluso en contextos de confinamientos o condiciones inseguras, empleaban a niños para minimizar los costos laborales, mantuvieron abiertas las actividades extractivas a pesar de las altas tasas de contagio entre los trabajadores y ganaron millones a costa de los derechos de los trabajadores y las mujeres que trabajan en el cuidado. 

Nos indigna que se hayan destruido 400 millones de puestos de trabajo a causa de la pandemia, y que más de 430 millones de pequeñas empresas estén en peligro, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Sin embargo, como afirma un informe de Oxfam, los "25 multimillonarios más ricos han aumentado su riqueza en cantidades asombrosas. Jeff Bezos podría pagar personalmente a cada uno de los 876.000 empleados de Amazon una prima única de 105.000 dólares hoy en día y seguiría siendo tan rico como al principio de la pandemia".

LAS MEDIDAS VOLUNTARIAS NO SON SUFICIENTES

En este contexto, la adopción de un tratado internacional sobre empresas y derechos humanos sería un logro histórico para empoderar a los empobrecidos, marginados, explotados y otras en riesgo para reclamar justicia y reparación a las élites empresariales. Existe un creciente impulso para este tratado, tras diez años de falta de voluntad política y fracaso de los marcos existentes. El apoyo de los estados a un IJV para regular el poder de las empresas no sólo respondería a las demandas históricas de los movimientos sociales mundiales y de las comunidades afectadas, sino que también coronaría los esfuerzos/lucha por la justicia y la reparación de muchas generaciones hechas durante décadas y daría un paso crucial hacia la inaplazable tarea de promover la dignidad humana y la justicia climática. Para avanzar en esta dirección, los Estados deben mantener una conversación honesta y reconocer que los actuales marcos y medidas voluntarias de empresas y derechos humanos, que han desempeñado un importante papel en el posicionamiento de los derechos humanos en la agenda empresarial, resultan claramente insuficientes para interponer recursos y obtener reparaciones y para asumir responsabilidades por las actividades empresariales, especialmente las de carácter transnacional. 

Aunque reconocemos que la nueva regulación nacional centrada en la diligencia debida en cuanto a derechos humanos está avanzando en Europa, también somos conscientes de sus limitaciones y de sus desafíos, y creemos firmemente que es sumamente necesario que un IJV establezca una norma para la rendición de cuentas empresarial a nivel mundial. Un IJV establecerá normas mundiales no solo para practicar la diligencia debida de las empresas, sino también para establecer un marco que permita que los actores estatales y no estatales rindan cuentas de los abusos y vulneraciones de los derechos humanos relacionados con las actividades empresariales mediante normas sólidas de responsabilidad penal, civil y administrativa para las empresas. Ante la urgente necesidad de contar con un marco jurídico global que proteja a las personas y al planeta de la codicia de las empresas y de la connivencia de los Estados, resulta preocupante que un importante grupo de Estados de entre los occidentales más industrializados siga retrasando la acción, maniobrando para evitar las negociaciones o incluso conspirando para hacer descarrilar el proceso lanzando iniciativas y modelos de tratado alternativos, como un convenio marco básico, que no hacen más que retrasar los avances, debilitar los progresos realizados y atarnos a modelos y marcos fallidos.

APARTHEID DE VACUNA Y PARTICIPACIÓN ENLA ONU

En el contexto de las próximas negociaciones para el tratado, nos preocupa que el acceso severamente desigual a las vacunas COVID 19 genera un apartheid de las vacunas añadiendo así dificultades para la participación de los movimientos sociales y de las comunidades afectadas en este proceso, e instamos a los Estados a que trabajen más y den prioridad a los recursos para hacer posible la participación en línea y a distancia de todos sin ninguna discriminación, en particular la gente del Sur Global. Esto requiere una asignación de tiempo y una diversidad de idiomas que dé cabida a los grupos que no pueden estar presentes en Ginebra, y que la Secretaría de la ONU comparta notas completas al final de cada día en todos los idiomas de la ONU.

SOBRE LA SUSTANCIA DEL TERCER PROYECTO DE IJV

En cuanto al contenido, la primera lectura del tercer proyecto de un IJV para regular la actividad empresarial revela un progreso importante y una oportunidad para avanzar en la responsabilidad de las empresas, sobre todo si los Estados, con actitud de apoyo a sus comunidades, se comprometen a reforzar la protección de los derechos humanos en el texto y participan de buena fe para garantizar el acceso a la justicia de los afectados por las actividades empresariales. Aunque nos decepciona que varias de nuestras demandas clave no se hayan incorporado en el texto, tampoco hemos visto cambios sustanciales en comparación con el borrador anterior. Acogemos con satisfacción el hecho de que el texto mantenga un mayor enfoque de género. También apreciamos que haya nuevas referencias a las preocupaciones de la sociedad civil sobre los derechos laborales o la justicia climática, entre otras. Sin embargo, lamentamos que la mayoría de las propuestas técnicas y políticas realizadas por los movimientos sociales, los representantes de las comunidades afectadas e incluso los Estados durante el pasado sexenio no hayan sido incluidas o se hayan diluido.

Entre los principales vacíos que deben abordarse en la próxima sesión del IGWG y en el subsiguiente borrador del IJV se encuentra lo siguiente: 

  1. La falta de referencia al derecho a la autodeterminación es profundamente problemática y debe estar claramente recogido en el texto del IJV. 

  2. Aunque observamos una referencia a las obligaciones de las empresas en el preámbulo de la nueva redacción y entre los propósitos del IJV, creemos que debería reforzarse con un párrafo operativo dedicado a reconocer las obligaciones de las entidades corporativas, particularmente las de carácter transnacional. 

  3. Nos sigue preocupando que el texto no aborde las amenazas agravadas de abusos y vulneraciones por parte de las empresas en situaciones de conflicto y la necesidad de reforzar el texto en este sentido, sobre todo en relación con las sanciones, la desinversión y la responsabilidad penal a través de la jurisdicción universal, entre otras. 

  4. El reconocimiento de las instituciones financieras y los bancos como pilares de la arquitectura corporativa internacional es clave, pero debe reforzarse aún más con disposiciones que garanticen la primacía del derecho internacional de los derechos humanos sobre el comercio y otros acuerdos legales. 

  5. En el contexto de una nueva ola de acuerdos bilaterales y multilaterales de comercio e inversión, instamos a que se mejoren las disposiciones para abordar eficazmente el problema de la captura corporativa. 

  6. Deben fortalecerse las disposiciones del tratado para proteger a los defensores de los derechos humanos.

  7. A pesar de los avances en cuanto a las disposiciones sobre los derechos de las víctimas y su protección, las reparaciones y la prevención (por ejemplo, especialmente en lo que respecta a la diligencia debida obligatoria en materia de derechos humanos), el borrador se queda corto para abordar adecuadamente la rendición de cuentas y las reparaciones, y sigue siendo insuficientemente claro en cuanto a la responsabilidad de las empresas a lo largo de la cadena de valor mundial.

¡NO PODEMOS ESPERAR OTROS DIEZ AÑOS!

En conclusión, queremos reiterar la urgente necesidad de un IJV que regule la actividad empresarial. Después de siete años de incidencia, ya es hora de que los Estados, sobre todo los de la región occidental industrializada, escuchen los llamamientos de las comunidades afectadas, la sociedad civil y los movimientos sociales y actúen para poner fin a la impunidad de las corporaciones estableciendo normas vinculantes que la protejan.

¿Cuándo, sino ahora? ¡No podemos esperar diez años más!

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