Educación

Solapas principales

Este caso se refiere a una apelación de 2009 ante el Tribunal Constitucional de Sudáfrica, presentado por el Jefe del Departamento de Educación de Mpumalanga (HoD).

Poco después de que el demandante, Jamie Sinnott, naciera en 1977, los médicos descubrieron que padecía de un autismo severo. Durante los siguientes 22 años de su vida, su madre intentó proporcionar a su hijo habilidades básicas de habla, idioma y destrezas motoras, así como uso de los inodoros. Por desgracia, descubrió que las pocas instituciones para niños con graves discapacidades físicas y mentales en Cork, Irlanda no podían atender las continuas necesidades de educación de su hijo autista.

La demanda fue iniciada por Paul O’Donoghue, quien  nació en noviembre de 1984, y contrajo el síndrome de Reyes, una  infección viral  grave: como resultado de la misma, a los 8 meses de edad sufrió  daños cerebrales.

En una decisión unánime la Corte Suprema Federal de Brasil decidió confirmar la constitucionalidad de las cuotas raciales en procesos de admisión universitaria a fin de crear un entorno académico diverso, superar la historia de discriminación racial de Brasil y promover el principio de la igualdad de facto según se aplica a la discriminación racial en la educación. Asimismo, la Corte se refirió a temas de proporcionalidad y razonabilidad como criterios para evaluar la constitucionalidad de políticas destinadas a lograr la igualdad racial.

Este caso del Tribunal Supremo fue iniciado con el apoyo de Hakijamii, una organización de derechos humanos con sede en Nairobi que es miembro de la Red-DESC desde 2005. El caso surgió de un pedido de más de mil personas desalojadas de sus hogares ubicados en seis comunidades conocidas comúnmente como Medina, municipalidad de Garissa.

País: 
Reino Unido
Grupo(s) de Trabajo / Área(s) de Trabajo: 
PF-PIDESC

La madre de una niña con discapacidad intelectual inició una acción de tutela luego de que su hija fuera diagnosticada con déficit cognitivo y microcefalia y no pudiera acceder al programa integral de terapias y educación especial encomendado, debido a la falta de recursos para cubrir dicho servicio.

La  acción fue impulsada por una persona sordomuda que había cursado el primer semestre en la Institución Normal Superior del Municipio de Montería para obtener el título de Normalista Superior pero que le fue imposible continuar después del primer año debido a la aplicación de la ley que condiciona la asignación de traductores a las instituciones educativas a la presencia de mínimo 10 estudiantes en situación de discapacidad auditiva (Decreto 366/2009, Artículo 9 par. 3).