Rechazo internacional del allanamiento de las oficinas de la Confederación Campesina del Perú
En la mañana del 17 de diciembre de 2022, al menos 50 miembros de la unidad antiterrorista de la policía nacional del Perú (Dirección Contra el Terrorismo, DIRCOTE), allanaron las oficinas de la organización integrante de la Red-DESC, Confederación Campesina del Perú (CCP), ubicadas en la Plaza Bolognesi en Lima, Perú. Durante el allanamiento fueron detenidos más de 25 dirigentes y campesinos de la organización, muchos de los cuales habían llegado a Lima para apoyar las protestas en curso que exigen elecciones y el cierre del Congreso. Gracias al apoyo de asesores legales y a la solidaridad de los compañeros manifestantes que se concentraron frente a las oficinas de CCP, los detenidos fueron liberados por la policía alrededor de las 10 de la noche. No obstante, según nuestra información, los miembros del CCP detenidos siguen siendo investigados.
La Red-DESC se solidariza con nuestros miembros del CCP y condena la redada y las detenciones de manifestantes pacíficos.
Las redadas se produjeron en el contexto de las protestas nacionales en Perú en respuesta a la destitución del expresidente Pedro Castillo, que fue destituido por la legislatura liderada por la oposición y detenido el 7 de diciembre de 2022 por cargos de rebelión y conspiración. La exvicepresidenta, Dina Boularte, fue investida en su lugar poco después.
En respuesta a las protestas en curso, el 14 de diciembre de 2022 se declaró un estado de emergencia durante 30 días. Como consecuencia, se desplegaron fuerzas militares y policiales en las calles y se limitaron los derechos de reunión y movimiento. Las protestas se han enfrentado a una dura represión, que ha incluido el uso de munición real contra los manifestantes. Al menos 20 personas han muertoy cientos han resultado heridas, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido contención y diálogo entre las partes.
La policía afirmó que las redadas tenían por objeto detener a los delincuentes que estaban detrás de las protestas en Perú. Asimismo, la policía afirmó haber encontrado armas y material de “propaganda subversiva”. Sin embargo, según información fidedigna, se trataba principalmente de tres machetes que parecían haber sido comprados recientemente, así como pancartas y octavillas con las reivindicaciones de los manifestantes.
Reiteramos nuestra solidaridad con nuestros miembros de CCP y hacemos un llamado a cesar la persecución a personas defensoras de los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones en el Perú. Recordamos a las autoridades peruanas su obligación de respetar los derechos a la libertad de expresión y de reunión, así como sus obligaciones en relación con las limitaciones de cualquier estado de excepción, de conformidad con el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Observación General 29 correspondiente.
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