Igualdad y no discriminación

Solapas principales

Los peticionantes cuestionaron la omisión del gobierno de Uganda de proporcionar servicios de salud materna básicos en violación de (1) el derecho a la salud, (2) el derecho a la vida y (3) los derechos de la mujer con arreglo a la Constitución.

La acción surgió de una apelación de dos sentencias del Superior Tribunal de 2016. Un grupo local de mujeres (Mahila Mandals) y otros grupos de autoayuda cuestionaron la validez de un llamado a licitación emitido ese año por el Estado de Maharashtra. Mediante la licitación, un contrato de suministro de suplementos alimenticios a beneficiarios del ICDS fue concedido a grandes empresas con fuertes vínculos políticos.

Anil Kumar Mahajan se unió al Servicio Administrativo de la India (IAS) en 1977, iniciando una carrera en la que fue sujeto a numerosas suspensiones y, en última instancia, fue obligado a retirarse en relación con una discapacidad relacionada con la salud mental. Fue suspendido del 17 al 24 de febrero de 1988. Por segunda vez, desde el 24 de febrero de 1988 hasta el 24 de febrero de 1990. El 20 de mayo de 1993 fue sometido a una tercera suspensión, sujeta a investigaciones oficiales, y luego debió comparecer frente a un consejo médico.

Los Gumede contrajeron matrimonio en 1968, antes de la Ley de Reconocimiento de Matrimonios Consuetudinarios 120 de 1998, que entró en vigencia el 15 de noviembre de 2000.

Cuando Makhosazane Eunice Sacolo, una mujer de Suazilandia, fue abandonada por su esposo, no pudo vender el ganado que poseían, tampoco el que había comprado con su propio dinero. Bajo el derecho consuetudinario de la potestad marital de Esuatini, esos bienes estaban registrados a nombre de su marido. Esta doctrina del derecho consuetudinario, así como la Ley del Matrimonio de 1964, también prohibían a las mujeres casadas celebrar contratos sin permiso del marido.

El demandante, Un Techo para mi País México (Techo), arguyó que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) no recabó datos censales acerca de los asentamientos informales. Según Techo, esto provocó que el Estado no respetase el derecho a una vivienda digna, puesto que las políticas estatales dependen de los datos estadísticos recabados por el censo. La Corte afirmó que el hecho de que el INEGI no hubiese recogido y publicado datos estadísticos sobre los asentamientos informales creaba una presunción de inconstitucionalidad que situaba la carga de la prueba en el INEGI.

Las injusticias sufridas por las comunidades empobrecidas y las comunidades de color en todo el mundo no se rectificarán mediante meros cambios superficiales en las políticas, sino que requerirán una reestructuración radical de los sistemas que se han construido a lo largo de los siglos...

En 2014 y 2015, un brote del virus del Ébola en Sierra Leone obligó a cerrar las escuelas durante nueve meses. Una consecuencia del cierre de escuelas fue un considerable aumento de los embarazos entre adolescentes (en algunas áreas, aumentaron 65%). Por ello, el entonces ministro de Educación, Ciencia y Tecnología anunció públicamente que no se permitiría la asistencia de niñas embarazadas a escuelas del sistema de educación general mientras estuvieran embarazadas a fin de evitar que influyeran negativamente sobre sus pares.

Alto Tribunal de Uganda encuentra discrepancias en la calidad entre las escuelas públicas, concertadas y las que funcionan con asociaciones público-privadas, lo que supone una violación de los derechos a la educación y a la igualdad

Después de la introducción del programa de Educación Secundaria Universal (USE, por sus siglas en inglés) en 2007 por parte del Gobierno de Uganda, el programa se implementó posteriormente en escuelas públicas, escuelas subvencionadas por el gobierno, escuelas privadas con fines de lucro de Asociaciones Público-Privadas (APP) y escuelas privadas sin fines de lucro de APP. El Gobierno pagó UGX 47.000 por estudiante para aquellos matriculados en las escuelas APP, a diferencia de UGX 230.000 por estudiante matriculado en las escuelas públicas y subvencionadas por el gobierno.