Salud

Solapas principales

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió una petición contra el Estado de Brasil a favor de los indígenas Yanomami a raíz de la construcción de una carretera y del otorgamiento de permisos de explotación minera en territorio indígena.

Un grupo de ciudadanos viviendo con VIH/SIDA interpusieron una acción de amparo contra el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (MSAS) a causa de la negativa de aquel ente de entregarles los medicamentos necesarios para el tratamiento que les había sido prescripto (triple terapia). Los demandantes no disfrutaban de ningún servicio de seguridad social, ni poseían capacidad económica para adquirir los medicamentos prescritos.

La Comunidad Yakye Axa, comunidad indígena paraguaya perteneciente al pueblo Lengua Enxet Sur, denunció al Paraguay ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la omisión estatal de reconocerle la propiedad sobre su territorio ancestral. Ante la imposibilidad de ser resuelto en el ámbito de la Comisión, ésta remitió la denuncia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La Defensora Oficial de Menores de la Provincia de Neuquén denunció ante la CIDH la violación del derecho de todo niño a las medidas de protección que su condición de menor requiere, de los derechos a la salud, al medio ambiente sano, a la propiedad de la tierra, y a la provisión de recursos judiciales efectivos. La Defensora Oficial había interpuesto una acción de amparo a fin de garantizar la salud de los niños y jóvenes de la comunidad indígena mapuche Paynemil afectados por el consumo de agua contaminada con plomo y mercurio.

En su 39º período de sesiones, celebrado entre el 16 de mayo y el 3 de junio de 2005, el Comité de Derechos del Niño –órgano de supervisión de la Convención Internacional sobre Derechos del Niño (CIDN)- se pronunció sobre la eventual incompatibilidad entre la CIDN y las normas del tratado de libre comercio que Ecuador, junto a Colombia y Perú se encuentran negociando con los Estados Unidos.

Una persona con VIH/SIDA presentó una acción de amparo contra el Ministerio de Salud de Perú, en la que solicitó que se le otorgara atención médica integral que debía consistir en la provisión constante de medicamentos y en la realización de exámenes periódicos, y de pruebas de CD4 y carga viral. Afirmó que no contaba con los recursos económicos necesarios para afrontar el alto costo del tratamiento de esta enfermedad.

Los demandantes interpusieron acción de tutela contra varias instituciones estatales por no cumplir con su misión de proteger a la población desplazada y por no dar respuesta efectiva a sus solicitudes en materia de vivienda, acceso a proyectos productivos, atención de salud, educación y ayuda humanitaria.