Aplicación de los DESC

Solapas principales

La Red-DESC, Dejusticia (Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Colombia) y el Norwegian Centre on Human Rights, con el apoyo de la Fundación Ford, organizaron un taller de dos días en Bogotá, Colombia, el 6 y 7 de mayo de 2010, que reunió a académicos, abogados y activistas de derechos humanos, y jueces constitucionales de diferentes partes del mundo.

En SERAP c./ Nigeria, la Corte de ECOWAS[1] consideró si tenía jurisdicción para decidir sobre una demanda relacionada con el derecho a la educación bajo la Carta Africana, aunque dicho derecho tal vez no fuera justiciable según el derecho nacional constitucional o estatutario.

Cinco residentes de Phiri, en Soweto, demandaron a la ciudad de Johannesburgo, Johannesburg Water (una empresa de propiedad de la ciudad) y al Ministerio Nacional de Agua y Silvicultura.

Diciembre 10, 2009, marca el primer aniversario de la adopción del Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En esta fecha La Coalición emitió un llamado a la Sociedad Civil y a los Estados para que fortalezcan sus esfuerzos rumbo a la pronta entrada en vigor e implementación del Protocolo.     

La Coalición Internacional de ONG por un Protocolo Facultativo ha publicado una convocatoria dirigida a la sociedad civil para llamar su atención sobre las próximas elecciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales e instar su participación para asegurar la elección de miembros independientes y con sólida experiencia en DESC.

Ocho mujeres, todas miembros de la comunidad romaní de Eslovaquia, recibieron tratamiento ginecológico y obstétrico en Eslovaquia oriental. Luego de este tratamiento, ninguna de las ocho mujeres pudo volver a concebir. Las mujeres recordaron que se les había pedido que firmaran unos documentos antes de ser dadas de alta del hospital, pero no pudieron identificar el contenido de los documentos que firmaron. Abogados del Centro de Derechos Civiles y Humanos, en representación de las mujeres afectadas, solicitaron copias de las historias clínicas.

Durante la construcción de un oleoducto en Myanmar por parte de Unocal, empresa estadounidense productora de petróleo y gas, ésta contrató al ejército de dicho país para que lleve a cabo tareas de seguridad en la obra. Los pobladores locales de la zona en la que se estaba construyendo el oleoducto denunciaron que el ejército los sometió a desalojos forzosos, los obligó a trabajar en el proyecto, y cometió violaciones, asesinatos y torturas.

Naz Foundation India, una organización no gubernamental comprometida con el tratamiento y prevención del VIH/SIDA, presentó una demanda de interés público ante el Tribunal Superior de Nueva Delhi cuestionando la constitucionalidad del art. 377 del Código Penal de la India, el cual declara ilegal todo acto sexual "antinatural", definido como todo aquel diferente de la relación sexual heterosexual. El Tribunal Superior desestimó la presentación original de 2004 por falta de hechos o antecedentes que justificaran la acción judicial.

Una de las funciones de la Corte Constitucional de Colombia es revisar las acciones de tutela. La Corte revisa todos los años una pequeña porción de las más de trescientas mil acciones de tutela resueltas por los tribunales inferiores; el 36% de dichas acciones se relacionan con el derecho a la salud, según datos proporcionados para 2005 por la Oficina de la Defensoría del Pueblo de Colombia. La sentencia T-760 de 2008 acumuló 22 acciones de tutela.

La ciudad de Johannesburgo buscaba desalojar a hombres, mujeres y niños de dos edificios en el centro de la ciudad de Berea. Esta medida formaba parte de una política general de evacuación formulada bajo la Estrategia de Regeneración del Centro de la Ciudad de Johannesburgo, en la que los desalojos se llevaban a cabo de noche y sin aviso previo, conforme a leyes y disposiciones del régimen del Apartheid. La ciudad adujo que las condiciones de vida no eran higiénicas y creaban peligros de incendio, pero se negó a ofrecer a los ocupantes viviendas alternativas.