Access to Justice

Solapas principales

Y.I. v. Rusia

Y.I., madre de tres menores, fue arrestada el 8 de octubre de 2013 bajo sospecha de tráfico de estupefacientes. Había consumido opiáceos durante seis años desde 2004, y en el momento de su detención había vuelto a comenzar a tomar drogas desde hacía poco tiempo y había permitido que otras personas consuman drogas en su hogar. Un oficial de policía de asuntos de menores también presentó múltiples informes, afirmando que Y.I. había descuidado sus responsabilidades parentales.

Dobson vs. North Cumbria Integrated Care NHS Foundation Trust

Dobson era una enfermera comunitaria empleada por North Cumbria Integrated Care que trabajaba dos días a la semana. Siendo madre de tres niños, dos de ellos con discapacidades, dependía de tener un horario de trabajo fijo. Desde 2008 a 2016, Dobson mantuvo sin problemas una semana de 15 horas durante un periodo de dos días fijos. En 2013, su empleador primero le pidió que trabaje algún fin de semana, pero, después de que Dobson explicara la dinámica de su familia y el trabajo que tenía que terminar en su casa, se dejó de lado la cuestión.

Okpabi y otros (recurrentes) vs. Royal Dutch Shell Plc y otra (demandadas)

Las demandantes en esta causa son las comunidades ogale y bille del Estado de Rivers, Nigeria, quienes representan a aproximadamente 50.000 personas. Denunciaban daño ambiental generalizado, incluyendo contaminación de la napa freática, causado por derrames de petróleo de la Shell Petroleum Development Company of Nigeria (SPDC). Las dos demandadas son Royal Dutch Shell Plc (RDS), la empresa matriz de RU, y SPDC, una subsidiaria de PDS registrada en Nigeria.

STS 1263/2018, 17 de Julio de 2018

En 2003, una niña de siete años de edad llamada Andrea fue asesinada por su padre, quien posteriormente se suicidó, durante una visita aprobada por un tribunal. La madre de Andrea, Andrea González, había denunciado a la policía más de cuarenta y siete (47) instancias de abuso físico y solicitó órdenes de prohibición contra el padre para protegerse a sí misma y a su hija, pero el padre no había aceptado visitas supervisadas y un tribunal eventualmente le permitió las visitas sin vigilancia que condujeron a la muerte de la niña.

Mitu-Bell Welfare Society vs. Kenya Airports Authority, Petición ante la Corte Suprema 3 de 2018

En septiembre de 2011, 3000 familias fueron desalojadas de las tierras aledañas al aeropuerto Wilson habiendo recibido solo 7 días de preaviso. Sus hogares fueron destruidos. La autoridad responsable de los departamentos del país, Kenya Airports Authority, era propietaria del terreno lindero con el aeropuerto, pero las familias residentes en Mitumba Village habían ocupado el lugar desde hacía ya cierto tiempo.

Opinión: Confrontar el racismo sistémico a nivel global

Las injusticias sufridas por las comunidades empobrecidas y las comunidades de color en todo el mundo no se rectificarán mediante meros cambios superficiales en las políticas, sino que requerirán una reestructuración radical de los sistemas que se han construido a lo largo de los siglos...

Nevsun Resources Ltd. vs. Araya

Nevsun Resources Ltd. (Nevsun), una empresa establecida en la Columbia Británica que es propietaria del 60% de la Bisha Mining Share Company, apeló el acuerdo del Tribunal de Apelaciones respecto de la decisión del juez de Cámara (Chambers Judge) de rechazar la petición de Nevsun de anular los alegatos. Nevsun había sido objeto de una demanda colectiva presentada por más de mil personas que decían haber sido obligadas a trabajar en la mina de Bisha Mining Share Company entre 2008 y 2012.

Ocupantes de Erven 87 y 88 Berea v. Christiaan Frederick De Wet N.O., (2017), ZACC 18

El 10 de septiembre de 2013, el Tribunal Superior dictó una orden de desalojo "por acuerdo" de 184 ocupantes no autorizados de un bloque de apartamentos en el que habían vivido durante períodos de hasta 26 años. Sólo cuatro de los 184 ocupantes estaban presentes en el procedimiento inicial del Tribunal, acompañados por el representante no oficial de su comité de barrio, el Sr. Skhulu Ngubane. El Tribunal Superior ordenó el desalojo de los ocupantes y, en procedimientos paralelos, se negó a conceder la rescisión de esta sentencia.