Solicite vivienda para las familias sin hogar de Laguna Lakeshore, en Manila

At.:

Excmo. Sr. Benigno Simeon Aquino III, Presidente de la República de Filipinas

CC:

Excmo. Sr.Jejomar Binay, Vicepresidente de la República de Filipinas, Presidente del Consejo Coordinador de Desarrollo Urbano y Habitacional

Sra. Laarni Cayatano, Alcaldesa de la Ciudad de Taguig

Sra. Loreta Anne Rosales, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos 

Sr. Jaime Varela, Comisión Presidencial de Filipinas para los Pobres Urbanos

Sra. Corazon Juliano-Soliman, Secretaria, Departamento de Bienestar y Desarrollo Social

Sr. Allan Peter Cayetano, Senador, República de Filipinas

Sra. Pia S. Cayetano, Senadora, República de Filipinas

Sra. Leilani Farha, Relatora Especial sobre el derecho a una vivienda adecuada como componente del derecho a un estándar de vida adecuado y sobre el derecho a la no discriminación en este contexto

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Por la presente deseamos expresar nuestra profunda preocupación por la situación en la que se encuentran unas 130 familias tras ser víctimas del desalojo forzoso y la demolición de sus hogares en el área de las orillas del lago Laguna de la ciudad de Taguig.

Según los informes recibidos, las familias afectadas vivían, antes del desalojo y la destrucción de sus hogares, en siete vecindarios ubicados en la ribera del lago Laguna, en el área de Taguig de la zona metropolitana de Manila (Barangay Napindan, Calsada, Hagonoy, Ibayo-Tipas, New Lower y Lower Bicutan).

Se nos informa que el 30 de abril de este año las familias que vivían en C6 Road, Barangay Napindan fueron desalojadas por la fuerza de sus hogares por más de 300 efectivos de la Policía Nacional de Filipinas, la Oficina de Seguridad y Orden Público, y un equipo de demolición.

Tras haber perdido sus hogares, las familias afectadas habrían intentado refugiarse en la pista cubierta de Barangay Calsada, donde representantes del gobierno local les entregaron una pequeña cantidad de comida y varias colchonetas. Sin embargo, el 2 de mayo se les ordenó abandonar el lugar, por lo que se mudaron a carpas improvisadas armadas en terrenos baldíos adyacentes al área que había sido su vecindario. Se informó que durante los trabajos de demolición y limpieza posteriores al desalojo las autoridades de la Oficina de Seguridad y Orden Público acosaron a las familias afectadas y confiscaron sus pertenencias. También hemos recibido denuncias de violencia física y arrestos arbitrarios que se produjeron cuando algunas personas trataron de impedir que las autoridades se apoderaran de sus propiedades.

Actualmente, se nos informa que las familias viven en un estado de indigencia después de haber sido expulsadas del área de la orilla del lago de la que dependen para pescar, plantar cultivos y desarrollar sus medios de vida autónomos. Muchos de los residentes carecen de un ingreso estable que les permita pagar el alquiler de una vivienda convencional, lo que los había llevado a construir sus hogares en los terrenos baldíos de las orillas del lago. La pérdida de sus hogares y del acceso a sus medios de subsistencia debido al desalojo forzoso y las demoliciones ocurridas en la ciudad de Taguig ha dejado a estas familias (que ya se encontraban en una situación vulnerable) en condiciones muy precarias de vida, en una lucha por acceder a los recursos mínimos necesarios para sobrevivir. Muchas personas ahora ven seriamente impedida su capacidad de trabajar y no han ingerido suficientes alimentos ni agua potable desde el desalojo, y los padres también expresan su preocupación porque se ha interrumpido la educación escolar de sus hijos. Asimismo, se acerca la temporada de lluvias de la zona metropolitana de Manila y la seguridad, la salud y la supervivencia inmediatas de estas familias está gravemente en riesgo. El continuo acoso de las familias desalojadas por parte de efectivos de la Oficina de Seguridad y Orden Público complica aún más su situación de inseguridad.

Entendemos que el desplazamiento de estas familias se llevó a cabo en el marco del proyecto “Laguna Lake Development”, el mayor proyecto conjunto entre el sector público y privado del actual gobierno de Aquino, que abarca la construcción de una nueva autovía y la recuperación de tierras. El proyecto está valuado en 123.000 millones de pesos filipinos (aprox. USD 2.700 millones) y sería financiado con capital del Asian Development Bank, Fondo de Pensión Holandés y Macquarie. Varias empresas de las Filipinas participan en el proyecto, incluyendo SMDC, Ayala Land, Metro Pacific Group y San Miguel Corporations. El lago Laguna es el mayor lago de las Filipinas, una de las principales fuentes de vegetales y peces de agua dulce del país, y la base de la subsistencia de aproximadamente seis millones de personas que se verían directamente afectadas si se completa este proyecto de recuperación de tierras y construcción de autovía.

También entendemos que los representantes de las oficinas del gobierno local del área metropolitana de Manila han negado en repetidas oportunidades que tengan la obligación de proteger los derechos humanos de las familias afectadas, como en una conferencia de prensa realizada el 22 de abril por representantes del gobierno de la ciudad de Taguig y la Oficina del Presidente de Filipinas por medio de la Comisión Presidencial para los Pobres Urbanos. Se informa que el 12 de mayo personal de la alcaldesa Laarni “Lani” Cayetano del gobierno de la ciudad de Taguig reiteró que el gobierno local no posee ningún programa para asistir a las personas afectadas y declaró que dichas familias no cumplían con los requisitos para acceder a asistencia pública habitacional. También entendemos que, el 21 de mayo de 2014, las familias afectadas, por medio de su organización local, se reunieron con varios funcionarios gubernamentales, incluyendo de la Comisión Nacional Anti Pobreza y la Corporación de Financiación de Viviendas Sociales, para discutir posibles soluciones para la situación de las familias sin techo. Dicha Comisión habría sugerido un préstamo de 450.000 pesos para que las familias adquieran una hipoteca comunitaria, monto que es excesivo teniendo en cuenta los recursos limitados de estas familias de bajos ingresos. En otra respuesta, la Autoridad Habitacional Nacional habría ofrecido reubicar a las familias en Trece Martirez Cavite, un área muy lejana de su fuente de subsistencia y otros servicios básicos. De acuerdo con la información que hemos recibido, el gobierno todavía no ha proporcionado una solución viable y satisfactoria que cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos.

Deseamos recordarle al Gobierno de Filipinas que, conforme al derecho humanitario internacional, tiene la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de sus ciudadanos. En virtud de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y como parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Filipinas posee obligaciones claras frente al derecho a un nivel de vida adecuado, incluyendo una vivienda adecuada y la seguridad del título, el derecho al trabajo y los derechos a la alimentación, el agua y los servicios sanitarios, y la educación, así como el derecho a abstenerse de incurrir en tratamientos crueles, inhumanos o degradantes. Asimismo, ambos Pactos establecen claramente: “Bajo ningún caso un pueblo podrá estar privado de sus propios medios de subsistencia”. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha determinado que los desalojos forzosos son una seria violación de los derechos humanos y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha afirmado que los desalojos forzosos solo se permiten bajo condiciones específicas, incluyendo cuando las personas afectadas tienen la oportunidad de ser consultadas en forma genuina, son notificadas previamente de manera adecuada y razonable, y tienen la posibilidad de interponer recursos legales. Los Principios Básicos y Directrices de la ONU sobre los Desalojos y el Desplazamiento Generados por el Desarrollo también han establecido que todos los desalojos deben (a) contar con autorización legal; (b) ser llevados a cabo de acuerdo con el derecho humanitario internacional; (c) efectuarse exclusivamente con el propósito de promover el bienestar general y (d) ser razonables y proporcionados. Las normas internacionales también reconocen la obligación de explorar estrategias que reduzcan al mínimo o eviten los desplazamientos y el derecho al reasentamiento de las personas desplazadas, incluyendo viviendas que sean adecuadas, accesibles, asequibles, habitables y aseguren el acceso a servicios esenciales y a lugares de trabajo. Las familias afectadas tienen derecho a una compensación justa y a suficiente alojamiento alternativo, o a la restitución, inmediatamente después del desalojo. 

Teniendo en cuenta los graves abusos que se han cometido contra las familias mencionadas anteriormente y en reconocimiento de las condiciones actuales que impiden su capacidad de vivir en dignidad, los suscriptos llaman a Filipinas a:

1. Poner fin a las operaciones de demolición actuales y al acoso continuo de las mencionadas familias sin techo.
2. Asegurar que las familias mencionadas anteriormente tengan acceso a viviendas alternativas asequibles y adecuadas ubicadas cerca de sus fuentes de trabajo, centros de educación y servicios sociales.
3. Proporcionar una compensación justa por daños y pérdidas causadas por la demolición de viviendas y asistencia de rehabilitación para permitirles satisfacer sus necesidades inmediatas, tales como de vivienda, alimentos, agua, medicamentos y vestimenta, y efectuar los reembolsos correspondientes.
4. Asegurar el acceso a recursos legales de las víctimas de desalojos forzados.
5. Asegurar que todos los proyectos de desarrollo de Filipinas cumplan con las obligaciones de derechos humanos del país, incluyendo el derecho de las personas afectadas a ser consultadas, y no conduzcan a que personas que viven en situación de pobreza pasen a vivir en la indigencia o se queden sin techo.