Derechos de la infancia

Solapas principales

En 1991, las Filipinas delegaron la responsabilidad por “la salud y seguridad del pueblo” al nivel local. En ejercicio de estas facultades, en el año 2000 en Manila se pronunció el decreto 003 (“D 003”), en el cual se declaró que la ciudad adoptaría “una posición afirmativa respecto de los temas pro-vida”.

En 2006, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), organización miembro de la Red DESC, promovió una acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El objeto de la acción fue lograr que se ordenara al Gobierno cumplir con su obligación constitucional de asegurar y financiar el acceso a la educación inicial, al estar afectados el derecho a la educación y a la igualdad, y el principio de autonomía personal.

La Comunidad Indígena Xákmok Kásek, originariamente del área del Chaco Paraguayo, reclamó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el reconocimiento de  su territorio tradicional.  Paraguay vendió y dividió estas tierras sin consideración de las poblaciones indígenas.  La Estancia Salazar se fundó en la tierra donde por años vivió la a Comunidad Xákmok Kásek y en esta Estancia, se limitó la capacidad de la comunidad a subsistir y desarrollar su modo de vida, además de la omisión del Estado en su deber de garantizar los derechos territoriales de la comunidad.

La Corte Constitucional de Colombia revisó el caso relativo a una acción de tutela (acción de protección de derechos constitucionales) en la cual se analizaba si las actividades de la empresa minera Drummond afectaban los derechos a la vida, al medio ambiente, a la intimidad y a la salud del peticionario y su familia. El peticionario y su familia viven cerca de la mina a cielo abierto Pribbenow ubicada en La Loma, municipio El Paso del departamento de Cesar, en el Norte de Colombia.

Esta sentencia del año 2014 fue dictada después de tres rondas de litigación.

El 14 de abril de 2014, el Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño (OP3-CRC) entró en vigor, permitiendo al Comité de los Derechos del Niño recibir denuncias de personas o grupos de personas en contra de los estados que tienen ratificado el instrumento

Este caso se refiere a una apelación de 2009 ante el Tribunal Constitucional de Sudáfrica, presentado por el Jefe del Departamento de Educación de Mpumalanga (HoD).

La demanda fue iniciada por Paul O’Donoghue, quien  nació en noviembre de 1984, y contrajo el síndrome de Reyes, una  infección viral  grave: como resultado de la misma, a los 8 meses de edad sufrió  daños cerebrales.

El Alto Tribunal Social de Renania del Norte-Westfalia le solicitó a la Corte Constitucional de Alemania que decida si los subsidios económicos entregados  a los solicitantes de asilo conforme la sección 3, párrafo 2, de la Ley de Beneficios para Solicitantes de Asilo cumplían con el derecho constitucional a condiciones mínimas para una existencia digna.