Miembros de la Red-DESC y aliados exigen que la OMC deje de comerciar con nuestras vidas

Desde el principio de la pandemia miembros de la red-DESC han adoptado el llamado por una recuperación justa y equitativa, exigiendo en nuestro Llamado Global a la Acción que los estados y organismos internacionales respondan inmediatamente a la emergencia de salud pública y adopten acciones transformativas que nos lleven a una nueva normalidad fundamentada en la justicia y en una transformación radical. Más adelante, hemos ilustrado la necesidad de detener la captura corporativa de nuestros sistemas de salud, hemos hecho un llamado pidiendo que los Titulares de Mandatos para Procedimientos Especiales de la ONU llevaran a cabo acciones urgentes, hemos interpuesto quejas de derechos humanos con los organismos de tratados de la ONU y estamos comenzando acciones legales contra los estados que están bloqueando la suspensión de los ADPIC. A pesar de esta amplia gama de intervenciones de defensa, aún estamos observando y experimentando los modos en los que esta emergencia global de salud continúa profundizando desigualdades e intensifica las injusticias globales.

El 23 de noviembre, a solamente una semana del inicio programado de la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Red-DESC organizó una manifestación global en línea y taller de educación política y popular junto con Movement Law Lab, Medecins Sans Frontieres (Médicos sin Fronteras) y The People’s Vaccine Alliance (Alianza Popular por las Vacunas). Gracias al trabajo de un dedicado comité de planeación, nuestra energética maestra de ceremonias Debbie Stohard (ALTSEAN, Burma) y las poderosas intervenciones de 25 miembros y aliados, la manifestación arrojó una importante luz sobre las fuerzas estructurales que han prolongado la pandemia, su impacto en comunidades de primera línea y las acciones urgentes que se están llevando a cabo en la lucha por la justicia en la salud.

Cerca de 200 miembros de la Red-DESC y aliados se reunieron para amplificar las voces de nuestras comunidades, las cuales han sido las más afectadas por las desigualdades exacerbadas por la negativa de la OMC a pasar una suspensión completa del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) para vacunas y terapias contra el COVID-19.

Captura corporativa de nuestros sistemas de atención a la salud: Ya hemos pasado por aquí

Desde su concepción, la Organización Mundial del Comercio fue diseñada para servir a los intereses de la clase imperialista y capitalista, con las ganancias como prioridad por encima de los derechos humanos. Como acertadamente dice Azra Talaat (Roots Equity Pakistan y APWLD): “La OMC es como un pulpo que nos sofoca nuestra subsistencia, nuestros recursos y nuestra salud”. En la raíz del régimen de los derechos de propiedad intelectual se encuentra el Acuerdo ADPIC, el cual existe para capturar toda la innovación y avance científico con el único fin de generar ganancias a partir del conocimiento. Como es de esperarse, tanto el Desarrollo de la OMC como sus acuerdos (ADPIC incluido) han sido fuertemente moldeados e influenciados por el sector empresarial, incluyendo a la industria farmacéutica. Debido a la captura corporativa de nuestros sistemas de atención a la salud y la de instituciones internacionales, compañías como Pfizer (quienes se encuentran en firme oposición a la suspensión de ADPIC) ejercieron enorme influencia y poder de cabildeo en la formación de la OMC y fueron una fuerza impulsora para la inclusión de los derechos de propiedad intelectual en las negociaciones de comercio. Estas políticas consolidaron la idea de que la atención a la salud es una mercancía y, al hacerlo, han llevado a un grado increíble de explotación y sufrimiento, y son literalmente responsables de la pérdida de la vida de millones de personas.

Y mientras que la pandemia por COVID-19 no tiene precedentes en muchos sentidos, esta lucha por medicamentos y vacunas en el sur global está lejos de ser novedad. Sibongile Tshabalala (Treatment Action Campaign, Sudáfrica) compartió la historia personal de su vida con VIH y recordó la lucha por antirretrovirales (ARVs) en Sudáfrica. Tras una larga lucha por el acceso a los ARV en el sur global y tras incontables muertes prevenibles, las grandes empresas farmacéuticas eventualmente fueron forzadas a remover barreras de patente que permitieron el desarrollo de medicinas genéricas y costeables contra el VIH, lo cual a su vez transformó dramáticamente la situación para millones de personas que vivían con este virus. En 2001, la Declaración Doha fue adoptada por la OMC y celebrada como un paso crítico para terminar con la epidemia del SIDA asegurándose de que el acuerdo ADPIC no infringiera sobre las capacidades de los estados para proteger las necesidades de salud pública. Sin embargo, en vez de que este momento decisivo creara un nuevo precedente en la lucha por la justicia en temas de salud, la industria farmacéutica y los estados ricos continuaron “trabajando para socavar las salvaguardas de la salud” como señaló Leena Menghaey (MSF).

Las políticas de comercio de la OMC están enmarcadas en la estructura más amplia del neoliberalismo, en la cual las políticas de ajuste estructural y los grandes esfuerzos de privatización a instancias de las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) han dejado a los sistemas comunitarios de atención a la salud incapaces para asegurar el acceso a la atención de salud de calidad ante una pandemia global. En Tunisia, la desmantelación de los servicios de salud públicos y la privatización de la salud ha transformado este derecho fundamental en “un lujo solo para aquellos que pueden costearlo” como señaló Najoua Baccar (ATFD, Tunisia). Como Dan Owalla (People’s Health Movement, Kenya) dijo con precisión: “la pandemia ha revelado que el capitalismo es insostenible e inconsistente con la igualdad y los derechos humanos”.

Este sistema capitalista y colonial que pone las ganancias por encima de las vidas ha permitido que se generen niveles astronómicos de dividendos para unas cuantas compañías farmacéuticas. Como reportó la Alianza Popular por las Vacunas, los líderes en manufactura de vacunas, Pfizer BioNTech y Moderna, obtienen ganancias combinadas de USD$1000 por segundo.  Estos dividendos, sin embargo, son el resultado directo de esfuerzos de investigación y desarrollo financiados con fondos públicos, como hizo notar Alejandra Scampini (PODER, México). Sin embargo, miembros de la Red-DESC están desafiando el fenómeno de la captura corporativa, utilizando herramientas de educación popular como el cómic El poder del 99% para educar a nuestras comunidades. En Colombia, Martha Grisales (Comité Ambiental en Defensa de la Vida) compartió los modos en los que han conectado con sus comunidades abordando cómo las élites económicas han influenciado los espacios de toma de decisiones a nivel regional, nacional e internacional.

“Cambio, no caridad”: La lucha por acabar con el apartheid de vacunas

El impacto mortífero y desproporcionado que ha tenido la pandemia para comunidades del sur global, personas pobres y comunidades de clase trabajadora, para comunidades negras y de color, para mujeres personas oprimidas por cuestiones de género, para comunidades afectadas por la guerra y ocupación y muchas otras que son excluidas en las mesas de toma de decisiones es innegable. Como Allana Kembabazi (ISER, Uganda) señaló con precisión “el sistema está roto y nosotros, en el sur global, siempre lo hemos sabido”. Desafortunadamente, para muchas comunidades, la pandemia es simplemente otro obstáculo en la lucha por la justicia. Desde Palestina, Issam Younis (Al-Mezan, Palestina) remarcó tanto el apartheid de vacunas como el apartheid israelí. El impacto desproporcionado sobre las mujeres en su diversidad es también evidente, como señaló Mandi Mudarikwa (Women’s Legal Centre, South Africa) al decir que “el género continúa siendo una determinante clave de la salud en todos los países del mundo… porque las mujeres son predominantemente consideradas cuidadoras”

Es completamente claro que, hasta que todas las comunidades disfruten del derecho a vacunas, terapias, pruebas y otros medicamentos relevantes seguros y efectivos, esta pandemia no acabará. Los estados del sur global tienen la capacidad de producir vacunas masivamente, pero están siendo bloqueados por estados ricos del norte global de utilizar sus conocimientos y experiencia. Como indicó Ana Caistor Arendar (Progressive International) a través del ejemplo del intento de Bolivia de aplicar el mecanismo de licencias obligatorias para producir vacunas a través de un acuerdo con la manufacturera de medicamentos canadiense, Biolyse, el cual fue bloqueado por el gobierno canadiense.

Sin embargo, la Red-DESC, junto con nuestros asociados, estamos retando las acciones de estados como Canadá a partir de esfuerzos de litigio doméstico y exigiendo que cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos bajo la ley internacional para proteger la salud de la gente. Como nos recordó Miriam Saage-Maaß (ECCHR, [MOV3] Germany), el Artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR por sus siglas en inglés) afirma el derecho humano fundamental a la salud. Adicionalmente, nuestros miembros también han interpuesto quejas con cuerpos de tratados de la ONU, incluyendo el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD por sus siglas en inglés) exigiendo que el comité haga un llamado a los estados para que apoyen una suspensión completa de ADPIC. Ohene Ampofo-Anti (Center for Economic and Social Rights) detalló esta queja afirmando que “el acceso desigual a las vacunas ha tenido impactos racialmente dispares en minorías raciales y étnicas, personas negras, personas indígenas, mujeres en su diversidad, población LGBT, personas con discapacidades y personas en las intersecciones de los grupos anteriores).

The ironic postponement  of the WTO Ministerial conference due to the discovery of the Omicron variant could not paint a more clear picture of why the TRIPS waiver is an essential step in the fight to end vaccine apartheid. While the fight for the waiver remains an urgent priority in the fight to end vaccine apartheid, we know that what we really need is long term systemic change, otherwise this deadly cycle is bound to repeat itself. As Leena Menghaney (MSF) stated, “the TRIPS waiver should be a beginning, not an end.” The struggle for ARVs showed the world that healthcare is a fundamental human right that demands respect, not only during moments of crisis. As Maaza Seyoum  (African Alliance and People’s Vaccine Alliance) so brilliantly concluded us, “we are not asking for charity, we are asking for justice.” 

El irónico aplazamiento de la Conferencia Ministerial de la OMC debida al descubrimiento de la variante Omicron no podría dar un panorama más claro del porqué la suspensión de ADPIC es un paso esencial en la lucha para terminar con el apartheid de vacunas. Mientras que la lucha por la suspensión continúa siendo una prioridad urgente en la lucha para acabar con el apartheid de vacunas, sabemos que lo que realmente necesitamos es un cambio sistémico a largo plazo. De otro modo, este ciclo mortal se seguirá repitiendo. Como afirmó Leena Menghaney (MSF): “La suspensión de ADPIC debería ser el principio, no el final”. La lucha por los ARV mostró al mundo que la atención a la salud es un derecho humano fundamental que exige respeto, no solo en momentos de crisis. Como concluyó de forma brillante Maaza Seyoum (African Alliance y Alianza Popular por las Vacunas): “No estamos pidiendo caridad, estamos pidiendo justicia”.

Las y los miembros de la Red-DESC seguimos agitando, abogando y organizando hasta que todas las personas disfruten de sus derechos a la vida y la dignidad. Si tienen interés en involucrarse en el fin del apartheid de vacunas, por favor pónganse en contacto con la Coordinadora de Campañas y Membresías de la Red ESCR, Basma Eid at beid@escr-net.org.

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Un agradecimiento especial a los miembros del comité de planeación, incluyendo a: Bobby Ramakant (CNS), Dan Owalla (PHM-Kenya), Najoua Baccar (ATFD), Debbie Stothard (ALTSEAN-Burma), Camila Maia (CELS), Martha Grisales (Comité Ambiental), Hien Nguyen Thi (APWLD), Mandi Mudarikwa (Women’s Legal Centre), Kranti (HRLN), Alejandra Scampini (PODER).

+ Ver la manisfestación aquí (en inglés):