Defender los derechos de la Tribu Yaqui en Sonora (México)
Carta Colectiva.
A:
Sr. Miguel Ángel Osorio Chong
Secretario de Gobernación
CC:
Ing. Juan José Guerra Abud
Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Sr. Guillermo Padrés Elías
Gobernador del Estado de Sonora
Sr. Guillermo Haro Bélchez
Procurador Federal de Protección al Ambiente.
Lic. Rafael Pacchiano Alamán
Subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental
Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo
Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Lic. Erick Bustamante Espinoza
Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sonora
Mtro. Emilio Álvarez Icaza
Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Sr. Javier Hernández Valencia
Representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
30 junio, 2014
La Red Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red-DESC) es la mayor red global de organizaciones y activistas dedicados a lograr la justicia económica, social y ambiental a través de los derechos humanos, y está constituida por 260 miembros entre organizaciones e individuos de 70 países.
Escribimos para expresar nuestra gran preocupación ante el conflicto por el que atraviesa la Tribu Yaqui con la construcción, pero principalmente operación, del Acueducto Independencia en el Estado de Sonora desde el año 2010 a la fecha. La Tribu Yaqui es un pueblo pacífico que ha habitado su territorio y ha hecho uso del Río Yaqui desde tiempos inmemoriables, además, históricamente ha mantenido su unidad y voluntad de subsistir como pueblo originario, pese a las diferentes medidas que a lo largo de su historia han buscado exterminarlos como pueblo. La Red-DESC aprecia el continuo trabajo y resistencia de la Tribu Yaqui con el fin de proteger sus derechos como pueblo indígena de cara a la las políticas de despojo de su territorio, recursos naturales y de su cultura.
En los últimos años la Tribu Yaqui ha expresado su oposición a la construcción y operación del Acueducto Independencia por los impactos adversos que este tiene para el medio ambiente, sus comunidades y su cultura. El Acueducto representa una seria amenaza en contra de las comunidades Yaqui que nunca fueron consultados, por lo que les fue vulnerado su derecho a ser consultados de manera previa, libre e informada. Al respecto, como un medio de defensa la Tribu Yaqui ha utilizado los medios legales que el derecho mexicano les otorga como pueblo indígena. En mayo del año pasado fue resuelto el Amparo en Revisión 631/2012 por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgando el amparo y protección de la justicia a la Tribu Yaqui para que se respete su derecho a la consulta y la posibilidad de suspender la operación del acueducto si esta les ocasiona daños irreparables.
De acuerdo con la información que hemos recibido, nos preocupa sobremanera el estado de inejecución en que se encuentra la sentencia y la forma en que se realiza la consulta, asimismo la decisión de no suspender la los flujos de agua desde el Río Yaqui, puesto que se pueden ocasionar grandes daños irremediables a la tribu, no sólo ambientales, sino culturales y sociales, con graves consequencias en los derechos humanos de estas comunidades. Asimismo, en fecha 10 de junio el Juzgado Octavo en el Estado de Sonora, dictó nuevamente la suspensión del Acueducto Independencia. Esperamos sinceramente que el Estado mexicano acate esta nueva orden judicial para salvaguardar los derechos humanos de la Tribu Yaqui.
No es menos importante, mencionar que durante el conflicto han aparecido órdenes de aprehensión dictadas en contra de diferentes autoridades tradicionales Yaquis donde se les acusa por diversos delitos, lo cual viene a afectar el trabajo activo con que dichas autoridades se han desempeñado como parte de su mandato, así como a perjudicar el carácter libre de la consulta que el Gobierno Mexicano les realiza, por lo que es importante que las autoridades tradicionales puedan ejercer sus funciones comunitarias y su defensa de manera libre y sin ningún tipo de hostigamiento o represión. En este sentido, nos preocupa enormemente la sentencia en el amparo en Revisión 93/2014 del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito que confirma la orden de aprehensión girada el 14 de junio de 2013 en contra de Mario Luna, Secretario de las autoridades tradicionales del Pueblo de Vicam de la Tribu Yaqui, Sonora, México y vocero de la Tribu Yaqui en el conflicto por el agua causado por la construcción y operación del Acueducto Independencia, promovido por el Gobierno del Estado de Sonora.
Quisieramos recordarle a su Excelencia que los Estados Unidos Mexicanos ratificaron el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y está obligado a respetar el derecho a la libre determinación de los pueblos, a la vida y a la protección de la ley. México también forma parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y ha ratificado el Protocolo de San Salvador por lo que está obligado a respetar el derecho de los pueblos a la libre determinación, a un nivel de vida adecuado, a la salud, a la cultura, a la no discriminación y a un medio ambiente sano. Este convenio también establece que en ningún caso, “una persona puede ser privada de sus medios de subsistencia.”
México también tiene la obligación de cumplir con los derechos consagrados en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT, incluyendo el derecho al consentimiento previo, libre e informado. Por último, la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos reconoce el derecho de todas las personas a promover la realización de los derechos humanos y proporciona una protección “de todo el mundo, individualmente y en asociación con otros, frente a cualquier tipo de violencia, amenazas, represalias, discriminación adversa de hecho o de jure, presión o cualquier otra acción arbitraria como consecuencia de su legítimo ejercicio de” sus derechos como defensores de los derechos humanos.
De acuerdo con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, instamos al Gobierno Mexicano de:
1. asegurar el derecho al consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas, y realizar la consulta bajo los estándares internacionales, es decir; de
manera previa, libre, informada, de buena fe, culturalmente adecuada
2. evitar cualquier medida que impide a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil en defensa de sus derechos, y
3. permitir a la Tribu Yaqui, y a las personas, pueblos y comunidades indígenas a promover, respetar y proteger los derechos humanos de todas las personas ante los
proyectos de desarrollo que les puedan afectar sus derechos fundamentales, y
4. trabajar hacia la plena realización de los derechos económicos, sociales y culturales en Mexico.
Nosotros los abajo firmantes, sumamente preocupados por la situación que actualmente atraviesan las comunidades Yaquis ante este conflicto y con el trasvase de grandes cantidades de agua, ya que hay poca o nula certeza de los impactos que con esto se puedan generar, apelamos en conjunto al Gobierno Mexicano para cumplir con sus obligaciones de derechos humanos en esta materia. Finalmente le solicitamos que nos informe de cualquier avance en este caso.
Atentamente,
Chris Grove
Director
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