Salud

Solapas principales

La Secretaría Técnica de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado solicitó a la Corte que falle sobre la situación de la población desplazada en medio de la pandemia de COVID-19, dado que la respuesta del Estado a la pandemia no había incluido una categoría para personas desplazadas. En cambio, la respuesta del Estado y la ayuda prevista solo incluyeron a las personas mayores y a las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad en general.

Según la legislación constitucional colombiana, los niños y niñas deben recibir prioridad en la atención y salvaguarda de sus derechos. A pesar de ello, más del cincuenta por ciento de la población desplazada en Colombia está compuesta por niños, niñas y adolescentes menores de 18 años. La Corte en este caso concluyó que la respuesta gubernamental ha sido en gran medida inexistente e ineficiente para resolver las innumerables violaciones de los derechos humanos de niños y niñas.

Poco después de un escape de gas de óleum ocurrido en una planta de propiedad de Shriram Foods and Fertilizer Industries (“Shriram”), un juez de distrito ordenó a la empresa cesar temporalmente las operaciones de una planta de cloro emplazada en un terreno de 31 hectáreas de la empresa ubicado en un área densamente poblada por unas 200.000 personas en Delhi. El autor, M.C.

Este caso se refiere a una solicitud de medidas provisionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (la “Corte”) presentada por Center for Justice and International Law (CEJIL), en nombre de Jesús Tranquilino Vélez Loor, con arreglo a los artículos 63(2) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 27(3) del Reglamento de la Corte.

Luis Eduardo Guachalá Chimbo, quien tenía 23 años en el momento de su desaparición, sufría de ataques epilépticos desde la niñez. El 21 de enero de 2004, se le diagnosticó una discapacidad psicosocial. Debido a que no poseía suficientes ingresos para cubrir sus propias necesidades básicas y las de su familia, el señor Chimbo no siempre podía pagar los medicamentos necesarios para tratar sus ataques de epilepsia.

La peticionaria en este caso fue Martina Vera Rojas y sus padres. Martina padece el síndrome de Leigh, una enfermedad neurológica y muscular que requiere de extensos cuidados y tratamiento. Los padres de Martina contrataron una póliza de seguro de salud de una compañía de seguros privada llamada Isapre MasVida que incluía cobertura especial para enfermedades catastróficas y tratamiento en el domicilio. En 2010, Martina fue informada de que no se incluiría más el tratamiento en el domicilio para enfermedades crónicas, conforme a una nueva disposición (Circular IF/No.

Las organizaciones International Commission of Jurists (ICJ) y European Council for Refugees and Exiles (ECRE) denunciaron que los niñes migrantes del territorio continental y las islas de Grecia han sido privados de sus derechos garantizados por la Carta Social Europea Revisada (en adelante, “la Carta”), los que incluyen los derechos a la vivienda compatible con la dignidad humana; garantías sociales, legales y económicas; salud; asistencia social y médica; y educación.

El peticionario, Dudley Lee, contrajo tuberculosis (TB) mientras estaba preso en un centro de detención supervisado por el ministro del Servicio Penitenciario. Lee presentó demanda contra el ministro ante el Tribunal Superior de Western Cape, en Ciudad del Cabo, el cual concluyó que el ministro debía pagar por los daños que había sufrido el demandante.

Abogados de derechos humanos amenazaron con iniciar acciones legales contra los gobiernos de Alemania, Noruega y Canadá por obstruir los esfuerzos mundiales para incrementar el acceso a vacunas contra la COVID-19 y otras tecnologías sanitarias.

El anuncio llega cuando delegados estatales...

La Red-DESC, Médicos sin Fronteras, la organización legal Movement Law Lab y la alianza internacional The People’s Vaccine Alliance, copatrocinan una movilización mundial en línea para presionar a la Organización Mundial del Comercio (OMC) y a los Estados que se niegan a aprobar una exención significativa para las vacunas y terapias COVID-19 que salvan vidas.