Our response COVID-19

Solapas principales

Los datos son necesarios para la realización de los derechos humanos. Sin ellos no podemos entender la situación prevalente de los derechos humanos, no podemos tomar decisiones informadas sobre políticas y no podemos evaluar la efectividad de esas decisiones sobre políticas. Existe una grieta de datos de derechos humanos.

La capacidad de los gobiernos para brindar servicios públicos básicos y garantizar el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales se ha visto cada vez más obstaculizada por el endeudamiento; dejándolos virtualmente incapaces de responder a las grandes crisis. Los países poderosos, que controlan a las instituciones financieras internacionales como el FMI, pueden permitir que estas economías respondan de manera significativa; sólo necesitan la voluntad para dejarlas.

Durante siglos, y debido a legados coloniales de desigualdad, los gobiernos del Sur Global han estado en deuda con actores poderosos. En 1825, Francia obligó a la recién independizada Haití a pagar entre 20 y 30 mil millones de dólares estadounidenses actuales como compensación a los propietarios de esclavos franceses que habían sido derrocados menos de dos décadas antes. Le tomó al país 122 años en pagar esa deuda paralizante, dejando a lo que solía ser la colonia más lucrativa del mundo incapacitada de desarrollar una infraestructura básica en salud y educación. Haití nunca logró salir de esa espiral de endeudamiento: en el 2019 gastó más del triple en pagar sus deudas que en servicios sociales (disponible en inglés)

Hace más de cinco décadas, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el primer instrumento mundial codificado de derechos humanos sobre la injusticia racial, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (ICERD, por sus siglas en inglés). Cuando hace unos meses celebramos el 56º aniversario de la ICERD, resulta descorazonador que, dos años después del inicio de la pandemia de la covid-19, las desigualdades en el acceso a las vacunas y a la atención sanitaria se sigan profundizando en líneas raciales e interseccionales.

En la década de 1960, los Estados de Latinoamérica y el Caribe, Asia y África estaban muy interesados en que se adoptara esta norma. Habían vivido la esclavitud y la colonización que destruyeron sus economías circulares, habían sido testigos de profundas injusticias como las de Palestina y el apartheid de Sudáfrica, y habían tolerado el maltrato de sus comunidades de parientes que vivían como ciudadanos menos que plenos en el mundo desarrollado. 

La crisis de la covid-19 ha puesto de manifiesto por qué es urgente un pacto social sobre los cuidados para acabar con las desigualdades estructurales y la creciente feminización de pobreza en Latinoamérica, que en 2021 la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) estimó que afectaría a 118 millones de mujeres, 23 millones más que en 2019.

Esta crisis de salud, económica y social sin precedentes podría haber sido una oportunidad para por fin reconocer el cuidado como la piedra angular de nuestras sociedades. Desde los inicios de la pandemia, el trabajo invisible de millones de mujeres suplió en gran parte las carencias de sistemas públicos frágiles y deficitarios por causa de la creciente privatización y mercantilización del sector público. Así, cada día aplaudimos a los millones de profesionales de la salud, que en un 73% son trabajadoras que se exponían al virus sin equipo de protección adecuado y en sistemas sanitarios sin recursos tras décadas de falta de inversión pública; sentimos gratitud hacia las que ponían en riesgo su salud y la de sus familias para seguir cuidando a nuestros familiares dependientes; ante el cierre de las escuelas, las que compatibilizaron dobles y triples jornadas con el cuidado de sus hijos, y muchas también de sus nietos y sobrinos.

La crisis de la covid-19 ha puesto de manifiesto por qué es urgente un pacto social sobre los cuidados para acabar con las desigualdades estructurales y la creciente feminización de pobreza en Latinoamérica, que en 2021 la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) estimó que afectaría a 118 millones de mujeres, 23 millones más que en 2019.

Cerca de 200 miembros de la Red-DESC y aliados se reunieron para amplificar las voces de nuestras comunidades, las cuales han sido las más afectadas por las desigualdades exacerbadas por la negativa de la OMC a pasar una suspensión completa del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) para vacunas y terapias contra el COVID-19. 

Abogados de derechos humanos amenazaron con iniciar acciones legales contra los gobiernos de Alemania, Noruega y Canadá por obstruir los esfuerzos mundiales para incrementar el acceso a vacunas contra la COVID-19 y otras tecnologías sanitarias.

El anuncio llega cuando delegados estatales...

La Red-DESC, Médicos sin Fronteras, la organización legal Movement Law Lab y la alianza internacional The People’s Vaccine Alliance, copatrocinan una movilización mundial en línea para presionar a la Organización Mundial del Comercio (OMC) y a los Estados que se niegan a aprobar una exención significativa para las vacunas y terapias COVID-19 que salvan vidas.

23
Nov
2021

La Red-DESC junto con Movement Law Lab, The People’s Vaccine Alliance y MSF Access Campaign copatrocinan la manifestación virtual global para presionar a la Organización Mundial del Comercio (OMC) y a los Estados que se niegan a aprobar una exención significativa para las vacunas y terapias COVID-19 que salvan vidas.

Fecha: 23 de noviembre de 2021

Hora: 9:00 am -11: 00 am EST (verifique su zona horaria aquí)

Registro: bit.ly/rallywaiver

 

An international coalition of human rights law groups, public health experts, and civil society organisations is taking legal action against the US, UK, Germany, Norway, and Switzerland, on the grounds that these countries are in violation of international human rights law by failing to intervene on what has been an inequitable and racially discriminatory rollout of the vaccine and other COVID healthcare technologies.