Derechos de la infancia

Solapas principales

La demandante interpuso una orden de interdicto o tutela dirigida a garantizar el derecho de una menor de 12 años a su salud mental, entre otros derechos. La menor quedó embarazada a principios de 2011 y empezó a presentar síntomas de ansiedad y depresión, según el diagnóstico de varios médicos que recomendaron la interrupción del embarazo.

País: 
Reino Unido
Grupo(s) de Trabajo / Área(s) de Trabajo: 
PF-PIDESC
País: 
Bélgica
Grupo(s) de Trabajo / Área(s) de Trabajo: 
Monitoreo
PF-PIDESC

La madre de una niña con discapacidad intelectual inició una acción de tutela luego de que su hija fuera diagnosticada con déficit cognitivo y microcefalia y no pudiera acceder al programa integral de terapias y educación especial encomendado, debido a la falta de recursos para cubrir dicho servicio.

La  acción fue impulsada por una persona sordomuda que había cursado el primer semestre en la Institución Normal Superior del Municipio de Montería para obtener el título de Normalista Superior pero que le fue imposible continuar después del primer año debido a la aplicación de la ley que condiciona la asignación de traductores a las instituciones educativas a la presencia de mínimo 10 estudiantes en situación de discapacidad auditiva (Decreto 366/2009, Artículo 9 par. 3).

El peticionante es una asociación que representa a más de 150 organizaciones que proveen asistencia a niños de la provincia de Western Cape que padecen discapacidades intelectuales graves y profundas. En esa región, la única educación disponible para estos niños es provista por "Centros de Educación Especial" operados por organizaciones no gubernamentales. La cantidad de Centros de Educación Especial no es suficiente y los niños que no pueden asistir a esos centros no tienen ninguna alternativa.

Esta acción de clase fue iniciada en nombre de los niños de un distrito escolar con una tasa del impuesto a la propiedad relativamente baja y de los cuales el 98% eran niños de ascendencia mexicana. Los peticionantes cuestionaron el hecho de que el Estado de Texas se valga de los impuestos a la propiedad para financiar sus escuelas, lo que significaba que los alumnos de los distritos más pobres recibían solamente dos tercios de los fondos que recibían los alumnos de los distritos más ricos.

Una de las funciones de la Corte Constitucional de Colombia es revisar las acciones de tutela. La Corte revisa todos los años una pequeña porción de las más de trescientas mil acciones de tutela resueltas por los tribunales inferiores; el 36% de dichas acciones se relacionan con el derecho a la salud, según datos proporcionados para 2005 por la Oficina de la Defensoría del Pueblo de Colombia. La sentencia T-760 de 2008 acumuló 22 acciones de tutela.

País: 
Gambia
Grupo(s) de Trabajo / Área(s) de Trabajo: 
PF-PIDESC
País: 
Canadá
Grupo(s) de Trabajo / Área(s) de Trabajo: 
Litigio Estratégico
PF-PIDESC