Educación

Solapas principales

La Coalición de ONG para la Ratificación del Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PF-PIDESC) presenta un nuevo video promocional como...

En este litigio de interés público, presentado a través del artículo 32 de la Constitución de la India en forma directa ante la Corte Suprema del país, se solicitó a la Corte que ordene al estado de Uttar Pradesh tomar medidas para poner fin al trabajo de menores.

Mental Disability Advocacy Center presentó ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (que juzga el cumplimiento de los Estados de la Carta Social Europea) una demanda para denunciar que los niños que viven en hogares para niños con discapacidades mentales de Bulgaria no reciben educación o, en todo caso, muy poca.

El caso fue presentado por niños desfavorecidos que necesitaban vivienda y tratamiento en unidades de apoyo intensivo. Los niños afirmaron que el estado tenía la obligación constitucional de proporcionarles cuidados especiales e instalaciones educativas apropiadas. El estado coincidió en que tales instalaciones eran necesarias y afirmó que había iniciado el proceso de planificación para construirlas. Sin embargo, los proyectos sufrieron numerosos retrasos administrativos y logísticos.

El consorcio Juma Masjid Trust le había permitido a la escuela primaria Juma Musjid, una escuela pública, utilizar su propiedad privada por un período prolongado. La disputa surgió cuando el Departamento de Educación Provincial responsable de la escuela no pagó el alquiler o gastos varios necesarios para el funcionamiento de la escuela, y tampoco respondió adecuadamente a una notificación y otras comunicaciones enviadas por el consorcio solicitando que se evacuara el edificio.

El European Roma Rights Centre (ERRC) está dispuesto a demandar a los segregacionistas en toda Europa y ha puesto en marcha una campaña online para combatir...

En 1993, la organización Campaign for Fiscal Equity (CFE), junto con varios alumnos y sus padres, presentaron una demanda afirmando que el sistema de financiación educativa del Estado de Nueva York violaba la constitución estatal al no proporcionar a los alumnos de las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York la oportunidad de obtener una educación básica de buena calidad.