Alto a la criminalizacion de los defensores de los derechos humanos en Filipinas
Para: Benigno "Noynoy" Aquino III, Presidente de Filipinas
CC: Secretario Voltaire T. Gazmin, Departamento de Defensa Nacional (DND)
Secretaria Teresita Quintos-Deles, Oficina del Asesor Presidencial para el Proceso de Paz
Su excelencia:
Le escribo con el fin de expresar mi preocupación acerca de informaciones recibidas que indican que varios activistas de derechos humanos y líderes de organizaciones populares han sido objeto de acusaciones criminales sin fundamento, en supuestos intentos por silenciar sus actividades para proteger y defender los derechos humanos en Filipinas.
Se ha informado que, el 3 de diciembre de 2012, dos organizadores sindicales, Randy Vegas y Raúl Camposano de la Confederación y Unidad de Empleados del Gobierno, fueron arrestados por la Policía Nacional y el Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas de Filipinas. El Sr. Vegas y el Sr. Camposano se encuentran detenidos en la Cárcel Provincial Naga, donde enfrentan cargos infundados relacionados con el asesinato de cuatro oficiales militares. Entiendo además que el 28 de diciembre de 2012 y el 4 de enero de 2013 más líderes de organizaciones populares fueron detenidos, incluyendo a Rene Abiva Coordinador de la Alliance of Concerned Teachers (ACT) y Virgilio Corpuz del partido PISTON del Valle del Cagayán. Estos detenidos fueron acusados de asesinar a doce miembros del ejército de Filipinas. Se presume además que, adicionalmente, otras 25 personas (líderes populares, organizadores, trabajadores de la iglesia y campesinos de Negros Occidental y Mulanay en la provincia de Quezón) fueron también arrestados en diciembre por cargos infundados.
También entiendo que se han emitido órdenes de arresto contra la Srta. Amelita Bravante y el Sr. Roy Vélez por cargos similares. La Srta. Bravante es una miembro del Consejo de Defensa del Empleo en Filipinas y el Sr. Vélez es Presidente del Movimiento Primero de Mayo en Manila y 5to nominado del ANAKPAWIS (Toiling Masses), un partido político que ha participado en el Congreso Filipino desde 2004.
Los acusados, la Srta. Bravante, el Sr. Vélez, el Sr. Vegas, el Sr. Camposano, el Sr. Abiva y el Sr. Corpuz han sido líderes activos de legítimas organizaciones populares, en defensa de los derechos humanos de los trabajadores y las poblaciones pobres urbanas de Filipinas. Han trabajado para promover el derecho al empleo, a condiciones de trabajo y salarios adecuados, vivienda adecuada y los derechos humanos relacionados al medio ambiente. Bravante, Vélez, Vegas y Camposano son líderes de sindicatos con base en Manila mientras que Abiva y Corpuz lo son en el Valle del Cangayán.
Estoy profundamente preocupado por los informes que sugieren que defensores de los derechos humanos y representantes de organizaciones populares en Filipinas están siendo atacados y se les están negando sus derechos a un juicio justo y al debido proceso de acuerdo a la ley. Me preocupan en particular las suposiciones de que las órdenes de detención arriba mencionadas fueron emitidas sin que se lleve a cabo una investigación completa para establecer la veracidad de los cargos planteados en contra de estas personas.
Deseo recordar al Gobierno de Filipinas que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que Filipinas ratificó en 1986, requiere que los estados firmantes respeten los derechos de todas las personas a la libertad y seguridad de su persona, así como el derecho a la libre expresión y reunión. El Pacto además prohíbe el arresto o detención arbitraria, y sostiene que “cualquier persona que sea arrestada debe ser informada, al momento de su arresto, de las razones para su detención y debe ser informado sin demora de los cargos que se le imputan.” También señala que quien es arrestado en base a cargos criminales tiene derecho a un juicio dentro de un plazo razonable o a ser liberado, y subraya que “no debe ser la regla general que las personas esperando juicio permanezcan bajo custodia”.
Finalmente, la criminalización de las actividades de los defensores de los derechos humanos en Filipinas va en contra de estándares de derechos humanos internacionalmente reconocidos, incluyendo la Declaración de la ONU sobre los Defensores de derechos humanos, que reconoce el derecho de toda persona a promover la realización de los derechos humanos y provee protección “de todos, individualmente y en asociación con otros, contra toda violencia, amenaza, represalias, discriminación adversa de facto o de jure, presión o cualquier otra acción arbitraria como consecuencia del legítimo ejercicio de” sus derechos como defensores de los derechos humanos.
Dada la gravedad de los supuestos arriba mencionados, exijo al gobierno de Filipinas:
Iniciar una investigación completa e imparcial para establecer la veracidad de los cargos que han sido presentados contra las personas acusadas antes mencionadas;
- Iniciar una investigación completa e imparcial para establecer la veracidad de los cargos que han sido presentados contra las personas acusadas antes mencionadas;
- Retirar inmediatamente los cargos criminales presentados contra los defensores de derechos humanos aquí mencionados que no se encuentren debidamente sustentados;
- Asegurar que los acusados gocen de las protecciones del debido proceso legal; y
- Tomar las medidas necesarias para garantizar que los defensores de los derechos humanos de Filipinas estén en condiciones de llevar a cabo su trabajo para defender y promover los derechos humanos, sin interferencia, intimidación o cargos criminales infundados en su contra.